Agustin Aguilar Rodriguez
Expediente 441/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Agustin Aguilar Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, once de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y con el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de doce de marzo de dos mil veinte, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y la fracción IV, apartado "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo en cita. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente juicio de garantías, en virtud de que no se ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero, a saber: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Oscar Horacio Escobedo Nàvar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
(13/AGOSTO/2020).- RAZON ACTUARIAL.- VISTOS.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÒN DEL PROVEÌDO DE 07/08/2020, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÌDO DE REFERENCIA. NOTIFIQUESE
- Principal
En la Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicha contingencia finalizó, en consecuencia, se reanudan dichos plazos y términos en el presente juicio conforme a los lineamientos contenidos en ese Acuerdo General, por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otro lado, téngase por recibido el escrito signado por Agustín Aguilar Rodríguez a través del cual, desahoga el requerimiento de seis de marzo de dos mil veinte, en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención para los efectos legales conducentes. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." (Registro No. 186605; Localización: Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XVI, Julio de 2002; Página: 448; Tesis: 2a. LXXI/2002; Tesis Aislada; Materia(s): Común) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, del análisis de la demanda, así como del anexo adjunto al escrito de desahogo, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el emitida por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través de la cual resolvió el recurso de revocación en contra de la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente CI/SFIN/Q/0653/2017. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado. Los preceptos citados son del tenor siguiente: LEY DE AMPARO: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; De la interpretación de los preceptos transcritos, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo. Luego, en el caso que nos ocupa se advierte que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad previsto en la fracción XX del numeral 61, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en contra de la resolución reclamada de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en relación con los artículos 3 y 16, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y el 29, fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que disponen: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: "Artículo 31. Las Salas Jurisdiccionales son competentes para conocer: I.- De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México; las alcaldías, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; VICTOR AGUIRRE MONTOYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.85.56 10/12/20 16:47:50 (.) LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I.- Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad de México; (.) CAPÍTULO II De la Administración Pública Centralizada (.) Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: (.) II. Secretaría de Administración y Finanzas; (.)" LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (.) Artículo 29.- El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho, por cualquiera de los siguientes supuestos: (.) V. La revocación, por cuestiones supervenientes de oportunidad o interés público, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; o (.)" En el primero de los numerales citados, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de actos de las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que causen agravio a una persona física o moral. De conformidad con los artículos 3 y 16 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, ésta se divide en Centralizada y Paraestatal, siendo que la primera se integra por las Secretarías, dentro de las que se incluye a la de Administración y Finanzas. Finalmente, los últimos numeral y fracción citados, establecen la procedencia, como es el caso que nos ocupa, el medio de impugnación idóneo en contra del acto que por esta vía se pretende reclamar. Por tanto, las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de quien se reclama la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la cual resolvió el recurso de revocación en contra de la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente CI/SFIN/Q/0653/2017, al formar parte del Gobierno de la Ciudad de México, tienen la característica de ser autoridades que pertenecen a la Administración Pública de la Ciudad de México, que con sus actos pueden ocasionar un agravio, ya sea a personas físicas o jurídicas. En la especie, el acto reclamado a las referidas autoridades debe ser combatido a través del juicio de nulidad, en términos del numeral 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia. Lo anterior es así, toda vez que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos de los artículos 61, 72 y 73, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2.a./ J.125/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal cuyo rubor es: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." (Registro: 160630, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, página: 496). En ese orden de ideas, al no haber interpuesto el promovente el juicio de nulidad previamente a la formulación del presente juicio constitucional, y ser factible la suspensión de los efectos de los actos reclamados ante la potestad común sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, se estima que la presente demanda de amparo es improcedente, conforme al artículo 107, fracción a la fracción IV y el 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Además cobra aplicación la Jurisprudencia I.7o.A. J/58, del rubro siguiente: "JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, TODA VEZ QUE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO ÓRGANO EXIGE MENORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009)." (Registro: 163324, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, Diciembre de 2010, Materia(s): Administrativa, página 1700.) La jurisprudencia citada corrobora que, los requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo en relación con la medida cautelar de suspensión. No es óbice para arribar a la anterior conclusión que las jurisprudencias citadas se refieran a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley actual. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Méxicio, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Ahora, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, por lo que a continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna. A saber, en la especie los supuestos de excepción se actualizan cuando: 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, el quejoso no reclamó ley alguna con motivo del primer acto de aplicación. 2. Los que carecen de fundamentación. En el caso no se surte la diversa excepción prevista en la causa de improcedencia que se analiza, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, en razón de que de la simple lectura que se realiza del oficio SCG/OICSAF/0362/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, que contiene la resolución reclamada, y sin prejuzgar sobre su legalidad, se advierte que el mismo contienen diversos artículos y razonamientos en que la responsable apoyó su determinación, por lo que es dable concluir que no se trata de un acto carente de fundamentación, que harían procedente la excepción de que se trata. 3. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto, no se hacen valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino en todo caso violaciones indirectas, aunado a que aún en el caso, ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Apoya lo anterior, las tesis de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL.". Época: Novena Época, Registro: 189268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o. J/9, Página: 1031. Así como la diversa de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD." Época: Novena Época, Registro: 205283, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XX. J/1, Página: 94. Bajo esa circunstancia, aun cuando los argumentos expuestos por la parte quejosa hagan énfasis sobre violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, dado el propio contenido del acto que combate en esta instancia, obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que el quejoso puede ser oído con la amplitud respecto de los derechos fundamentales que persigue. De ahí que este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Época: Séptima Época, Registro: 237480, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 119. 4. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que fue él quien interpuesto el recurso de revocación que fue desechado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. 5. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, pues el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé la procedencia del juicio de nulidad, el cual tiene por objeto que el Tribunal, confirme, revoque o modifique los actos reclamados. 6. De igual forma, los actos reclamados no importan el peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional, ni que conlleve violación a los derechos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. En virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el juicio de nulidad antes de acudir a la instancia constitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la pagina 8 del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, tomo I, Décima Época, de junio de 2018, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." También conviene citar por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, de rubro: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." (No. de Registro: 209892, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página ochenta y siete (87), Tomo ochenta y tres (83), Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por Agustín Aguilar Rodríguez por propio derecho. Lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, se hace del conocimiento que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). En diverso aspecto, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte promovente para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autoriza para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practique de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(11/MARZO/2020).-VISTOS.- EL OFICIO DE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO POR EL CUAL ACUSA RECIBO DEL PRESENTE EXPEDIENTE E INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN. NOTIFÍQUESE.
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