Agueda Hernandez Reyes

Expediente 602/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
602/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Agueda Hernandez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negaron las suspensiones provisional y definitiva. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, como de autos se advierte que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiéraseles para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad mencionada. Con lo anterior, hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, cabe destacar que la responsable anexa el oficio 440, de siete de junio de dos mil diecinueve, dirigido al quejoso Agueda Hernández Reyes, donde da contestación a la petición formulada por el quejoso y lo requiere para que presente copia de los recibos de consumo de energía, así como de la lectura de los volúmenes explotados; asimismo, en el mencionado comunicado se aprecia que obra lo recibió el diez de junio del año en curso, una persona de nombre "Leonel Aurelio Chacón S." Por otro lado, del estado de autos se advierte que la parte quejosa refiere como acto reclamado la falta de contestación a la petición que formuló vía electrónica (la cual dio origen al expediente MCH-L-0550-25-04-16) de veinticinco de abril de dos mil dieciséis; ahora, tomando en consideración que se tiene a dicha autoridad remitiendo copia certificada de la respuesta dada a la solicitud formulada por el impetrante de amparo, así como el acuse de recibo, por tanto, a efecto de no violar las normas del procedimiento, se ordena correr traslado con la respuesta de cuenta a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de quince días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído manifieste si desea señalar como acto reclamado la contestación realizada a la solicitud que formuló en su escrito de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y de ser así realice su ampliación de demanda en los términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, exhibiendo las copias suficientes de su escrito de ampliación de demanda para correr traslado a las partes, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se le otorga para tal efecto se resolverá la litis constitucional con la autoridad responsable y actos reclamados en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, sin que proceda realizar dicha ampliación en términos del artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de este juicio de control constitucional el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar respuesta a una petición y no en la insuficiente fundamentación o motivación de la contestación de dicha respuesta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.28/2015 (10ª.), consultable en la página 1599, Tomo II, Mayo de 2015, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, de rubro siguiente: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.136/2011 (9a), consultable en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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