Agueda Galicia Jiménez
Expediente 1024/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/09/2021
Partes del expediente
- Agueda Galicia Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que el promovente Raúl Arellano Guzmán, en su carácter de apoderado legal de AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 335/2020 de su índice, relacionado con el juicio de amparo indirecto 1024/2020; acúsese recibo de estilo a la Superioridad; y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió lo siguiente: ".lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y modificar el acuerdo impugnado, lo que da lugar a instruir al propio a quo para que, en términos de los artículos 112,113, 114 y 115 todos de la Ley de Amparo. Se pronuncie en relación con la procedencia o no de la demanda de amparo, respecto de los actos y autoridades: "1) Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit: a) la omisión de pago del convenio de fecha 30 de mayo del 2017, dentro del expediente 001/1978; b) la omisión de acatar los requerimientos y autos que emite el Tribunal Responsable en cumplimiento del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978; c) la omisión de modificar y ampliar su presupuesto de egresos a fin de realizar el cumplimiento del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978. 2) Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit: a) la omisión de cumplir con los requerimientos de pago formulados por el Tribunal responsable dentro de la ejecución del convenio en el expediente 001/1978; b) por la omisión de realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento del convenio en mención; c) Por la omisión de autorizar y ordenar al Encargado de la Hacienda Municipal o Tesorero municipal de dicho ayuntamiento el pago de lo requerido por el Tribunal Responsable dentro de la ejecución del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 en el expediente 001/1978. 3) Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit: a) la omisión de realizar en representación del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, los actos necesarios al cumplimiento del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978; b) la omisión de realizar los convenios correspondientes con la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit a efecto que se efectué el pago del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 del expediente 001/1978 a cargo de las partidas o participaciones del ayuntamiento señalado. 4) Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit: a) la omisión de ordenar el pago del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978. 5) Encargado de la Hacienda Municipal o Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit: a) por la omisión de realizar el pago del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978; b) por la omisión de realizar las modificaciones necesarias al presupuesto de egresos del Ayuntamiento en cita, para que se pague el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978. 6) Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit: a) para el efecto de que se realice el pago del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978 a cargo de las participaciones correspondientes al Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; b) para el efecto de que realice y autorice las medicaciones presupuestales a la partida de egresos del Municipio de San Blas, Nayarit, para el efecto de que se pague el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978. 7) Congreso del Estado de Nayarit: a) para el efecto de aprobar las modificaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. A efecto de que se le pague en su totalidad el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978; b) para el efecto de que se apruebe la solicitud de convenio o préstamo del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Nayarit a efecto de que se pague el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978 a cuenta de las participaciones correspondientes a dicho ayuntamiento. 8) Fiscalía General del Estado de Nayarit: a) para el efecto de que realice la investigación correspondiente al posible delito que se dé por la omisión de cumplimiento del laudo que el Tribunal Responsable ha realizado a los funcionarios del Ayuntamiento demandado." Ahora, del análisis realizado en la ejecutoria de mérito se advierte que la Superioridad de referencia consideró correcto el actuar de este Juzgado de Distrito al decretar la improcedencia respecto de los actos atribuidos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, consistentes en: "la omisión de ejecutar en su totalidad el convenio de treinta de mayo de dos mil diecisiete dentro del expediente 1/1978 de su índice, mismo que fue homologado a laudo según lo refiere la parte quejosa, así como la omisión de ejecutar sanciones en ejecución de laudo, la omisión de impartir justicia pronta y expedita en la ejecución, omisión de dar vista al Ministerio Público por posibles delitos cometidos con motivo de la ejecución del laudo, la omisión de dar vista al Congreso y Auditoría del Estado de Nayarit, la omisión de efectuar actos de ejecución efectivos." Así como de los artículos 160, 161, 162 y 163 de los Estatutos Jurídicos para los Trabajadores del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, cuya regularidad constitucional cuestión la parte quejosa, la cual le atribuyó a las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Congreso, todos del Estado de Nayarit. En ese sentido, la improcedencia decretada respecto de los actos atribuidos a las citadas autoridades ha quedado firme, por lo que este juzgado se abstendrá a realizar pronunciamiento al respecto. Por otra parte, en acatamiento a la ejecutoria emitida por la Superioridad de referencia este juzgado procede a pronunciarse respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, trascritos anteriormente, marcados con los números del "1" al 8". Así, del análisis integral de la demanda de garantías y escritos aclaratorios de la misma, se advierte que los actos marcados con los números del "1" a "5" reclamados, respectivamente, a las autoridades siguientes: Pleno del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, resultan notoriamente improcedentes, lo que conduce a desechar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, del análisis de los actos señalados con antelación este Órgano Jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo.1 De los preceptos legales antes señalados, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, pues así lo dispone el artículo 1 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. XXVII/972, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, materia común, página 118, registro 199459. Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, con excepción de aquellos actos que en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, provengan de particulares que tengan la calidad de autoridades, al haber realizado actos equivalentes a los de autoridad, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que este solo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En esas condiciones, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sustenta las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número 2a./J.164/20113, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, página 1089, registro electrónico 161133. Nación, del contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la tesis aislada 2a. XXXVI/994, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se 4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, página 307, registro 194367. entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 425/2013, determinó en lo conducente lo siguiente: "En ese orden de ideas, el punto en contradicción consiste, en dilucidar si el incumplimiento por parte de un órgano de gobierno o dependencia pública del Estado de Veracruz a un laudo pronunciado en un juicio laboral, en el que hubiera figurado como demandada, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es obstáculo a la determinación sobre la existencia de la presente contradicción, el hecho de que la emisión de los criterios sustentados por los Tribunales contendientes originalmente derivó del examen de distintas causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, en la vigencia anunciada (en un caso la prevista en el artículo 73, fracción XIII, y en otro la relativa a la fracción XVIII, en relación con el artículo 11, respectivamente), pues lo cierto es que, a fin de cuentas, todos ellos sustentaron su decisión sobre el análisis del concepto de autoridad para efectos del juicio, siendo ese, el aspecto donde se cimienta el punto de contradicción. La inercia interpretativa del criterio aludido, en sentido contrario, abre la solución de la controversia inmersa en el supuesto del caso que nos ocupa, para considerar que el hecho de que la normativa vigente en el Estado de Veracruz, prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas, conlleva, en sí mismo, el sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación laboral de origen y, por ende, que la falta de cumplimiento de dicho laudo por parte de la demandada no se reconozca como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cierto, del marco legal prevaleciente en esa entidad se extrae lo siguiente: (.) Entre otras, la característica central en la regulación de esa fase, la constituye la posibilidad de que frente a la ausencia en el cumplimiento del laudo correspondiente por parte de la autoridad estatal o municipal que hubiera sido señalada como demandada, éste puede ser forzosamente ejecutado mediante el embargo de sus bienes (propios o privados). Siendo esa la lógica de la normativa del Estado de Veracruz, resulta inconcuso, que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales, y la igualdad que de éstas se pregona, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través del embargo de bienes. Es decir, que desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento, dentro de una relación de igualdad o bilateralidad con el particular actor. Por eso, al tenor de las particularidades reveladas, en conexión con los razonamientos adoptados hasta este punto, el incumplimiento por parte de los órganos de gobierno o dependencias públicas en el Estado de Veracruz, a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". De la aludida ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.)5, que establece lo siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 116/2014, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratar un asunto similar, dispuso lo siguiente: "(.) 33. Como puede observarse, las legislaciones burocráticas de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, desarrollan en similares términos el procedimiento que deberán seguir los tribunales de trabajo respectivos, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. 5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, materia común, página 966, registro electrónico 2006389. 34. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto en las legislaciones en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 35. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-SS, en sesión de diez de septiembre de dos mil ocho, esta Segunda Sala interpretó el contenido de los artículos 147, 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa. 36. El anterior criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.-El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la ley burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." (Jurisprudencia 2a./J. 133/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227 del Tomo XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número de Registro IUS: 168880) 37. Conforme al criterio indicado y teniendo en cuenta que las legislaciones burocráticas estatales de Quintana Roo y Yucatán contienen, en esencia, normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 38. Entonces, puede concluirse que los tribunales burocráticos estatales de Quintana Roo y Yucatán, al igual que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y conforme a la normativa que los rige, cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa. 39. Siendo ésa la lógica de las normativas del Estado de Quintana Roo y Yucatán, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. 40. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. 41. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de los Estados de Quintana Roo y Yucatán a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo,(4) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece." Lo anterior, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.)6, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Empero, posteriormente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2017, analizó los aludidos tópicos, determinando al efecto lo siguiente: "QUINTO. Estudio. Precisados así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, es el que sustenta la presente resolución. Para dar respuesta al punto de contradicción previamente es importante señalar el contenido del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Artículo 4o. Las instituciones, servicios y 6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, materia común, página 699, registro 2007066. dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes. Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el procurador general de la República o uno de sus agentes, con cualquier carácter o representación." Como se observa del precepto legal transcrito, en principio se prevé una regla general de igualdad procesal, consistente en que dentro del procedimiento judicial regido bajo las disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, cualquier institución, servicio y/o dependencia de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán colocadas en la misma situación que cualquier otra parte en el procedimiento, es decir, que la condición de ser entes públicos pertenecientes a la administración pública federal o estatal, no incide para establecer alguna distinción con las demás partes que no tengan ese carácter, para efectos de la aplicación de las reglas del proceso. Sin embargo, inmediatamente después de la precisión de la regla general anterior, la norma introduce una regla específica con la que acota la primera a través de dos excepciones, a saber: que no se podrá dictar en contra de los entes públicos allí referidos, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; y que estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio código. De manera que, conforme a esas excepciones al principio de igualdad procesal, en el juicio sustanciado bajo las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes que tengan el carácter de entes públicos de la administración pública federal y estatal, no podrán ser conminadas a exhibir las garantías que para determinados actos procesales exige dicho ordenamiento, ni podrán ser sujetas de mandamiento de ejecución forzosa para hacer cumplir coactivamente la sentencia que en su caso se dicte, ni, por ende, sus bienes podrán ser embargados para ese fin. Ese privilegio de inembargabilidad de los bienes de dichos entes públicos, previsto en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, desde luego, es adicional, distinto, e independiente, de las restricciones que en materia de embargo de bienes, derivan de las propias reglas legales que resulten aplicables a los casos concretos; puesto que, respecto de los bienes que integran el patrimonio de los entes públicos, la Ley General de Bienes Nacionales, establece la inembargabilidad de los bienes de dominio público; por otra parte, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone un listado de bienes, atento a su naturaleza, que no son susceptibles de embargo; sin dejar de advertir también que, las limitaciones al embargo de bienes públicos, por sí, podrían derivar de alguna otra legislación federal, estatal o municipal. En el mismo tópico, es importante señalar que la Primera Sala de este Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 43/2017 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. (.)". Por su parte, esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 422/2010, sustentó la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, en la que determinó que las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas se encuentran dentro de la hipótesis de excepción de igualdad procesal contenida en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero que en caso de omitir dar cumplimiento en forma voluntaria a una sentencia o laudo condenatorio en donde fueron señaladas como parte demandada, entonces ello constituirá un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo. La referida jurisprudencia 2a./J. 85/2011, es la siguiente: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (.)". En el mismo tema, esta Segunda Sala ha sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. (.)" "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). (.)." Ahora bien, toda vez que en los casos resueltos por los tribunales contendientes la autoridad responsable aplicó la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para hacer cumplir el laudo condenatorio en particular a través de sus artículos del 140 al 143, es necesario hacer referencia a ellos y transcribir su contenido. (.) Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. También se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Es decir, la legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. No pasa inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales contendientes, en el sentido de que al no estar establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de los Ayuntamientos, constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En relación con lo anterior, esta Segunda Sala considera que si bien es cierto que la legislación estatal en comentario, no contempla como medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o laudos condenatorios, también lo es que son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de éste, imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos, aunado a que ante su incumplimiento y el agotamiento de las medidas de apremio, la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 183 del Código Penal Federal, que señala: "Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.", y acorde con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del referido delito, al ser una cuestión de orden público. Sin que obste en contrario, lo que esta Segunda Sala estableció en la jurisprudencia 2a./J 85/2011, en el sentido de que las dependencias de la administración pública federal o las entidades federativas, se encuentran dentro de las hipótesis de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se reducen a establecer que no se podrá dictar en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que estarán exentos de prestar las garantías exigibles para hacer cumplir las resoluciones dictadas en su contra, situación que genera entre las partes de un juicio una relación de supra a subordinación y, por tanto, el incumplimiento a una sentencia por parte de las entidades federativas, genera un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha entidad pública ejerce su potestad administrativa a virtud de privilegios sustentados en el orden público y el interés social. Entonces, tenemos que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Ejemplo de una relación de supra subordinación es tratándose de un acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos en donde la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). Al respecto esta Segunda Sala ha sustentado el criterio siguiente: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. (.)". En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Consecuentemente, por las razones expresadas y de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), dictadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, contando con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a las partes en un juicio; en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas, y que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; sin que obste a lo anterior que no se prevea la institución del embargo, ni el auxilio de la fuerza pública. Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, se formula bajo una redacción temática, es decir, de modo que resulte aplicable no solamente a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco en donde se originó la presente denuncia de contradicción de tesis, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17 constitucional, párrafo primero, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico nacional, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten, tomando en cuenta además, el artículo 94 constitucional, párrafo décimo y que los artículos 215 al 226, de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura respecto de los casos que los originaron. Apoya lo anterior, el siguiente criterio aislado: "JURISPRUDENCIA TEMÁTICA. LOS ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 215 AL 226 DE LA LEY DE AMPARO NO LA PROHÍBEN. La jurisprudencia es temática cuando se advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten, tomando en cuenta, además, que los artículos 94, párrafo décimo, constitucional y 215 al 226 de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura respecto de los casos que los originaron."". Contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.)7, que establece lo siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 7 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, materia común, laboral, página 478, registro electrónico 2016588. AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." De lo anteriormente expuesto se colige que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó en las ejecutorias citadas lo siguiente: A) Conforme al artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, no puede decretarse en contra de la Federación o de las entidades federativas mandato de ejecución ni providencia de embargo, además de que están exentas de prestar las garantías; por tanto, era evidente que no pueden ser entes de ejecución forzosa, lo cual coloca a los particulares en un plano de desigualdad, al impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, de ahí que, el proceder contumaz de la autoridad demandada y condenada como patrón equiparado en un juicio laboral, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la omisión de cumplimiento, únicamente puede ser subsanado mediante el juicio de amparo (contradicción de tesis 425/2013). B) Del marco legal aplicable del Estado de Veracruz, se desprendía la existencia de un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, contemplando el forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas; por ello, existía un plano de igualdad, ya que el cumplimiento a un laudo por parte de la autoridad demandada en un juicio laboral, se desarrolla por el tránsito de un procedimiento concreto y frente a la ausencia en el cumplimiento del laudo, el mismo puede ser forzosamente ejecutado mediante el embargo de sus bienes (propios o privados), de ahí que la omisión de la autoridad enjuiciada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (contradicción de tesis 425/2013). C) Conforme al sistema normativo previsto en las legislaciones de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, relacionado con la ejecución de los laudos dictados por los tribunales de trabajo burocráticos, se establece que un procedimiento en el que sobresale la facultad que se otorga para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo, de ahí que, su incumplimiento puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan y como consecuencia no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (contradicción de tesis 116/2014). D) El