Agustín Arreola Martínez

Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
969/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Agustín Arreola Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de enero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe presentado por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas las documentales que anexa la autoridad oficiante, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable de esta ciudad, señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 90/2021. De las Juntas responsables foráneas, el haber omitido emplazar a la parte demandada en dicho juicio. Acerca del acto a), se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó el acto reclamado, pues así se advierte de su informe justificado; no obstante, de las constancias que anexó, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las once horas con treinta minutos del tres de octubre de ese año; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de julio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Después, respecto al acto b), se provee: Si bien, el acto que en este apartado analiza, se atribuye a las Juntas Especiales número Diecisiete y Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara, Jalisco, y a la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con Sede en Torreón, Coahuila. Ya que, por conducto de estas, vía exhorto de la Junta responsable de esta ciudad, se solicitó el emplazamiento de la parte demandada Logísticas y Minas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, con independencia de lo anterior, en relación con el informe de cuenta, se denota que el siete de octubre de dos mil veintidós, el actuario adscrito a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, emplazó a la parte demandada del juicio laboral de origen. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica, dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y la falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen, situaciones que ya acontecieron, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de las responsables volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En las relatadas consideraciones, y en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en análisis. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa -once horas con treinta y nueve minutos del diecinueve de enero del año en curso-. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.********************Visto el estado de los autos, se advierte que el presente expediente no se encuentra integrado, para el desahogo de la audiencia constitucional, señalada para esta fecha.********************En consecuencia; con fundamento en el artículo ********************párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído remita a este juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el envío de los exhortos, dirigidos a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalajara, Jalisco y a la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón, Coahuila, a fin de emplazar a la demandada ********************; lo anterior, en relación con el juicio de origen ********************. ********************Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización.********************Diferimiento audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior; se difiere la aludida audiencia y se fijan las once horas con treinta y nueve minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, para su celebración. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.********************

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que se advierte que transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que una de las autoridades responsables, rinda su informe justificado. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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