Agustín Alcantar Castro
Expediente 163/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Agustín Alcantar Castro
- Dirección de Seguridad Pública Municipal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de mayo del año en curso (foja 97), en el que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio enviado por Jesús Horacio Ortiz Cobarruvias, Supervisor de Área Preventiva de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, al haber transcurrido el plazo concedido sin que realizara manifestación alguna al respecto, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 62 a 73), se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ----------, respecto de la orden de arresto emitida por el Supervisor de Área de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, a las quince horas del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por lo que, la concesión fue para el efecto de que: ? Dejara insubsistente tal orden y en caso de determinar volver a emitir tal acto, debería hacerlo en acatamiento a los lineamientos del fallo protector. Misma que causó ejecutoria mediante proveído de dieciséis de mayo del año en curso y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la misma. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la autoridad responsable remitió el oficio de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual informó que dejó insubsistente la orden de arresto que le había impuesto al aquí quejoso _________, asimismo, que mediante diverso oficio informó lo anterior al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora; documental que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. De las referidas constancias se advierte que efectivamente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, al haber adoptado las medidas legales para dejar insubsistente la orden de arresto que se había impuesto al aquí quejoso; con lo que se dio cumplimiento además, a lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el ordinal 196 de la Ley de Amparo; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del seis de junio de dos mil veintitrés, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo enviados por Jesús Horacio Ortiz Covarrubias, Supervisor de Área Preventiva de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 82 a 84), informa que dejó insubsistente la orden de arresto que le había impuesto al aquí quejoso Agustín Alcantar Castro, asimismo, que mediante oficio informó lo anterior al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el comunicado y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por las autoridades. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 62 a 73); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha sentencia que por una parte, sobreseyó en el presente juicio, respecto a la autoridad Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora y por otra, ampara y protege a ***** respecto a la autoridad Supervisor de Área de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que los acuses de recibo de las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora y Supervisor de Área de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, no obren en el presente juicio de amparo, ya que carecen de legitimación para, en un momento dado, interponer el recurso de revisión, en contra de la sentencia de mérito. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 22/2003, visible en la página 23, Tomo XVIII, Julio de 2003, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.." Así también, la tesis de jurisprudencia XX.J/74, visible en la página 84, Tomo 83, Noviembre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." Cabe precisar que la concesión del amparo fue respecto de la orden de arresto emitida por el Supervisor de Área de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, ****, a las quince horas del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, para el efecto de que deje insubsistente tal orden, y en caso de determinar volver a emitir tal acto, debería hacerlo en acatamiento a los lineamientos del fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía mensajería acelerada "Estafeta" al Supervisor de Área de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, ****, para que dentro del plazo de tres días siguientes en el que reciban el oficio en el que se le solicita, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) dando un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la mencionada ley, en caso de incumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, haciéndole saber que el incumplimiento al fallo actualiza el delito previsto en el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo.
- Principal
sE RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo... SEGUNDO.- La justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso...
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