Agustín Aurelio Rangel Hernández

Expediente 1073/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1073/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Agustín Aurelio Rangel Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de siete de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector. En tales condiciones, al haber transcurrido dicho término este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Agustín Aurelio Rangel Hernández, contra el acto que reclamó al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para el siguiente efecto: ".Celebre la audiencia de pruebas y alegatos en el recurso de revisión de actos de ejecución, interpuesto por el demandado Servicios de Salud de Oaxaca, contra el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 693/2015 (4) bis; y emita la resolución respectiva dentro del plazo de tres días. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Mediante oficio 1113, de seis del actual, el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, de las constancias que anexó la responsable se advierte, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, y el cinco de enero de dos mil veintidós, resolvió el recurso de revisión interpuesto por el demandado Servicios de Salud de Oaxaca, mismo que declaró improcedente. Por tanto, se considera que la responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de enero de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio del Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el citado oficio y anexo, para que dentro del términos de tres días siguientes al en que queden notificados del presente acuerdo, exprese lo que a sus intereses convenga, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo legal establecido, se procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Agustín Aurelio Rangel Hernández, , sin que se haya presentado promoción al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca (expediente 693/2015 (4) bis), para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4, 481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento, en términos del numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1073/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. AGUSTÍN AURELIO RANGEL HERNÁNDEZ, por conducto de su apoderado legal Jorge Luis Martínez Florián, mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTOS RECLAMADOS. Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. La suspensión de facto de la tramitación del juicio 693/2015 (4) bis, mismo que se encuentra en la etapa de ejecución de laudo, y en específico la omisión de acordar las diversas promociones presentadas por las partes. Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. La suspensión de facto del procedimiento de la ejecución del laudo dictado en el juicio ordinario laboral 693/2015 (4) bis." Que estima violatorios del derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, admitió la demanda, con el juicio de amparo 1073/2021, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado a Servicios de Salud de Oaxaca, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, analizada la demanda en su integridad, se advierte que Agustín Aurelio Rangel Hernández, reclama los siguientes actos: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. La suspensión del procedimiento de ejecución del laudo, en el juicio ordinario laboral 693/2015 (4) bis. De la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado: La omisión de acordar la promoción presentada el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 693/2015 (4) bis. La omisión de resolver los recursos interpuestos por la demandada contra el embargo trabado en su contra; lo que conlleva a retrasar el cumplimiento del laudo dictado en el juicio 693/2015 (4) bis. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye, refiere que el expediente 693/2015 (4) bis, corresponde a diversa Junta laboral. Sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, ni de autos se desprenda lo contrario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, convino en la existencia de los actos reclamados. Lo que demuestra con copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente laboral 693/2015 (4) bis, de su índice, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. QUINTO. Causa de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, respecto del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en: La omisión de acordar la promoción presentada el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 693/2015 (4) bis. El suscrito juzgador considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. De las constancias deducidas del juicio laboral 693/2015 (4) Bis, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se demuestra que en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, proveyó respecto a la solicitud del quejoso, de siete de septiembre del año en curso: Dándole vista con el cheque exhibido por el apoderado legal de "HSBC México" Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a su favor. Impuso multa a la demandada Servicios de Salud de Oaxaca, derivado de su incumplimiento a la reinstalación del quejoso, en diligencia de siete de julio de dos mil veintiuno; giró oficio a la Secretaría de Finanzas a fin de hacer efectivo tal medio de apremio. Señaló las diez horas del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación material y jurídica del quejoso, en el trabajo que desempeñaba antes del despido injustificado materia del juicio laboral 693/2015 (4) Bis. De lo anterior se deduce que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (uno de octubre de dos mil veintiuno), el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el juicio laboral 693/2015 (4) Bis de su índice, dio contestación de manera completa y congruente a lo solicitado por Agustín Aurelio Rangel Hernández, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que, conduce a establecer, cesaron los efectos del referido acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SEXTO. Análisis