AGUSTÍN ANDRADE MALFAVÓN y Otros.

Expediente 434/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
434/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • AGUSTÍN ANDRADE MALFAVÓN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de amparo, promovida por Agustín Andrade Malfavón y Elsa Camarero González, por su propio derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 9870, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al que acompaña el cuaderno de incompetencia V-725/2018-1, formado con la demanda de amparo promovida por Agustín Andrade Malfavon y Elsa Camarero González, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de agosto pasado, dicho órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de garantías en cuestión, al considerar que el acto reclamado, tendrá ejecución material en Tocumbo, Michoacán, cuya jurisdicción pertenece a este Juzgado de Distrito. De conformidad con el primer párrafo del artículo 37 y segundo párrafo del artículo 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. Téngase a Agustín Andrade Malfavon y Elsa Camarero González por propio derecho, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, y otras autoridades, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 434/2018-II. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Resulta aplicable la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en comento, establece como causa de improcedencia, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17, del propio ordenamiento legal, que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pag. 1931 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Entonces, la parte que se sienta agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de garantías, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que se haya ostentado sabedor del acto o resolución que reclame. Ahora, los quejosos señalan como actos reclamados: "a).- De la autoridad ordenadora.- Del C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO en el Estado de Michoacán, se promueve este amparo contra el acuerdo de fecha 4 de julio de 2018, notificado por lista del día 5 siguiente del mismo mes y año, dictado en el expediente 39/2010, formado con motivo del juicio ESPECIAL MERCANTIL, promovido por FIANZAS MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA, por conducto de su representante legal LIC. GUSTAVO ZAVALA ZAVALA, en el cual la autoridad responsable ya ordenó poner en posesión material del inmueble al adjudicatario BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de fideicomisario en primer lugar y pago. Tal resolución definitivamente ordena poner en posesión material del inmueble al adjudicatario atendiendo a que ya se otorgó la escritura de adjudicación. (. . . ) El acto reclamado ordena la desocupación del inmueble ubicado en la finca marcada con el número 82, de la calle Rafael Picazzo, de la Población de Tocumbo, Michoacán, tomando en consideración que dicho inmueble se localiza fuera del lugar de residencia del JUEZ OCTAVO DE DISTRITO en el Estado de Michoacán, se giró DESPACHO 1477/2018, (299/2018-II-D-C), al JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, en turno con residencia en Los Reyes, Michoacán, a fin de que comisione a quien corresponda para que se constituya en el mencionado inmueble y proceda a su desocupación y entrega a las personas Rosa Elena Rentería Cervantes y/o Alejandro Lara Gutiérrez, o bien, al depositario que designe BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Asimismo, se faculto al Juez despachádo para que de estimarlo necesario aplique en su orden, las medidas de apremio que señala el artículo 1067 bis del Código de Comercio vigente, y acuerde las promociones. relativas tendentes a lograr la práctica de la diligencia encomendada. b).- De la autoridad ejecutora.- Del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, en turno, con sede en la ciudad de Los Reyes, Michoacán, reclamamos el inminente cumplimiento a la orden dictada por el JUEZ OCTAVO DE DISTRITO en el Estado de Michoacán, mediante despacho 1477/2018 (299/2018-II-D-C), consistente en la desocupación del inmueble ubicado en la finca marcada con el número 82, de la calle Rafael Picazzo, de la Población de Tocumbo, Michoacán, a fin de que comisione a quien corresponda para que se constituya en el mencionado inmueble y proceda a su desocupación y entrega a las personas Rosa Elena Rentería Cervantes y/o Alejandro Lara Gutiérrez, o bien, al depositario que designe BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Desconocemos la fecha señalada para dicho desalojo. c).- De la autoridad ejecutora.- Del C. ACTUARIO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, en turno, con sede en la ciudad de Los Reyes, Michoacán, comisionado para realizar la inminente desocupación del inmueble ubicado en la finca marcada con el número 82, de la calle Rafael Picazzo, de la Población de Tocumbo, Michoacán, a fin de que proceda a su desocupación y entrega a la personas Rosa Elena Rentería Cervantes y/o Alejandro Lara Gutiérrez, o bien, al depositario que designe BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Desconocemos la fecha señalada para dicho desalojo." Para mejor apreciación de lo anterior, conviene precisar que en el apartado relativo a los actos reclamados, inciso a) los promoventes señalaron lo siguiente: ". a).