incumplimiento a un laudo por parte de los ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales (contradicción de tesis 363/2017). Como puede observarse de los referidos criterios, para determinar si las autoridades demandadas en un juicio y condenadas al pago de diversas prestaciones, al omitir dar cumplimiento al fallo en forma voluntaria, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo, el Más Alto Tribunal consideró: 1. No es autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el marco jurídico que rige el procedimiento prevea un procedimiento específico para dar ejecución a las sentencias o laudos dictados en un juicio, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas o bien la imposición de multas o medidas de apremio. Así, el incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan. 2. Sí es autoridad para efectos del amparo, cuando la legislación aplicable prohíba obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en favor de la parte actora. En ese contexto, se concluye que cuando en un amparo se reclame el incumplimiento a una sentencia o laudo por parte del ayuntamiento o funcionarios pertenecientes al mismo y que fueron condenados, derivado de un juicio en el que figuraron como parte demandada, tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, siempre y cuando la legislación local no prevea que los tribunales ordinarios cuenten con algún instrumento legal para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus fallos. Lo anterior, sobre la base de que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos y sentencias, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de medios legales con que se cuenta para lograr su cumplimiento, atento a lo cual, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación de coordinación. Ahora, del escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que acompañó la parte quejosa a los mismos, se desprende que el treinta de mayo de dos mil diecisiete la parte quejosa y el representante legal del Ayuntamiento de San Blas, firmaron un convenio de pago y reconocimiento de deuda y que dicho convenio se presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, por lo que dicho tribunal lo agregó al expediente laboral 1/1978 y el veintitrés de enero de dos mil veinte al requerir de pago al Ayuntamiento demandado, homologó dicho convenio a la categoría de laudo. En ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama al Pleno del Ayuntamiento, al Presidente Municipal, al Síndico, al Secretario General y al Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, en esencia, la omisión del pago del convenio de fecha de treinta de mayo de dos mil diecisiete, que obra dentro del expediente 1/1978 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, así como la omisión de realizar las gestiones necesarias a fin de cumplir con el pago establecido en el citado convenio. En mérito de lo anterior, se advierte que en el caso existen elementos suficientes para concluir que las citadas autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Constitucional de San Blas, Nayarit, no tienen el carácter de autoridades para efectos del presente juicio de amparo, pues en el particular nos encontramos frente a una relación de coordinación, es decir, las autoridades señaladas como responsables no actúan en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación contractual de coordinación; por lo que, el incumplimiento de pago del convenio de fecha de treinta de mayo de dos mil diecisiete, que obra dentro del expediente 1/1978 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, resulta oportuno señalar que los artículos 160, 161, 162 y 1648 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, establecen que el tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de 8 "Capítulo I DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCION DE LOS LAUDOS ARTÍCULO 160.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones podrá imponer multas hasta por quince días de sueldo tratándose de trabajadores y hasta por veinte mil pesos, tratándose de funcionarios. ARTICULO 161.- Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente, la Dirección aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Capítulo II ARTÍCULO 162.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a este efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTICULO 163.- Cuando se pide la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario, para que asociado de la parte que obtuvo fallo favorable, se constituya en el domicilio de la contraparte y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior.los laudos y, a ese efecto, cuando se pida la ejecución de un laudo, despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo sentencia favorable, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, se procederá conforme a lo previsto en el primero de los citados artículos; a saber, podrá imponer multas hasta por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional). En consecuencia, atendiendo por analogía a las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2017, al existir en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, un procedimiento y medios para lograr el cumplimiento de sus determinación, es inconcuso que los actos reclamados a las autoridades pertenecientes al ayuntamiento demandado y funcionarios que lo integran, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por otro lado, la misma causal de improcedencia antes analizada se actualiza respecto de las autoridades Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, Congreso del Estado de Nayarit y Fiscalía General del Estado de Nayarit, todas con residencia en Tepic, a quien la parte quejosa les reclamó: "6) . para el efecto de que se realice el pago del convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978 a cargo de las participaciones correspondientes al Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; b) para el efecto de que realice y autorice las