Agustin Abalos Leoner

Expediente 1061/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1061/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Agustin Abalos Leoner

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 870/2015, así como copia certificada del testimonio de la resolución emitida el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada el amparo en revisión 684/2016 de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se dejan intocados los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia recurrida. --- SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA el fallo impugnado. --- TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a "Autos Coreanos de Guadalajara", sociedad anónima de capital variable, contra el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, para los efectos precisados en la propia sentencia impugnada."; al respecto, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes. En virtud de lo anterior, se ordena dar vista a las partes, acúsese recibo correspondiente, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, toda vez que el efecto de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, lo es para ". efecto de que no se aplique a la impetrante de garantías, ni en lo presente ni en lo futuro, el precepto en mención y, en consecuencia, se le permita la actualización de dichos valores hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, si bien limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tenga lugar en ejercicios distintos, de conformidad con las consideraciones expuestas con antelación. --- Cabe precisar que las erogaciones que realice la quejosa que se permitan deducir al amparo de esta sentencia, no implica que dejen de cumplir con los demás requisitos fiscales, que se contienen en la ley para su deducibilidad." En virtud de lo anterior, respecto a las autoridades responsables denominadas Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y Presidente de la República, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector. Así es, pues a dichas autoridades se les reclama, la discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo de la Ley del Impuesto sobre la renta, específicamente sus artículos 25, fracción II; 36, fracción II; 39, último párrafo y 74; precepto legal que no puede quedar insubsistentes, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Por ende, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, lo que conduce a este juzgador a tener por cumplida, respecto de tales autoridades, en apoyo a los siguientes criterios jurisprudenciales: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (Tesis P. CXXXVII/96, Tomo IV, Noviembre de 1996, Página 135, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.". (Tesis 230, Tomo I, Parte SCJN, Página 197, Apéndice 1995, Instancia Pleno). "REFRENDO. DEBE CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS OTROS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si la ley impugnada se declara inconstitucional, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos el refrendo, deben correr la misma suerte, o sea que si el Juez considera inconstitucional la ley y concede el amparo contra la expedición, promulgación y aplicación de la ley, no tiene por qué hacer consideraciones especiales respecto al refrendo, y si éste no fue reclamado por vicios propios, el refrendo debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo, sin que ello cause perjuicio a la autoridad.". (Página 81, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación). Así como por las razones que la informan la tesis 2a. CXV/97, que se lee en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo.". Con el anterior pronunciamiento, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días, manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de inconformarse con la determinación de tener por cumplimentada la ejecutoria dictada en autos parcialmente. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. De ahí que, en la sentencia respectiva se estimó que los artículos reclamados transgreden la Constitución, entonces, el efecto inmediato será nulificar su validez jurídica en relación con la parte quejosa, así como la de los actos de aplicación de dicha norma. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 201, publicada en la página 195, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". También es aplicable, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. XIV/97, publicada en la página 347, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso". En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere al Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad Servicio de Administración Tributaria, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio de garantías, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que, por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, tal y como se ha determinado en la jurisprudencia 236, que aparece publicada en la compilación de 1995, Tomo VI, página 159, cuyo contenido a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.- Las ejecutorias de amparo deben de ser inmediatamente cumplidas por la autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo anterior, se ordena remitirle copia de la sentencia dictada en el presente sumario a efecto de que tenga conocimiento de la misma y de las constancias que originaron el primer acto de aplicación del precepto legal impugnado, el cual ampara las cantidades pagadas con motivo de la aplicación del mismo. De igual forma, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta de Gobierno del Servicio de administración Tributaria, para que en su carácter de superior jerárquico de la citada autoridad, ordene a está a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien hasta mil días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento de la Junta de Gobierno del Servicio de administración Tributaria, para que en su carácter de superior jerárquico de la citada autoridad, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, informa las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - - - Se requiere nuevamente al Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días contados a partir en que cuente con el nuevo exhorto que giró el diecisiete de abril de esta anualidad, al Presidente de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, lo informe a este juzgado de Distrito, así como las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 271/2018, e informa que se formó para tal efecto el recurso de queja 119/2018; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio de cuenta y con su contenido se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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