Agustin Alfita Gutierrez
Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agustin Alfita Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Coatzacoalcos, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; asimismo, conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la Junta responsable la copia certificada relativa al acuerdo emitido el uno de agosto del año en curso, en el expediente laboral 1855/2017, misma que atendiendo a su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de epígrafe y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio, las invoquen o no las partes. Cobra apoyo la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del precepto antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente. La improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En relación con lo anterior, en el presente caso, resulta que los efectos del acto reclamado a través del presente juicio constitucional, han cesado, pues la parte quejosa señaló, esencialmente, como acto reclamado: ? La omisión de celebrar las audiencias para el desahogo de la pericial médica y pericial técnica en materia de trabajo, que habían sido señaladas para tener lugar el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 1855/2021. No obstante lo anterior, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable [previamente valoradas], se advierte que mediante proveído de uno de agosto del año en curso, la autoridad responsable señaló las doce horas y las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del presente año, para la celebración de las audiencias pericial médica y pericial técnica en materia de trabajo, ofrecidas por la parte actora en los apartados III y IV de sus pruebas. Así las cosas, es inconcuso que el acto que reclamó el impetrante del amparo cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyéndolo en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que la autoridad responsable, se pronunció respecto de las pruebas pericial médica y pericial técnica en materia de trabajo, ofrecidas por la parte actora dentro del juicio laboral 1855/2017; por tanto, con esa disponibilidad se considera que se restituyó a la parte quejosa su derecho fundamental, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo antes considerado, por igualdad jurídica sustancial, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente, al haber sobrevenido la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos de la previsto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo en que se actúa, aun cuando ello sea fuera de la audiencia constitucional, toda vez que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de su celebración, en virtud de que ninguna prueba podría desvirtuar la causa de improcedencia que se ha actualizado en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las condiciones anotadas, SE DEJA SIN EFECTO el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Comuníquese lo anterior, a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que este Juzgado Federal no haya otorgado la vista a la que hace mención el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, debido a que, el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida, por lo que, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaria, pues se retrasaría en su perjuicio la solución del presente asunto; además, puede en todo caso, en su momento procesal oportuno, presentar nueva demanda de amparo contra la dilación de la Junta responsable en el desahogo de los medios de convicción ofrecidos en el controvertido obrero de que se trata, en caso, de que ello acontezca; lo anterior, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Cobra aplicación al caso que nos ocupa, la tesis número 1º. J/11. consultable en el Tomo II, Marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011251, que literalmente establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce si el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de forma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrasaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita, toda vez que él no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno." Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Juan José Contreras Madero, Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Maximino Munguía Rodríguez, Secretario quien autoriza y da fe, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CONFORME AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CINCO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO... Coatzacoalcos, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; asimismo, conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la Junta responsable la copia certificada relativa al acuerdo emitido el uno de agosto del año en curso, en el expediente laboral 1855/2017, misma que atendiendo a su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de epígrafe y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio, las invoquen o no las partes. Cobra apoyo la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del precepto antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente. La improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En relación con lo anterior, en el presente caso, resulta que los efectos del acto reclamado a través del presente juicio constitucional, han cesado, pues la parte quejosa señaló, esencialmente, como acto reclamado: ? La omisión de celebrar las audiencias para el desahogo de la pericial médica y pericial técnica en materia de trabajo, que habían sido señaladas para tener lugar el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 1855/2021. No obstante lo anterior, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable [previamente valoradas], se advierte que mediante proveído de uno de agosto del año en curso, la autoridad responsable señaló las doce horas y las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del presente año, para la celebración de las audiencias pericial médica y pericial técnica en materia de trabajo, ofrecidas por la parte actora en los apartados III y IV de sus pruebas. Así las cosas, es inconcuso que el acto que reclamó el impetrante del amparo cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyéndolo en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que la autoridad responsable, se pronunció respecto de las pruebas pericial médica y pericial técnica en materia de trabajo, ofrecidas por la parte actora dentro del juicio laboral 1855/2017; por tanto, con esa disponibilidad se considera que se restituyó a la parte quejosa su derecho fundamental, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo antes considerado, por igualdad jurídica sustancial, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente, al haber sobrevenido la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos de la previsto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo en que se actúa, aun cuando ello sea fuera de la audiencia constitucional, toda vez que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de su celebración, en virtud de que ninguna prueba podría desvirtuar la causa de improcedencia que se ha actualizado en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las condiciones anotadas, SE DEJA SIN EFECTO el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Comuníquese lo anterior, a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que este Juzgado Federal no haya otorgado la vista a la que hace mención el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, debido a que, el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida, por lo que, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaria, pues se retrasaría en su perjuicio la solución del presente asunto; además, puede en todo caso, en su momento procesal oportuno, presentar nueva demanda de amparo contra la dilación de la Junta responsable en el desahogo de los medios de convicción ofrecidos en el controvertido obrero de que se trata, en caso, de que ello acontezca; lo anterior, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Cobra aplicación al caso que nos ocupa, la tesis número 1º. J/11. consultable en el Tomo II, Marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011251, que literalmente establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce si el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de forma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrasaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita, toda vez que él no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno." Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Juan José Contreras Madero, Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Maximino Munguía Rodríguez, Secretario quien autoriza y da fe, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
...Se encuentra transcurriendo el término de quince días a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a efecto de que rinda su informe justificado; tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos...En consecuencia, se DIFIERE la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS...
- Principal
...Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado, en atención a su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones que en vía de alegatos formula, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional...De igual manera, y como lo solicita el Fiscal Federal adscrito de referencia, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como a la Actuaria de la adscripción que corresponda, para que realicen las habilitaciones correspondientes, al registro de acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, con clave de usuario...a fin de consultar el presente controvertido; la anterior autorización queda condicionada a que la firma electrónica de dicho usuario en todo momento se mantenga vigente...Finalmente, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, expídase copia certificada de dicha resolución...
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