Agustín Alejandro Meza Piedras

Expediente 886/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
886/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2016

Partes del expediente

  • Agustín Alejandro Meza Piedras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se le solicitó remitiera copia certificada de la constancia con la que se acreditará la notificación del proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis emitido en expediente C.D.T 236/2015-9 del índice de la citada junta, practicada al aquí quejoso. Expuesto lo anterior, y, visto el estado procesal de las presentes actuaciones, en específico de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama de los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el no haber dictado el acuerdo en el que se señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente C.D.T 236/2015-9 del índice de la junta responsable. Ahora, del informe justificado rendido por la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mismo que se tuvo por recibido en proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, se advierte que refirió que el acto reclamado si fue cierto; sin embargo, precisó que el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis se emitió el acuerdo correspondiente, el cual se notificó al quejoso el seis de los actuales, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio. Lo anterior, dado que el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 39) se señalaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral C.D.T 236/2015-9 del índice de la junta señalada como responsable, resolución que se notificó al quejoso -a través de su autorizado- el seis de septiembre siguiente (foja 56 vuelta), circunstancia que se acredita con las copias certificadas que adjuntó tanto al informe justificado como al oficio con el que da cumplimiento al requerimiento formulado a la autoridad responsable. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de emitir el acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente C.D.T 236/2015-9, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Ahora, del análisis de la documental aportada por la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se emitió el acuerdo correspondiente en el que se señalaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral C.D.T 236/2015-9 del índice de la junta señalada como responsable, resolución que se notificó al quejoso -a través de su autorizado-, el seis de septiembre siguiente (foja 56 vuelta), corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas del acuerdo de mérito, así como de la notificación correspondiente. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse el acuerdo en el que se señaló día y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral C.D.T 236/2015-9 del índice de la junta señalada como responsable, tal como se advierte de la documental señalada y notificar dicha resolución al quejoso, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente al quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente C.D.T 236/2015-9, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente C.D.T 236/2015-9 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada del acuerdo emitido el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis en el expediente laboral C.D.T 236/2015-9, en el que se señaló día y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral C.D.T 236/2015-9 del índice de la junta señalada como responsable, tal como se advierte de la siguiente reproducción: De la reproducción que antecede se advierte que, entre otras cosas, se señalaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 39). Dicha resolución fue notificada al quejoso, a través de Keivin Hernández Serrano (autorizado en el presente juicio de amparo), el tres de septiembre de dos mil dieciséis -foja 56 vuelta-, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele al quejoso se subsanó al emitir el acuerdo correspondiente en el que se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el expediente laboral C.D.T 236/2015-9 del índice de la junta responsable, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Lo anterior, sin que se contravenga lo establecido en los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" y "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", en tanto los criterios ahí sostenidos fueron abandonados en la diversa tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que pase inadvertido que al quejoso, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la omisión de emitir el acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente C.D.T 236/2015-9, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia la dilación procesal y el retraso del procedimiento laboral, y el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis se haya emitido el acuerdo correspondiente en el que se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. No obstante tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que al quejoso, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destacó que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo al quejoso alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por parte del quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria aplicable a dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8° constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17 Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la inactividad procesal, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución dictada dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito señaló que los actos que reclama al quejoso no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo y, por tanto, se actualizaría la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... Ahora, para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Nuestro más el Alto Tribunal, sostuvo que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Con base en tales premisas, es dable concluir que el quejoso se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En efecto, el objeto de la promoción del amparo es la falta de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, traducido en la falta de prosecución del trámite, el cual se rige por una normativa que regula el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, siendo estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ello en atención a que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad, de ahí que de ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dolería exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8o. constitucional ante la falta de respuesta a su escrito de petición. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de dichos procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, en el caso, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta y por ende, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... En consecuencia, si la pretensión del quejoso consistiera en ampliar su demanda de amparo y reclamar el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el que se señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el expediente laboral de origen, en ese caso, probablemente se actualizaría la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de dicha resolución.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en proveído de nueve de los actuales (foja 48), a efecto de que, remita a este órgano jurisdiccional copia debidamente certificada de la constancia con la que se acredite la notificación del proveído de veintinueve de agosto de la presente anualidad, practicada al aquí quejoso, lo que resulta indispensable para la debida integración del presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día, SE DIFIERE para las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; a través del cual manifiesta dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de agosto del año en curso y al efecto, remite copia debidamente certificada de la razón actuarial de seis de los actuales, de cuyo contenido se desprende que la actuaria adscrita a dicha junta hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada ordenado el veintinueve de agosto del presente año en el expediente laboral C.D.T. 236/2015-9 de su índice. Ahora, de lo anterior se obtiene que la autoridad responsable no da cumplimiento al requerimiento formulado en el presente juicio de amparo el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (foja 40), toda vez que en el mismo se requirió para que remitiera la constancia de notificación del acuerdo dictado el veintinueve de agosto del año en curso, practica al quejoso Agustín Alejandro Meza Piedras, no así el emplazamiento de la parte demanda en el juicio laboral de origen. Por tanto se requiere a la autoridad oficiante, a fin de que en el plazo de tres días remita a este órgano jurisdiccional copia debidamente certificada de la constancia con la que se acredite la notificación del citado proveído de veintinueve de los actuales practicada al aquí quejoso. Apercibida que para el caso de no hacerlo así, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo .

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