medicaciones presupuestales a la partida de egresos del Municipio de San Blas, Nayarit, para el efecto de que se pague el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978." "7).para el efecto de aprobar las modificaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. A efecto de que se le pague en su totalidad el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978; b) para el efecto de que se apruebe la solicitud de convenio o préstamo del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Nayarit a efecto de que se pague el convenio de fecha 30 de mayo del 2017 dentro del expediente 001/1978 a cuenta de las participaciones correspondientes a dicho ayuntamiento." "8).a) para el efecto de que realice la investigación correspondiente al posible delito que se dé por la omisión de cumplimiento del laudo que el Tribunal Responsable ha realizado a los funcionarios del Ayuntamiento demandado." En primer lugar, conviene señalar que la parte quejosa no señaló como autoridades responsables a los entes de referencia, sino como autoridades vinculadas, lo que precisó en su escrito de demanda, especifico en el capítulo de "PROCEDENCIA DEL AMPARO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS Y LAS AUTORIDADES Y VINCULADAS SEÑALADAS", en donde textualmente señaló: ".que si bien es cierto desde este escrito inicial de demanda se señalan a dichas autoridades como vinculadas esto para el efecto de la sentencia de amparo deben de estar previstos los efectos en los cuales dichas autoridades vinculadas deben de intervenir y los efectos de cada de ellas, por ende es que se señalan desde un principio." En ese orden de ideas, lo que la parte quejosa pretende al señalar como autoridades vinculas a las antes referidas, es que en una eventual concesión del amparo y la justicia de la unión a su favor, en los efectos de la sentencia se establezca cual será la participación de cada una de ellas para el cumplimiento de la ejecutoria, sin embargo, no las señala como autoridades responsables. Bajo ese contexto, resulta oportuno precisar que el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo es diferente al de autoridad responsable en el juicio y se rige por reglas propias establecidas en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Así, la referida etapa es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público, bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. En ese sentido, el carácter de autoridad vinculada únicamente se obtiene en la sentencia o en un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo no son autoridades responsables, sino que únicamente tienen intervención en la ejecución de la sentencia, por lo que son independientes entre sí. Luego, como se señaló en párrafos que anteceden, el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; en ese sentido, la procedencia del amparo únicamente está supeditada a que el acto que se reclame haya sido emitido por una autoridad responsable; de ahí que cuando se reclamen actos a entes distintos a dichas autoridades resulta improcedente el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, si el quejoso en su escrito de demanda señala como autoridades vinculadas a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, al Congreso del Estado de Nayarit y al Fiscalía General del Estado de Nayarit, refiriendo que solicita se les llame a juicio a efecto de que en una eventual concesión a su favor del amparo se establezca en la sentencia cual será la participación de cada una de ellas para el cumplimiento de dicha ejecutoria, por ende, únicamente tendrían intervención en la ejecución de la sentencia y no en el trámite del juicio, por tanto, es evidente que no resulta procedente el juicio de amparo respecto de dichas autoridades, pues como se analizó en párrafos precedentes no tienen el carácter de autoridades responsables. Se cita de forma ilustrativa la tesis aislada VII.2o.T.60 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2279, Décima Época Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA QUE ES VINCULADA POR EL TRIBUNAL DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL LAUDO, EN TÉRMINOS DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ. Los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son aquellos provenientes de relaciones de supra a subordinación que afecten derechos de particulares y no actos derivados de relaciones de coordinación; concebidas las primeras como las existentes entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros se encuentran en un plano superior respecto de los segundos, mientras que las de coordinación, son las establecidas entre particulares ubicados en una situación de igualdad y bilateralidad, regida por el derecho privado. De ahí que no pueden considerarse como autoridades responsables a los órganos de gobierno y dependencias públicas del Estado de Veracruz que, a pesar de no haber sido parte en el juicio de origen, fueron vinculadas al cumplimiento del laudo emitido en esa contienda, en términos de la ley burocrática local, pues con esa determinación quedan incorporados al juicio natural en la fase de ejecución del laudo, siendo colocadas en un plano de coordinación y de igualdad procesal con las partes contendientes; máxime, si se toma en consideración que la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", estableció que el incumplimiento de una condena impuesta a los órganos de gobierno y dependencias públicas de dicha entidad federativa, no constituye un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, dado que su marco normativo prevé un procedimiento específico para ejecutar dicha condena, en el que, incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento mediante el embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas, lo que es suficiente para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales regidas por el derecho privado y social." De igual forma, se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que expone la jurisprudencia 2a./J. 