- De la autoridad ordenadora.- Del C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO en el Estado de Michoacán, se promueve este amparo contra el acuerdo de fecha 4 de julio de 2018, notificado por lista del día 5 siguiente del mismo mes y año." Asimismo, en el capítulo de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresaron, específicamente del punto número 6, se desprende lo siguiente: ".6.- En el juicio de origen se dictó el acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha 4 de julio de 2018, publicado en listas del día 5 siguiente del mismo mes y año; el cual ordenó la desocupación y entrega del inmueble objeto del juicio." Lo que pone de manifiesto, que los promoventes quienes son parte demandada en el juicio de origen, tuvieron conocimiento del acto reclamado y los datos relacionados con el mismo, desde el nueve de julio del año en curso (el siete y ocho corresponden a sábado y domingo), al haber surtido efectos dicha notificación, el seis de ese mes y año, de conformidad con el artículo 1075, párrafo segundo del Código de Comercio, de lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán (treinta de agosto de dos mil dieciocho), como se desprende de la boleta de turno de la demanda presentada por línea ante dicha oficina de correspondencia, ya habían transcurrido los quince días en los que pudieron hacer valer el derecho que ahora pretenden ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto que ahora combaten, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse presentado la demanda que origina el presente asunto, hasta el treinta de agosto que transcurre, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, de Morelia, Michoacán, es inconcuso que ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en que los peticionarios de garantías pudieron hacer valer el derecho que aquí reclaman, como lo ilustra el siguiente recuadro. Quejosos Fecha en que surtió efectos la notificación del acto reclamado Inicio computo Conclusión termino Días inhábiles Agustín Andrade Malfavon y Elsa Camareno González, por propio derecho 06-07-2018 09-07-2018 27-07-2018 14, 15, 21 y 22 de julio de 2018. Motivo por el cual, deviene improcedente el juicio de amparo por la causal que se analiza, al haber transcurrido el término que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo, para combatir los actos reclamados señalados, máxime que los mismos no se encuentran en ninguna de las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Apoyan lo anterior, las tesis siguientes: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 216152 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, Junio de 1993 Pag. 235 Tesis Aislada (Común) ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Tesis: P./J. 115/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163172 1 de 1 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pag. 5 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Sin que obste a lo anterior, la fecha asentada al final de la propia demanda, esto es, ". 24 de julio de 2018.", en razón de que, tal escrito inicial fue presentado en línea hasta el treinta de agosto del año en curso, a las dieciséis horas con veinticinco minutos, fecha en que fue recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, como se desprende de la respectiva boleta de turno, cuyo titular la remitió el treinta y uno siguiente al Juzgado Segundo de Distrito, con sede en esa ciudad capital. Por tanto, en las condiciones establecidas con antelación, al quedar evidenciada la existencia de la causa de improcedencia mencionada, procede desechar la demanda de amparo promovida por Agustín Andrade Malfavon y Elsa Camareno González, por propio derecho, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV y 17, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Por otro lado, toda vez que del escrito de demanda se advierte que los promoventes designan entre ellos como representante común a Agustin Andrade Malfavon, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con ese carácter a dicho quejoso. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Francisco Javier Mújica, número 2, colonia Emiliano Zapata, de esta ciudad, asimismo, como autorizado de conformidad con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Fausto Antonio Salgado Estrada, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el número de registro 53631. No así, a María de la Luz García Malfavon, a quien se autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del invocado precepto legal, toda vez que así lo solicitan expresamente los promoventes. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Sustenta lo anterior, la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002576 1 de 1 Segunda Sala Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Pag. 1253 Jurisprudencia(Común) NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

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