Agripino Abad Solana Espindola
Expediente 461/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agripino Abad Solana Espindola
- Agripino Abad Solana Espindola y Otros.
- Guadalupe Reyes Bazán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvanse a la Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, cuatro discos DVD, que contienen la audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, término constitucional y ampliación de dicho término de fechas diecisiete, diecinueve y veintidós de febrero de dos mil dieciséis; así como un CD que contiene transcripción de la resolución de vinculación a proceso de veintidós de febrero del año en curso, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón signada por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte no le fue posible notificar la sentencia firmada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a la parte quejosa AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA y GUADALUPE REYES BAZÁN, por las razones que expone; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha sentencia por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE SE INSERTA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto para pronunciar sentencia los autos del juicio de amparo 461/2016, promovido por AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA y GUADALUPE REYES BAZÁN; contra actos del Juez de Garantías del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y otras autoridades; y, RESULTANDO: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez (foja 2 a 8), se recibió la demanda de amparo promovida por AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA y GUADALUPE REYES BAZÁN; de la cual correspondió conocer a este juzgado por razón de turno; en ella el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la siguiente autoridad: 1.- Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; A quien reclamó: ". IV.- ACTO RECLAMADO: SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA EN FECHA 22 DE FEBRERO DE ESTE AÑO DOS MIL DIECISEIS, DENTRO DE LA CAUSA PENAL NUMERO 38/2016." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, ordenando solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita; emplazar a la tercera interesada; asimismo se señaló fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia constitucional (fojas 9 a 11). III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal, su tramitación corresponde a la primera instancia, y la ejecución del acto reclamado, tiene lugar dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. El acto reclamado para efecto de estudio es: El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan, Oaxaca, en la causa penal 38/2016, instruido en contra de AGRIPINO ABAT SOLANO ESPÍNDOLA Y GUADALUPE REYES BAZÁN, como probables responsables del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de José Luis Lima Sánchez. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan, Oaxaca, por así haberlo externado en su informe justificado (foja 14), razón por la cual, al haber admitido la responsable la existencia del acto que de su autoridad se reclama, debe tenerse como plenamente probado. Tiene aplicación, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, como apoyo a su informe, la autoridad responsable remitió: 1. Un disco certificado, en formato DVD-R (1/1), el cual contiene la audiencia de comunicación de la imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 38/2016 de su índice; 2.- Un disco certificado, en formato DVD-R (1/1), que contiene la audiencia de término constitucional, de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal aludida; 3.- Dos discos certificados, en formato DVD-R (1/2) y (2/2), que contienen la audiencia de ampliación término constitucional, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 38/2016 del índice de la responsable y 4.- Un disco certificado en formato CD-R, que contiene la transcripción de la resolución de vinculación a proceso, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, relativa a la causa penal 38/2016. Discos a los que se les otorga valor probatorio pleno, lo anterior con apoyo en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, al haber sido expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo se cita la jurisprudencia 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se analizará la litis constitucional toda vez que respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra los aquí quejosos el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 38/2016, del índice de la responsable, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 285, correlacionados con los artículos 299, 300, 301 y 302 del Código Penal del Estado de Oaxaca; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, pues no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días; lo que da lugar a decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que indica lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del normativo transcrito se desprende, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos que no se promueven dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Así, de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; fecha en la que se le dictó el auto de vinculación a proceso, pues así se evidencia de lo manifestado en el escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, lo que se valora en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2° de este último ordenamiento. Ello, porque constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", resulta claro que no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. De ahí que la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Además, los aquí quejosos estuvieron presentes en la propia audiencia de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, como se advierte de los discos ópticos remitidos por la responsable, por lo que desde esa fecha quedaron notificados de ella. Por consiguiente, lo anterior es apto para demostrar que la parte quejosa conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en este juicio de amparo, así como la identidad de la autoridad que lo emitió, el número de juicio y el nombre de las partes, desde el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, fecha en que tuvo verificativo la audiencia de vinculación a proceso en la causa penal 38/2016. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, empezó a correr para la parte quejosa al día siguiente hábil en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis; sin contar los días veintisiete y veintiocho, y cinco, seis, doce y trece de febrero de este año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento legal. Luego, si la acción constitucional se instó hasta el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, según se desprende del sello impreso en la parte superior del escrito inicial de amparo, entonces, es evidente que la acción constitucional fue interpuesta de manera extemporánea. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 18, mayo de dos mil quince, página 38, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". De igual forma, sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 13, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 11, que establece lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En el caso, es importante destacar, que con lo determinado en este fallo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizable en la obra Jurisprudencia Interamericana Sobre Derechos Humanos, Criterios Esenciales, editado por la Dirección de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, primera edición, México 2011, de rubro y texto siguientes: "RECURSO EFECTIVO. FORMALIDADES PARA SU ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, PREVIAMENTE A ABORDAR EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado (Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158)". Tal pronunciamiento también encuentra respaldo en la tesis XVI.1º.A.T2K (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 2, marzo de 2012, página 1167, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de la compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son compatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe agregar que los criterios jurisprudenciales citados en la presente resolución, son aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la parte quejoso no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por AGRIPINO ABAT SOLANO ESPÍNDOLA Y GUADALUPE REYES BAZÁN, por las razones y términos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos, de los que se advierte con fecha treinta y uno de agosto del año en curso, se dictó la sentencia respectiva en el presente expediente; por tanto, glósense los oficios suscritos por la Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; visto su contenido, se le tiene informando que suspendió el proceso de la causa penal ******************** de su índice, hasta en tanto reciba notificación de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las diez horas del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, hora y fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, que enseguida se desarrolla. APERTURA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública el licenciado Amado Chiñas Fuentes Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, quien actúa asistido de la licenciada Martha Asunción Suárez Romero, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 461/2016, sin la comparecencia de las partes ni de sus representantes. Acto continuo la Secretaria informa que el expediente está debidamente integrado, ya que las partes fueron formalmente emplazadas a juicio, y obran en autos las constancias siguientes: 1.- Demanda de amparo (fojas 2 a 8); 2.- Emplazamiento a juicio de los terceros interesados Noemí Lima Hernández y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Control de Fiscalías de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca (fojas 16 a 17 y 37 a 41); 3.- El informe rendido por la autoridad responsable: Juez de Garantías del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. PERIODO PROBATORIO Se declara abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no ofreció pruebas, solo obra: 1.- La demanda de amparo signada por AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA y GUADALUPE REYES BAZÁN (fojas 2 a 8). De igual forma, en autos obran agregadas las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable Juez de Garantías del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; consistentes en: 1. Un disco certificado por la jueza responsable, en formato DVD-R (1/1), el cual contiene la audiencia de comunicación de la imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 38/2016 de su índice. 2.- Un disco certificado por la jueza responsable, en formato DVD-R (1/1), que contiene la audiencia de término constitucional, de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal aludida. 3.- Dos discos certificados por la jueza responsable, en formato DVD-R (1/2) y (2/2), que contienen la audiencia de ampliación de término constitucional, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 38/2016 del índice de la responsable. 4.- Un disco certificado en formato CD-R, que contiene la transcripción de la resolución de vinculación a proceso, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, relativa a la causa penal 38/2016. Acto continuo, la secretaría certifica: que al introducir en el equipo de cómputo con número de inventario 341947, el disco 1/1, de su reproducción se advierte contiene la audiencia de comunicación de imputación, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, al haberse ejecutado la orden de aprehensión librada el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal 38/2016 del índice del Juzgado de Garantía de Huajuapan de León, Oaxaca en contra de AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA Y GUADALUPE REYES BAZÁN, como probables responsables en la comisión del delito homicidio calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de José Luis Lima Sánchez; procediendo al retiro de este disco se introdujo a continuación el disco 1/1, el cual se certifica y da fe que contiene: la audiencia de término constitucional celebrada el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis en la causa referida; retirado éste disco, se introdujo el diverso 1/2, el que se certifica y da fe que contiene: la audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal citada; a continuación se retira dicho disco y se procede a introducir el disco 2/2 que contiene la continuación de la ampliación del término constitucional en la aludida causa penal mencionada, finalmente se retira dicho disco y se introduce el diverso disco CD 1/1 del que se certifica y da fe contiene la reproducción escrita de la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis en la causa penal 38/2016, del índice del Juzgado de Garantía de Huajuapan de León, Oaxaca. Por tanto, se admite la prueba documental referida la que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, así como los discos ópticos reproducidos, pruebas que serán consideradas en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, se cierra la presente etapa. PERIODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que las partes no formularon alegatos, y que la Agente del Ministerio Público Federal sí presentó pedimento; por tanto, se tiene por perdido el derecho de las partes a alegar en este asunto, excepto a la representante social quien sí formuló pedimento; con lo anterior se cierra la presente acta. CIERRE DE AUDIENCIA Se declara cerrada la presente audiencia y se procede a emitir la resolución correspondiente. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. AMADO CHIÑAS FUENTES. SECRETARIA. LIC. MARTHA ASUNCIÓN SUÁREZ ROMERO. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto para pronunciar sentencia los autos del juicio de amparo 461/2016, promovido por AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA y GUADALUPE REYES BAZÁN; contra actos del Juez de Garantías del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y otras autoridades; y, RESULTANDO: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez (foja 2 a 8), se recibió la demanda de amparo promovida por AGRIPINO ABAD SOLANO ESPÍNDOLA y GUADALUPE REYES BAZÁN; de la cual correspondió conocer a este juzgado por razón de turno; en ella el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la siguiente autoridad: 1.- Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; A quien reclamó: ". IV.- ACTO RECLAMADO: SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA EN FECHA 22 DE FEBRERO DE ESTE AÑO DOS MIL DIECISEIS, DENTRO DE LA CAUSA PENAL NUMERO 38/2016." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, ordenando solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita; emplazar a la tercera interesada; asimismo se señaló fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia constitucional (fojas 9 a 11). III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal, su tramitación corresponde a la primera instancia, y la ejecución del acto reclamado, tiene lugar dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. El acto reclamado para efecto de estudio es: El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan, Oaxaca, en la causa penal 38/2016, instruido en contra de AGRIPINO ABAT SOLANO ESPÍNDOLA Y GUADALUPE REYES BAZÁN, como probables responsables del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de José Luis Lima Sánchez. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan, Oaxaca, por así haberlo externado en su informe justificado (foja 14), razón por la cual, al haber admitido la responsable la existencia del acto que de su autoridad se reclama, debe tenerse como plenamente probado. Tiene aplicación, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, como apoyo a su informe, la autoridad responsable remitió: 1. Un disco certificado, en formato DVD-R (1/1), el cual contiene la audiencia de comunicación de la imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 38/2016 de su índice; 2.- Un disco certificado, en formato DVD-R (1/1), que contiene la audiencia de término constitucional, de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal aludida; 3.- Dos discos certificados, en formato DVD-R (1/2) y (2/2), que contienen la audiencia de ampliación término constitucional, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 38/2016 del índice de la responsable y 4.- Un disco certificado en formato CD-R, que contiene la transcripción de la resolución de vinculación a proceso, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, relativa a la causa penal 38/2016. Discos a los que se les otorga valor probatorio pleno, lo anterior con apoyo en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, al haber sido expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo se cita la jurisprudencia 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se analizará la litis constitucional toda vez que respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra los aquí quejosos el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 38/2016, del índice de la responsable, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 285, correlacionados con los artículos 299, 300, 301 y 302 del Código Penal del Estado de Oaxaca; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, pues no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días; lo que da lugar a decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que indica lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del normativo transcrito se desprende, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos que no se promueven dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Así, de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; fecha en la que se le dictó el auto de vinculación a proceso, pues así se evidencia de lo manifestado en el escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, lo que se valora en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2° de este último ordenamiento. Ello, porque constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", resulta claro que no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. De ahí que la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Además, los aquí quejosos estuvieron presentes en la propia audiencia de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, como se advierte de los discos ópticos remitidos por la responsable, por lo que desde esa fecha quedaron notificados de ella. Por consiguiente, lo anterior es apto para demostrar que la parte quejosa conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en este juicio de amparo, así como la identidad de la autoridad que lo emitió, el número de juicio y el nombre de las partes, desde el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, fecha en que tuvo verificativo la audiencia de vinculación a proceso en la causa penal 38/2016. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, empezó a correr para la parte quejosa al día siguiente hábil en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis; sin contar los días veintisiete y veintiocho, y cinco, seis, doce y trece de febrero de este año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento legal. Luego, si la acción constitucional se instó hasta el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, según se desprende del sello impreso en la parte superior del escrito inicial de amparo, entonces, es evidente que la acción constitucional fue interpuesta de manera extemporánea. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 18, mayo de dos mil quince, página 38, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". De igual forma, sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 13, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 11, que establece lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En el caso, es importante destacar, que con lo determinado en este fallo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizable en la obra Jurisprudencia Interamericana Sobre Derechos Humanos, Criterios Esenciales, editado por la Dirección de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, primera edición, México 2011, de rubro y texto siguientes: "RECURSO EFECTIVO. FORMALIDADES PARA SU ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, PREVIAMENTE A ABORDAR EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado (Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158)". Tal pronunciamiento también encuentra respaldo en la tesis XVI.1º.A.T2K (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 2, marzo de 2012, página 1167, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de la compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son compatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe agregar que los criterios jurisprudenciales citados en la presente resolución, son aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la parte quejoso no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por AGRIPINO ABAT SOLANO ESPÍNDOLA Y GUADALUPE REYES BAZÁN, por las razones y términos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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