de fondo del asunto. Respecto del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en: La omisión de resolver los recursos interpuestos por la demandada contra el embargo trabado en su contra; lo que conlleva a retrasar el cumplimiento del laudo dictado en el juicio 693/2015 (4) bis. La parte quejosa alega sustancialmente que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el artículo 17 constitucional, pues desde que se emitió laudo en el expediente laboral 693/2015 (4) bis, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, éste no se ha cumplido. Agrega, que la demandada ha promovido recursos contra el embargado trabado en su contra, y a la fecha el Presidente de la Junta laboral no ha dictado resolución en ellos, lo que retrasa el cumplimiento del laudo, en contravención a lo dispuesto en los artículos 686, 771 y 940 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto en análisis pertenece a la especie del derecho humano de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Atributos relativos al derecho de administración de justicia que han sido explicados en la tesis 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 299, Tomo XV, mayo 2002, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De estas particularidades, la que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, la cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos a la ejecución de la resolución que se emita en el juicio de nulidad. También, se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la Constitución Federal, a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 5, Tomo XIV, septiembre 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Precisado lo anterior, los artículos 940, 945, 946 y 949, de la Ley Federal del Trabajo, aplicables en el procedimiento de origen, disponen: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. ." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo." De la interpretación armónica y sistemática de preceptos transcritos, se advierte que corresponde al Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, conocer de las actuaciones relacionadas con la ejecución de los laudos, al ser quien debe dictar las medidas necesarias para que aquélla sea pronta y expedita; que, en su caso, los gastos que se originen con su ejecución serán a cargo de la parte que no cumpla; que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos su notificación; y que debe despacharse para el pago específico de la cantidad líquida a que se haya condenado expresamente en el laudo, cuidando que ello se otorgue personalmente. Los anteriores constituyen mecanismos legales que, de forma oficiosa o a petición de parte, debe realizar la Junta laboral para vigilar y asegurar que se cumpla con los laudos que al efecto emita; y así, que dichos fallos no se tornen ilusorios al solo quedar plasmados en documentos, así como el derecho generado en favor del gobernado; si no que éste se vea reflejado sustancialmente en su esfera jurídica, pues solo así lograra cumplirme con el fin pretendido que es el de obtener una justicia verdadera. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.)8, de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." Definió al derecho de ejecución plena de las sentencias como parte de la última etapa de la tutela jurisdiccional efectiva, aquella identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél; señalando a éste como relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior requiere que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. En el caso, concreto, se advierte de las constancias deducidas del expediente laboral de origen, que a solicitud del quejoso, parte actora en dicho juicio, el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ha emitido diversos acuerdos relativos a dar cumplimiento al laudo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (como se precisó en el considerando que antecede), relativos a la reinstalación del quejoso a su fuente de trabajo previo a su despido, y al pago del monto de la condena. No obstante, a la fecha, como lo afirma el quejoso, se encuentra en trámite el recurso de revisión de actos de ejecución, interpuesto por el demandado Servicios de Salud de Oaxaca, contra el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, que ordenó requerirlo de pago de la condena; medio de impugnación al que se le dio trámite el veintisiete de septiembre del año en curso, y se señalaron las trece horas del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. De lo que deriva, el Presidente de la Junta Laboral Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, no ha actuado conforme a los plazos previstos en el procedimiento laboral, y con ello provocó un retraso en el cumplimiento del laudo, es evidente que vulneró en perjuicio de la parte quejosa sus derechos humanos previstos en el artículo 17 constitucional. Por lo tanto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por Agustín Aurelio Rangel Hernández, contra el acto que reclamó al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para el efecto siguiente: Celebre la audiencia de pruebas y alegatos en el recurso de revisión de actos de ejecución, interpuesto por el demandado Servicios de Salud de Oaxaca, contra el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 693/2015 (4) bis; y emita la resolución respectiva dentro del plazo de tres días. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 76, 77, 78, 155, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 1073/2021, promovido por AGUSTÍN AURELIO RANGEL HERNÁNDEZ, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a AGUSTÍN AURELIO RANGEL HERNÁNDEZ, contra el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistentes en la omisión de resolver los recursos interpuestos por la demandada contra el embargo trabado en su contra, en el juicio 693/2015 (4) bis; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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