Agustin Albarran Avila
Expediente 249/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustin Albarran Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución dictada por este juzgado, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 249/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE.... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
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Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el oficio que remite el Encargado de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán a través del cual rinde su informe justificado, reservando proveer sobre su contenido, hasta en tanto cumpla con lo ordenado en el presente auto. Como del estado de los autos se aprecia que la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, manifiesta que la carpeta de investigación número - sigue en trámite y la última actuación realizada por parte del Ministerio Público de la Fiscalía es del pasado diez de junio; empero, como los actos reclamados se hacen consistir exagerada dilación en la administración de justicia en la integración de la antes mencionada carpeta de investigación, por ello, para la debida integración del presente asunto, resulta necesario que tal autoridad remita la totalidad de las constancias que integran la carpeta -, por tanto, requiérase nuevamente al Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las documentales aludidas; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no obra constancia que evidencie que la autoridad responsable Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, haya recibido el oficio 6984, en el cual se le requirió su informe justificado; en consecuencia la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DOCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
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