Agni Fajardo Balcarcel
Expediente 1131/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Agni Fajardo Balcarcel
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en el que se sobreseyó este juicio de amparo promovido por Agni Fajardo Balcarcel, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, siendo las once horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 1131/2021-4. Por acuerdo del Juez, se declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y se hace constar que ninguna de las partes compareció a este acto, no obstante su notificación, además, que el Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no ha rendido informe justificado. A lo que el Juez provee: Lo anterior, tómese en consideración al resolver este asunto. Primero, se acuerda dar lectura a la demanda, y a las demás constancias de autos; asimismo, da cuenta con la constancia actuarial de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, donde se asentó la imposibilidad de realizar la diligencia ordenada en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. A lo que el Juez acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias. Enseguida, se declara abierto y cerrado el período probatorio. A continuación, se abre la etapa de alegatos, y se da cuenta con los contenidos en la intervención ministerial 713/2021 signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que el Juez provee: Téngase por formulados los alegatos y al no haber más que reproducir, se cierra esta fase. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente sentencia: V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 1131/2021-4; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional Agni Fajardo Balcarcel, promovió juicio de amparo contra acto de la Oficina del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 1, 4, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de agosto del año en curso, previa ratificación, se admitió la demanda con el número 1131/2021-4, se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención al Representante Social de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tendría ejecución material en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto el acto reclamado es la aplicación de penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional, así como la orden de deportación o destierro. TERCERO. El encargado de la Estación Migratoria y Estancias Provisionales en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante su notificación, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado. Ahora, si bien a la fecha de presentación de la demanda el directo quejoso se encontraba privada de la libertad, es innecesario analizar el acto calificado de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. Este juicio de derechos fundamentales es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, según se expondrá. En efecto Agni Fajardo Balcarcel, acudió el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en demanda de protección constitucional reclamando actos proscritos por el artículo 22 Constitucional, así como la orden de deportación o destierro. Por otro lado, de la constancia actuarial de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que en treinta y uno de agosto del año en curso, se ordenó la salida del quejoso de la estación migratoria donde se encontraba detenido. Por tanto, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la detención reclamada, pues se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues la autoridad dejo de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P. CL/97, consultable en la página 71, del Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse este juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1113/2021-4, promovido por Agni Fajardo Balcarcel, en contra del acto y autoridad mencionada en el resultado primero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por los licenciados David Antonio Martínez Cervantes y Hugo Daniel Cuellar Gómez, representantes legales de Agni Osiris Fajardo Balcarcel; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo al numeral 2 de ésta última, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción para que requiera al directo quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir de aquél en que queden legalmente notificado de este proveído, ratifique el escrito en el que se desiste de la demanda de amparo o bien comparezcan ante este órgano de control constitucional para ese efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, se continuará con la etapa que corresponda en el presente juicio de derechos fundamentales. Lo mencionado encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, visible en la página 295, (registro 174481), que marca: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de auto de la constancia actuarial de veintiocho de agosto del año en curso, se advierte que Agni Fajardo Balcarcel manifestó su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en consecuencia, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de la Materia, se admite la citada demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Sin tramitar incidente de suspensión, toda vez que el veintiocho de agosto del año en curso, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo se fijan las once horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, mismo que inclusive podrá ser rendido utilizando la vía fax que se sirva transmitir al número telefónico 899-926-30-74, correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarlas en estado de indefensión. Se reserva el señalamiento de un tercero interesado hasta en tanto obren en autos las constancias que integran el procedimiento de origen, y de las que pueda desprenderse la existencia de una persona con el carácter de víctima u ofendido, con derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, y por ende, resultarle tal carácter, conforme al artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esta medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celebridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan transcendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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