Agropecuaria Marlee, S.A.

Expediente 307/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Agropecuaria Marlee, S.A.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    -REVOCA AUTORIZADOS- Visto el escrito de cuenta y en atención a su contenido, como lo solicita..., representante legal de la quejosa, téngasele revocando los nombramientos de autorizados realizados con anterioridad. Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a... por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a..., por no haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de cuenta. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del dieciocho al treinta y uno de mayo del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el diez de mayo de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica(V)

  3. Principal

    Visto lo de cuenta y advirtiéndose que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista dada por este Tribunal en auto de veintiocho de marzo del año en curso, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto como así se advierte de la constancia que obra a fojas setenta y dos y setenta y tres del sumario; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que, se continúa el juicio sólo por el acto que se indicó en el escrito inicial de demanda, y se provee lo siguiente: -Sobresee por inexistencia del acto - Así las cosas, tomando en consideración que la quejosa Agropecuario Marlee, sociedad anónima, por conducto de su representante legal, señaló como acto reclamado en su escrito de demanda ".la falta de respuesta a la solicitud realizada en fecha 28 de Abril del año 2011, para que la autoridad que se señala como responsable autorizara la trasmisión parcial y definitiva de los derechos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo, amparados por el título de concesión .... manifestando bajo protesta de decir verdad que hasta la fecha no existe respuesta alguna recaída sobre la petición pacífica, respetuosa y por escrito, que se menciona".. Luego, la autoridad Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, en ausencia del Director Local de dicha dependencia, al rendir su informe negó la falta de respuesta que se le reclama y acompañó la respuesta a la solicitud contemplada en la resolución de uno de noviembre de dos mil once y la notificación de ello a la parte promovente de tres siguiente. Estas documentales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Con lo anterior, quedó demostrado que antes de la presentación de la demanda de amparo (uno de noviembre de dos mil once), se le dio la respuesta que dice omitida, la cual se notificó el tres siguiente. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Por lo que, en la especie, se actualiza la primera hipótesis del contenido de la fracción IV, del invocado artículo 63, de la Ley de Amparo, es decir, quedó demostrada la inexistencia del acto reclamado. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso se duele que la autoridad responsable viola en su perjuicio garantías individuales, al no darle respuesta a la solicitud formulada ante la autoridad responsable. Ahora bien, conforme lo anterior, la garantía que se advierte violada, es la que comprende el derecho de petición, que se consagra en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conforme se puede apreciar del contenido del artículo 8° constitucional transcrito, para que se actualice el derecho de recibir una respuesta por parte de funcionarios y empleados públicos, el gobernado debe formular por escrito su petición; situación que se puede corroborar con la tesis 1049, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 492, del tomo II, Penal, P.R. SCJN, del Apéndice 2000, cuyo texto y rubro son: "DERECHO DE PETICIÓN.- El artículo 8o. de la Constitución General de la República establece como garantía que, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Si se reclama de un agente del Ministerio Público el hecho de no haber acordado una petición formulada por el ofendido con un delito, dentro de las diligencias de Policía Judicial que dicho funcionario venía practicando en averiguación del mismo, y el representante social comprueba al rendir su informe, que ya había dictado el acuerdo procedente, en su concepto, no se viola la garantía que ese precepto constitucional consagra, por lo que debe negarse el amparo solicitado." En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó que con fecha veintiocho de abril de dos mil once, el representante legal de la aquí quejosa, solicitó la autorización para la transmisión de títulos y su registro ... y el trámite de modificaciones técnicas de Títulos de Concesión y/o permisos de descarga de aguas residuales ...; pero negó que no se haya dado respuesta a dicha solicitud pues la misma fue resuelta con fecha uno de noviembre del dos mil once mediante oficio..., el cual fue notificada previo citatorio a la aquí quejosa el tres del mencionado mes y año. Esta afirmación de la autoridad responsable, se encuentra corroborada con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la resolución emitida mediante oficio .....y de las constancias de notificación correspondiente De esta forma, es claro que antes de la presentación de la demanda de amparo -más de seis años- no existía la omisión atribuida a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional". Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintisiete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.(V)

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso auto de diez de mayo de dos mil diecisiete...Visto lo de cuenta y advirtiéndose que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista dada por este Tribunal en auto de veintiocho de marzo del año en curso, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto como así se advierte de la constancia que obra a fojas setenta y dos y setenta y tres del sumario; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que, se continúa el juicio sólo por el acto que se indicó en el escrito inicial de demanda, y se provee lo siguiente: -Sobresee por inexistencia del acto - Así las cosas, tomando en consideración que la quejosa Agropecuario Marlee, sociedad anónima, por conducto de su representante legal, señaló como acto reclamado en su escrito de demanda ".la falta de respuesta a la solicitud realizada en fecha 28 de Abril del año 2011, para que la autoridad que se señala como responsable autorizara la trasmisión parcial y definitiva de los derechos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo, amparados por el título de concesión .... manifestando bajo protesta de decir verdad que hasta la fecha no existe respuesta alguna recaída sobre la petición pacífica, respetuosa y por escrito, que se menciona".. Luego, la autoridad Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, en ausencia del Director Local de dicha dependencia, al rendir su informe negó la falta de respuesta que se le reclama y acompañó la respuesta a la solicitud contemplada en la resolución de uno de noviembre de dos mil once y la notificación de ello a la parte promovente de tres siguiente. Estas documentales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Con lo anterior, quedó demostrado que antes de la presentación de la demanda de amparo (uno de noviembre de dos mil once), se le dio la respuesta que dice omitida, la cual se notificó el tres siguiente. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Por lo que, en la especie, se actualiza la primera hipótesis del contenido de la fracción IV, del invocado artículo 63, de la Ley de Amparo, es decir, quedó demostrada la inexistencia del acto reclamado. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso se duele que la autoridad responsable viola en su perjuicio garantías individuales, al no darle respuesta a la solicitud formulada ante la autoridad responsable. Ahora bien, conforme lo anterior, la garantía que se advierte violada, es la que comprende el derecho de petición, que se consagra en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conforme se puede apreciar del contenido del artículo 8° constitucional transcrito, para que se actualice el derecho de recibir una respuesta por parte de funcionarios y empleados públicos, el gobernado debe formular por escrito su petición; situación que se puede corroborar con la tesis 1049, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 492, del tomo II, Penal, P.R. SCJN, del Apéndice 2000, cuyo texto y rubro son: "DERECHO DE PETICIÓN.- En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó que con fecha veintiocho de abril de dos mil once, el representante legal de la aquí quejosa, solicitó la autorización para la transmisión de títulos y su registro ... y el trámite de modificaciones técnicas de Títulos de Concesión y/o permisos de descarga de aguas residuales ...; pero negó que no se haya dado respuesta a dicha solicitud pues la misma fue resuelta con fecha uno de noviembre del dos mil once mediante oficio..., el cual fue notificada previo citatorio a la aquí quejosa el tres del mencionado mes y año. Esta afirmación de la autoridad responsable, se encuentra corroborada con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la resolución emitida mediante oficio .....y de las constancias de notificación correspondiente De esta forma, es claro que antes de la presentación de la demanda de amparo -más de seis años- no existía la omisión atribuida a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintisiete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.(V)

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