Agueda Zavala Díaz

Expediente 242/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
242/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • Agueda Zavala Díaz
  • Juez Único Civil de Partido En Uriangato, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de queja 39/2017, dictada el cuatro de mayo del año en curso, interpuesto por la parte quejosa, en la que resolvió: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja. Notifíquese." Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, por medio del cual informa que por auto de ocho de marzo del año actual, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa **********, contra el acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, registrándose con número de recurso de queja civil 39/2017-IV.

  3. Principal

    A sus autos el escrito que signa la quejosa ************, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra la determinación de dieciséis de febrero del año en curso, en la que se desechó su demanda de amparo. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por Agueda Zavala Díaz, contra actos del Juez Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato; fórmese expediente, en el entendido que se encuentra registrado en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 242/2017. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa impugna actos emitidos dentro de un juicio, pues reclama el acuerdo de veinte de enero del año en curso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil M-31/2016, del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato, que tuvo por no interpuesto el recurso de revocación que presentó la ahora quejosa ante la responsable -como parte actora- contra el proveído de once de enero pasado, en el que admitió la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte demandada. Relata que promovió juicio ejecutivo mercantil contra María Teresa Calderón, también conocida como Ma. Teresa Calderón León, el cual se radicó bajo expediente M-31/2016 del índice del Juzgado Único Civil del Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato. Que la demandada, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso excepciones y argumentó que no suscribió el documento base de la acción (pagaré), ofertando la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía. Manifiesta que con las excepciones opuestas, se le dio vista y al desahogarla entre otras cuestiones expuso diversos argumentos tendentes a evidenciar que no debía admitirse la prueba pericial ofertada por la demandada. Que a pesar de ello, el once de enero del año en curso, el Juez responsable admitió la prueba pericial sin motivar su decisión y sin hacer pronunciamiento las consideraciones que hizo valer para que no se admitiera. Refiere que contra la anterior determinación promovió recurso de revocación, al que recayó el auto de veinte de enero de dos mil diecisiete, en el sentido de no tenerlo por admitido, bajo el argumento de que los acuerdos que admite pruebas no son recurribles en términos del numeral 1203 del Código de Comercio, lo que constituye el acto reclamado. De los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aquí conviene precisar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad de tal artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que el órgano judicial sólo determinó no admitir a trámite el recurso de revocación que la quejosa interpuso contra el diverso acuerdo de veinte de enero del año en curso, en el que a su vez, admitió la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofertada por la parte demandada, en el que a su consideración el Juez responsable sin fundar ni motivar su decisión omitió pronunciarse en torno a las manifestaciones que hizo valer destacando que no debía admitirse tal medio de convicción; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la sentencia definitiva que se dicte, siempre que resulte favorable a los intereses del quejoso, en caso contrario, por medio del juicio de amparo directo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento. Igualmente, debe decirse que existe criterio obligatorio para este órgano constitucional, de conformidad con el ordinal 217 de la ley en cita, en el sentido de que contra las determinaciones que admiten pruebas en un procedimiento, procede -por regla general- el amparo directo, criterio que resulta aplicable al caso, al no oponerse a la Ley de Amparo, según lo dispone su numeral sexto transitorio, el cual se encuentra contenido en la jurisprudencia identificada como tesis 4a. 12, de la Cuarta Sala del Máximo Tribunal, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, registro 207992, página trescientos treinta y cinco, que dice: "PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento." Y si bien el acto destacado es el acuerdo que desechó el recurso de revocación intentado contra el diverso que admitió la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía de la contraparte de la quejosa, lo cierto, es que la desestimación del citado recurso, redunda en que se analice el acuerdo de admisión de la citada prueba, lo que hace patente la aplicación de jurisprudencia invocada. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por Agueda Zavala Díaz. De ahí que en el particular, al reclamarse un proveído que desechó de plano el recurso de revocación promovido contra el acuerdo que admitió la prueba ofrecida por la contraparte de la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO la demanda. Con apoyo, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Ascención Pantoja Bedoya, ya que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del precepto en cita a Ismael Lemus Zavala, por no encontrarse en ese supuesto. Toda vez que la promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; por tanto, con fundamento en lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena realizar esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

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