137/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570, con el registro 2020877, de rubro y texto, siguiente: "AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. NO SE DEBE EQUIPARAR CON LA FIGURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, PUES SE RIGE BAJO LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo es diferente al de autoridad responsable en el juicio y se rige por reglas propias establecidas en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la etapa de ejecución de sentencia es posterior a la oportunidad para interponer el recurso de revisión, ya que empieza cuando la sentencia ha quedado firme, aunado a que la referida etapa es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público, bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. Considerar que una autoridad vinculada pueda interponer el recurso de revisión desnaturalizaría el juicio de amparo y lo retrasaría, además de que se tendría que distinguir si dicho carácter lo obtuvo en la sentencia o en un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, no todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo son autoridades responsables, sino que únicamente tienen intervención en la ejecución de la sentencia, por lo que son independientes entre sí. Sin embargo, su intervención en el juicio es obligatoria y así como están sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables para su cumplimiento, también están sujetas a las mismas reglas del procedimiento, el cual les permite alegar no tener la competencia para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo o incluso una imposibilidad de cumplimiento que deben demostrar. Consecuentemente, el hecho de que la autoridad vinculada no tenga legitimación para interponer recurso de revisión no la deja en estado de indefensión, ya que dicho recurso está previsto únicamente para las partes en el juicio señaladas en el artículo 5o. de la Ley de Amparo". En consecuencia, se desecha la demanda de amparo por su MANIFIESTA e INDUDABLE improcedencia, respecto de los actos y autoridades antes analizados, de conformidad con los artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA.
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TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio vía electrónica de cuenta remitido por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, mediante el cual acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por RAÚL ARELLANO GUZMÁN, en su carácter de apoderado legal de AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, parte quejosa en el presente juicio, en contra del proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, medio de impugnación que quedó registrado con el número 335/2020. NOTIFÍQUESE.
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no ha sido posible lograr el emplazamiento del albacea de la sucesión testamentaria a bienes de los terceros interesados RACHELT SICARI LEDON y VICTOR MANUEL DELGADO ROMERO por desconocer si existe por parte de sus herederos, denuncia de algún juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Se dice lo anterior, toda vez que mediante oficios signados por el Director Estatal del Notariado, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia, y el Jefe de Departamento de Control de Registros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, informaron que no existía disposición testamentaria o intestamentaria a bienes de los extintos RACHELT SICARI LEDON y VICTOR MANUEL DELGADO ROMERO. No obstante lo anterior, este Juzgado Federal estima que el procedimiento de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes ya que no se cumpliría a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, es decir, procurar justicia pronta y expedita; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Amparo, solicítese al Fiscal General del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, para que mediante su auxilio e intervención, tenga a bien instruir al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que dentro del término de diez días siguientes a la recepción del oficio de notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se sirva denunciar el juicio sucesorio intestamentario a bienes de los terceros interesados RACHELT SICARI LEDON y VICTOR MANUEL DELGADO ROMERO, ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, a fin de que se convoque a los interesados a una junta para que se le haga de su conocimiento lo que en derecho corresponda y se señalen representantes de las sucesiones; hecho lo anterior, remita constancias certificadas de las citadas actuaciones, a efecto de que este Juzgado tenga la posibilidad de llamar a juicio a quienes resulten ser los albaceas de las sucesiones intestamentarias de referencia, y así continuar la secuela del procedimiento; ello es así, toda vez que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que los finados RACHELT SICARI LEDON y VICTOR MANUEL DELGADO ROMERO, tenían su domicilio habitual, la primera de ellos en calle Obsidiana número 1791 S. J. de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el segundo, en calle Bravo número 53, colonia centro de esta ciudad de Tepic, Nayarit. A fin de que el Fiscal General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, proceda conforme a derecho corresponda, remítase las copias necesarias del presente juicio. Finalmente, de conformidad en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se ordena suspender el procedimiento del presente juicio, hasta en tanto se encuentren designados representantes de la sucesión de RACHELT SICARI LEDON y VICTOR MANUEL DELGADO ROMERO, a fin de ser emplazados en su oportunidad en el amparo en que se actúa; por tanto, una vez que eso ocurra se ordenara continuar con el procedimiento fijándose nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las catorce horas con seis minutos del día de hoy. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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