Agueda Cruz Figueroa

Expediente 1037/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1037/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Agueda Cruz Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por el Secretario de este Juzgado, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de siete de octubre del presente año, donde se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho; por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, agréguese el escrito marcado bajo el número 21799, signado por Agueda Cruz Figueroa, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual solicita la devolución de las documentales que se allegaron al escrito inicial de demanda. En atención a la petición de la promovente, con fundamento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, devuélvanse las documentales que solicita, y hágase entrega de las mismas a la ocursante o a cualquiera de sus autorizados en el presente juicio, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia, a satisfacción de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    .. notifiquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil dieciséis. Vistos; los autos del juicio de amparo número 1037/2016, promovido por Agueda Cruz Figueroa, por propio derecho, contra actos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de las Cámaras que lo integran, con residencia en la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123 Constitucionales y, el escrito de cuenta del que se advierte que la quejosa cumplió con lo solicitado en auto de veintisiete de septiembre pasado. Ahora bien, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Sentado lo anterior, conviene precisar que de la lectura integra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo lo siguiente: "La aplicación del Artículo Décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La ejecución de dicho decreto, con motivo de lo que estimó su primer acto de aplicación, consistente en la expedición del oficio número 1.4.3.4458/14 de ocho de julio de dos mil catorce, signado por el Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual le fue negado el beneficio de pensionario por edad y tiempo de servicios que solicitó. De igual manera, el diverso oficio 1.4.3.3077/16 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, signado por el Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se le indicó que debía estarse a lo acordado mediante el oficio 1.4.3.4458/14 de ocho de julio de dos mil catorce." Asimismo, conviene precisar que la promovente tanto en el escrito de demanda, como en el ocurso aclaratorio manifestó que el oficio 1.4.3.4458/14 de ocho de julio de dos mil catorce, en el que se le negó el beneficio de pensionario por edad y tiempo de servicios que solicitó, le fue notificado el veintinueve de julio de dos mil catorce y el diverso oficio 1.4.3.3077/16 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se le hizo de su conocimiento el seis de septiembre de esta anualidad. Por lo anteriormente apuntado, es de advertirse que el acto de aplicación de la norma que la quejosa tilda de inconstitucional lo es el oficio 1.4.3.4458/14 de ocho de julio de dos mil catorce, que le fue notificado el veintinueve de julio de dos mil catorce, pues con el diverso oficio que refiere, únicamente le contestaron que debía estarse a lo acordado con antelación. En virtud de lo anterior, este Juzgado estima que debe desecharse la presente demanda de amparo, ya que la impetrante del amparo al presentar la demanda de cuenta, se apartó del término previsto por el artículo 17 de la ley de la materia, toda vez que a la fecha han transcurrido en exceso los quince días establecidos en el artículo citado para su promoción. Para demostrar lo expuesto, se hace necesario transcribir la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del primer precepto en cita se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente por la parte quejosa, entendiéndose por éstos los que no hayan sido combatidos en la vía constitucional dentro de los términos que prevé la ley de la materia. Este motivo de improcedencia encuentra su justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa procedente contra actos de autoridad o leyes que los particulares estimen lesivos de los derechos que a su favor consagra la Carta Magna, y que tiene por efecto desincorporar de la esfera jurídica de los particulares tales actuaciones; de forma tal que, para acudir al juicio constitucional, es necesario que se haga dentro de los términos legales previstos para ello, porque de no ser así, los actos de autoridad que se ataquen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno de los gobernados, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo contra ellos. En ese orden, de la interpretación armónica de los preceptos invocados se desprende que tratándose del juicio de amparo contra leyes, éste puede promoverse en tres oportunidades, a saber: a) Dentro de los treinta días hábiles contados desde la fecha de entrada en vigor de la ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, siempre que se trate de leyes autoaplicativas (las que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado). b) Dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del primer acto de aplicación que cause perjuicio al quejoso o de la fecha en que haya tenido conocimiento de dicho acto, conforme a lo previsto en los artículos 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y c) Dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación o de la fecha en que tenga conocimiento de la resolución que recaiga al