Agustín Avila Aguilar
Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustín Avila Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.******************** ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General.****************************************Ahora bien, por lo que ve al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General en cita, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada.****************************************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable.****************************************Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-724/2022-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 15308 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Asimismo, se da cuenta con las constancias que integran el presente asunto. El juez provee: Con el pedimento formulado por la representante social adscrita, se ordena proveer lo conducente en la etapa que corresponda dentro de la presente audiencia. Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por anunciadas, admitidas y desahogadas las pruebas referidas con antelación, dada su propia y especial naturaleza. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. El juez provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Agustín Ávila Aguilar, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º párrafo cuarto, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de siete de julio de dos mil veintidós, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo -previo cumplimiento a una aclaración- admitió la demanda de que se trata; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, promovido por Agustín Ávila Aguilar, por su propio derecho, se advierte que el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, consiste en: La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa 569/2020, por medio de la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de diez de junio del año en curso, por el que atento a su petición, se reprogramó la audiencia intermedia, pero no por el término de treinta días que solicitó el quejoso, esto porque no lo justificó que debía estar aislado por dicho lapso, debido al covid que padeció. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la constancia que aportó el quejoso a su escrito inicial de demanda, así como con el disco compacto que aportó; probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo, cuando por el cambio de situación jurídica se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la tesis 2a. CXI/96, ubicada en el Tomo IV, página 219, de Diciembre de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199808, lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Esto es, para que opere el cambio de situación jurídica, deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica, y ese cambio afecte al acto reclamado; Que si se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, ésta afecte la nueva situación jurídica; y, Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el juicio de origen, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora de las constancias de donde deriva el acto reclamado, así como del contenido de la demanda e informe justificado, se advierte en lo conducente que: El diez de junio de la anualidad que transcurre, a petición del quejoso, se difirió la audiencia programada para el catorce de ese mes, toda vez que presentó un justificante médico en el que se indicaba que presentaba Covid, y si bien pedía se difiriera por treinta días, ya que era el tiempo que debía estar aislado, esa circunstancia no la justificó, por ello, se reprogramó la audiencia intermedia para el siete de julio del año en curso [lo que se advierte del contenido del informe justificado rendido por la responsable, foja 50]. Finalmente, la audiencia se llevó a cabo el doce de julio de dos mil veintidós, en la que se dio se aperturó la audiencia intermedia [13:07:57 del disco de audio y video], se admitieron pruebas [13:10:05 del disco de audio y video] y concluyendo la etapa intermedia oral [13:19:31 del disco de audio y video] quedando pendiente de la remisión del auto de apertura. De lo anterior deriva que se actualiza la causal de improcedencia a estudio. Esto, porque respecto al requisito identificado en el inciso a), debe decirse que el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial, en concreto de la causa penal 569/2020. Por lo que toca a la hipótesis citada en el inciso b) también se encuentra satisfecha, en tanto que con posterioridad a la emisión del acto reclamado de dieciséis de junio de dos mil veintidós, -por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diez de junio del año en curso, por el que se difirió la audiencia intermedia oral, mas no por el término solicitado por el quejoso-; el doce de julio de la citada anualidad, se emitió el auto de apertura, concluyendo la etapa intermedia oral. Asimismo, también actualiza el extremo citado en el inciso c) en razón que de no se puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diez de junio del año en curso, por el que se difirió la audiencia intermedia oral, mas no por el término solicitado por el quejoso, dado que si se hace, trastocaría y afectaría la resolución de doce de julio del año en curso en la cual se llevó a cabo la audiencia intermedia, lo cual traería como consecuencia una afectación a la nueva situación jurídica que origina el pronunciamiento de dicha audiencia. Finalmente, debe decirse que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el juicio, porque un aspecto sería revisar la fecha señalada para la audiencia intermedia, y otro diverso su celebración, por lo que se surte el requisito citado en el inciso d). En consecuencia, al existir un cambio de situación jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Agustín Ávila Aguilar, por su propio derecho, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia. Ahora bien, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución que se llegue a emitir, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Por otro lado, del estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de dieciséis de los actuales se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta ciudad. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.ORF
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental consistente en el índice cronológico, así como un disco compacto que remite en apoyo a su informe justificado la autoridad responsable. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el disco compacto que remite la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.ORF
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