Agripino Chanita Bello

Expediente 1075/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1075/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Agripino Chanita Bello
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, Tixtla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 61 a 63), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; asimismo, se deja sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencias respectivas. Sin embargo, respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Por otra parte, de constancias de autos del incidente de suspensión, se advierte que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se exhibió un billete de depósito número N 765907 a favor del quejoso, expedido(s) por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), que ampara(n) la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), suma que fue fijada para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida mediante resolución interlocutoria de catorce de octubre del año en curso; por tanto, se deja a disposición del referido quejoso el citado certificado de depósito, quien deberá comparecer personalmente a recibirlo ante este juzgado federal, debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía y asentar razón de su recibo correspondiente, lo que deberá realizar dentro del término de dos años que se establece en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; en el entendido que de no hacerlo, prescribirá a favor del Fisco Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Visto el escrito presentado por el quejoso *********, toda vez que de constancias de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se exhibió un billete de depósito número ****** a favor del quejoso, expedido(s) por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), que ampara(n) la cantidad de $*******(********** pesos 00/100 moneda nacional), suma que fue fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, concedida mediante auto veintiséis de septiembre del año en curso; por tanto, se deja a disposición del referido quejoso el citado certificado de depósito, quien deberá comparecer personalmente a recibirlo ante este juzgado federal, debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía y asentar razón de su recibo correspondiente, lo que deberá realizar dentro del término de dos años que se establece en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; en el entendido que de no hacerlo, prescribirá a favor del Fisco Federal.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, mediante el cual la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, informa que en nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso Agripino Chanita Bello, por la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Alicia Juárez Juárez, dentro de los autos de la causa penal 39/2016. Constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; con las cuales se pone de manifiesto un cambio de situación jurídica en el juicio en que se actúa, porque los efectos de la orden de aprehensión en esta vía constitucional, quedó insubsistente y no puede ser válidamente analizada por tratarse de una cuestión procesal diversa, lo que implica que no es dable resolver sobre una situación jurídica anterior cuando ésta quedó legalmente sustituida por el auto de plazo constitucional que decreta la libertad a favor del aquí quejoso Agripino Chanita Bello, en nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 39/2016. Lo anterior es así, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de plazo constitucional quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 Constitucionales le confieren al agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las del órgano jurisdiccional. Asimismo, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas en la orden de aprehensión y por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso, sobreviniendo así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" En consecuencia, es claro que sobreviene la causal de improcedencia invocada y lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Aplica al caso por analogía la tesis 1a./J. 95/2007, con número de registro, 171,841, consultable a página cincuenta, tomo XXVI, Agosto de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así como la diversa Tesis 2a./J. 10/2003, página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, mediante el cual la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, informa que en nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso Agripino Chanita Bello, por la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Alicia Juárez Juárez, dentro de los autos de la causa penal 39/2016. Constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; con las cuales se pone de manifiesto un cambio de situación jurídica en el juicio en que se actúa, porque los efectos de la orden de aprehensión en esta vía constitucional, quedó insubsistente y no puede ser válidamente analizada por tratarse de una cuestión procesal diversa, lo que implica que no es dable resolver sobre una situación jurídica anterior cuando ésta quedó legalmente sustituida por el auto de plazo constitucional que decreta la libertad a favor del aquí quejoso Agripino Chanita Bello, en nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 39/2016. Lo anterior es así, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de plazo constitucional quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 Constitucionales le confieren al agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las del órgano jurisdiccional. Asimismo, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas en la orden de aprehensión y por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso, sobreviniendo así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" En consecuencia, es claro que sobreviene la causal de improcedencia invocada y lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Aplica al caso por analogía la tesis 1a./J. 95/2007, con número de registro, 171,841, consultable a página cincuenta, tomo XXVI, Agosto de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así como la diversa Tesis 2a./J. 10/2003, página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.

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