recurso o medio ordinario de defensa que se hubiere promovido contra el primer acto de aplicación, o en su caso, de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, conforme a lo previsto en los artículos 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El caso precisado en el inciso a) es aplicable sólo a las leyes autoaplicativas, pues éstas son las únicas que pueden impugnarse en amparo por el solo hecho de su entrada en vigor. Las restantes hipótesis son aplicables tanto para las leyes autoaplicativas como para las heteroaplicativas, pues en ambos casos el plazo para promover el juicio depende del acto de aplicación de la ley, sin que obste que no se haya impugnado una ley autoaplicativa dentro de los treinta días a partir de su vigencia porque el artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que no se entenderá consentida tácitamente una ley autoaplicativa si no se impugna en la primera oportunidad referida sino sólo cuando tampoco se promueva con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. En el caso como se señaló en líneas precedentes, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte claramente que la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo Décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su ejecución con motivo de lo que estimó su primer acto de aplicación, es decir, en su carácter de heteroaplicativa, consistente en el oficio número 1.4.3.4458/14 de ocho de julio de dos mil catorce, signado por el Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual le fue negado el beneficio de pensionario por edad y tiempo de servicios que solicitó. Por ende, la parte quejosa, para promover el presente juicio de amparo, debió atender al término genérico de quince días indicado en el inciso b), Sin embargo, inobservó tal plazo, por lo que su demanda es extemporánea, pues la negativa al otorgamiento de la pensión de que se trata se realizó el ocho de julio de dos mil catorce y notificado el veintinueve de julio siguiente, lo cual constituye el primer acto de aplicación que concreta en su perjuicio la ley reclamada En esas condiciones, el término de quince días que le concede el artículo 17 de la ley de la materia para la promoción de la demanda de garantías, contado a partir de la fecha en que se efectuó el primer acto de aplicación del artículo que tilda de inconstitucional, transcurrió en exceso, pues la demanda que se provee fue presentada el día veintiséis de septiembre de esta anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Primero, Segundo, Decimoquinto, Decimoséptimo y Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; por lo que, debe entenderse que el acto reclamado fue tácitamente consentido al no promoverse la demanda dentro del plazo legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. IV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, página 227, del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA. Si se impugna la inconstitucionalidad de la ley heteroaplicativa y la autoridad responsable demuestra con diversos documentos públicos que notificó a la quejosa el primer acto de aplicación en una fecha determinada, respecto de la cual la demanda resulta extemporánea y el quejoso no desvirtúa esta situación, el plazo de quince días para promover el juicio debe computarse a partir de la fecha de la notificación, resultando improcedente el juicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. No es óbice que se alegue la invalidez de la notificación; por regla general, tal cuestión debe plantearse a través del medio de defensa procedente, puesto que mientras una notificación no es nulificada por decisión de autoridad competente, debe considerarse válida para todos los efectos, entre ellos el relativo al cómputo para la promoción de la demanda de amparo en contra de la ley que se aplicó en el acto notificado. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado en esta vía, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Nueva Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Cabe precisar, que de la fracción XIV, párrafo segundo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, claramente se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra los actos ulteriores de aplicación, habida cuenta que dicha disposición normativa expresamente dispone que el amparo se debe promover contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, entre los que evidentemente no se encuentran aquellos que, aunque apoyados en la misma norma, sean lo segundos o posteriores. Sobre esa base normativa, si en el caso concreto la quejosa acude al amparo impugnado una norma en su carácter de heteroaplicativa, señalando como acto de aplicación un acto ulterior al primero, impera concluir que el juicio se torna improcedente, precisamente por haberse promovido de forma extemporánea respecto de aquél que fue el primer acto de aplicación, como quedó evidenciado en párrafos precedentes. La consideración anterior encuentra sustento en la tesis número VI/89, del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 162 (registro: 205968), de tema y contenido siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente'." Las jurisprudencias a que se hace mérito en este acuerdo, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintisiete de septiembre pasado, téngase como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda y por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Mustafat Pérez, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Notifíquese personalmente a la promovente.

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