Agustín Acevedo Cornejo
Expediente 636/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 12/09/2019
Partes del expediente
- Agustín Acevedo Cornejo
- Agente del Minsiterio Público Juan Enrique Hernández Ávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy los quejosos no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el amparo y carece de relevancia documental; y depurable el incidente de suspensión pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente devuélvase a las responsables las constancias que remitieron, sin necesidad de requerir acuse respectivo de éstas al tratarse de copia certificada.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de julio del año en curso, sin que se presentara ante este Juzgado a recibir los edictos, a través de los cuales se notificaría a los terceros interesados ***, la radicación del presente juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado. En esas condiciones, se precisa que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." El precepto transcrito estipula la causa de sobreseimiento relativa a la falta de entrega o exhibición por parte del quejoso, de la publicación de los edictos ordenada en el juicio de amparo, a efecto de realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada. Ahora, atendiendo a que el análisis de las causas de improcedencia, así como las de sobreseimiento son de orden público y estudio preferente, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para continuar con el trámite del presente juicio, al existir un obstáculo que impide celebrar la audiencia constitucional y pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado. Es aplicable la tesis XXVII.3o.35 K (10a.), publicada en la página 2846, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, cuya literalidad es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Tal causa tiene su justificación, en virtud de que el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de emplazar a la parte tercera interesada mediante edictos, de conformidad con las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y de no acreditarse la entrega de los mismo para su publicación, deberá sobreseerse el juicio constitucional. Lo anterior, debido a que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio a la parte tercero interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal, que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza la causa de sobreseimiento en estudio. En efecto, porque el artículo 27 invocado, establece la obligación de la autoridad de amparo de dictar las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio donde se pueda realizar el llamamiento a juicio y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado, en esta hipótesis, una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercero, ya sea porque la parte quejosa lo ignora o bien porque no corresponde al que señaló en su demanda, además de que el juzgador dicte las medidas pertinentes para investigarlo y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. No pasa inadvertido para el suscrito, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, localizable en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues en el caso la parte quejosa omitió realizar manifestación alguna sobre su posibilidad de erogar el pago de los edictos. Ahora, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este juzgado de Distrito agotó todos los medios necesarios para lograr la localización y notificación de los terceros interesados Pedro Castañeda Romero y Julio Gameros Gutiérrez, de la radicación del presente juicio, sin que se haya tenido éxito, motivo por el que en auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se ordenó dicha diligencia mediante la publicación de edictos, otorgándose a la parte quejosa un plazo de veinte días para que se presentara a recoger los ejemplares y dentro del mismo exhibiera las publicaciones respectivas. Así, de la certificación de cuenta se obtiene que el peticionario del amparo, a través de alguno de sus autorizados, omitió presentarse a recibir los ejemplares, y como consecuencia lógica, exhibir la orden de publicación. Por tanto, tal omisión encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del numeral 63 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de agosto del año en curso. Háganse las anotaciones respectivas y del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. *
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha no se ha emplazado a juicio a los terceros interesados Pedro Castañeda Romero y Julio Gameros Gutiérrez, aunado a que en auto de diecinueve de los cursantes se ordenó la notificación de éstos por medio de edictos, sin que a la fecha la parte quejosa haya venido a recoger los mismos para su trámite respectivo; por tanto, la audiencia fijada para esta data se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese la razón actuarial de cuenta, en la cual la Actuaria Judicial hace constar que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento al tercer interesado ***, en el domicilio encomendado por las razones que expone. Atento a lo anterior, y en virtud a lo asentado en la certificación de cuenta, en el sentido de que se han agotado los medios de localización e indagaciones correspondientes de probables domicilios que se han obtenido a efecto lograr emplazar a los terceros interesados, sin que a la fecha se haya logrado notificarles la instauración del presente asunto. Ahora, de autos se advierte que las autoridades requeridas por auto de diecinueve de junio del año en curso proporcionaron diversos domicilios a fin de llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados citados, sin que se tuviera éxito. Consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se determina que el emplazamiento de los terceros interesados Pedro Castañeda Romero y Julio Gameros Gutiérrez, se realice por edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el País, los que correrán a costa de la parte quejosa. En el entendido, que dicha publicación, contendrá una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación únicamente, además se fijará en la puerta de este órgano de control constitucional, una copia íntegra del edicto por todo el tiempo del emplazamiento y hágase hincapié, que de no comparecer por sí mismos o a través de apoderados, se continuará con la prosecución del presente Juicio Constitucional y las notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, que se fijará en la puerta de éste Órgano Jurisdiccional, misma que deberá contener en síntesis la determinación judicial que ha de notificarse. En tales condiciones, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días, acredite ante este Juzgado haber entregado los edictos, término que empezará a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, de ahí que en dicho plazo deberán ser recogidos y entregados para su publicación, apercibido que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo.
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