Agner Escobar Villalobos

Expediente 424/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
424/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
04/12/2017

Partes del expediente

  • Agner Escobar Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 32 a 35), en la que se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los informes justificados rendidos por el Juez Primero Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en esta ciudad. Ahora, advirtiéndose de las copias certificadas que el Juez responsable adjuntó a su aludido informe, deducidas del incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido por el aquí quejoso AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, contra Agner Manuel Escobar Domínguez, conexo al expediente número 652/2005, de su índice (fojas 22 a 28), las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso, AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la abstención o negativa del Juez responsable de dictar la resolución interlocutoria en el incidente de cesación de pensión alimenticia anexo al juicio de pensión alimenticia número 652/2005, y del Ejecutor adscrito a dicho juzgado, en notificarle la resolución correspondiente. De la prueba documental que la autoridad judicial adjuntó a su informe como justificación del mismo, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Familiar responsable, dictó resolución en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso de mérito, en contra de Agner Manuel Escobar Domínguez, anexo al expediente principal número 652/2005; en el que condenó al demandado a la cancelación de la pensión alimenticia que venía disfrutando del 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento), del sueldo y demás prestaciones que obtiene el quejoso como empleado de la empresa Petróleos Mexicanos. Resolución que se notificó de manera personal al quejoso AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, según se advierte de la razón actuarial de esa fecha (foja 27 vuelta). De lo anterior, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que al haberse dictado la resolución correspondiente en el incidente de cancelación de pensión alimenticia respectivo, se restableció, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, en el que se reclamó la negativa de la autoridad judicial responsable de dictar la interlocutoria correspondiente y, al Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar con sede en esta ciudad, la falta de notificación de dicha determinación; actualizándose así de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que lo fue el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución correspondiente en el aludido incidente de cancelación de pensión alimenticia y se notificó personalmente al quejoso la misma, lo que aconteció el diecinueve de octubre siguiente; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196820, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, que el tercero interesado Agner Manuel Escobar Domínguez, dentro del término legal de tres días que se le concedió por auto de admisión, no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho proveído, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por lista. Notifíquese; personalmente al quejoso y por lista al tercero interesado en cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo. III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los informes justificados rendidos por el Juez Primero Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en esta ciudad. Ahora, advirtiéndose de las copias certificadas que el Juez responsable adjuntó a su aludido informe, deducidas del incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido por el aquí quejoso AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, contra Agner Manuel Escobar Domínguez, conexo al expediente número 652/2005, de su índice (fojas 22 a 28), las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso, AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la abstención o negativa del Juez responsable de dictar la resolución interlocutoria en el incidente de cesación de pensión alimenticia anexo al juicio de pensión alimenticia número 652/2005, y del Ejecutor adscrito a dicho juzgado, en notificarle la resolución correspondiente. De la prueba documental que la autoridad judicial adjuntó a su informe como justificación del mismo, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Familiar responsable, dictó resolución en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso de mérito, en contra de Agner Manuel Escobar Domínguez, anexo al expediente principal número 652/2005; en el que condenó al demandado a la cancelación de la pensión alimenticia que venía disfrutando del 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento), del sueldo y demás prestaciones que obtiene el quejoso como empleado de la empresa Petróleos Mexicanos. Resolución que se notificó de manera personal al quejoso AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, según se advierte de la razón actuarial de esa fecha (foja 27 vuelta). De lo anterior, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que al haberse dictado la resolución correspondiente en el incidente de cancelación de pensión alimenticia respectivo, se restableció, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, en el que se reclamó la negativa de la autoridad judicial responsable de dictar la interlocutoria correspondiente y, al Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar con sede en esta ciudad, la falta de notificación de dicha determinación; actualizándose así de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que lo fue el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución correspondiente en el aludido incidente de cancelación de pensión alimenticia y se notificó personalmente al quejoso la misma, lo que aconteció el diecinueve de octubre siguiente; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196820, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, que el tercero interesado Agner Manuel Escobar Domínguez, dentro del término legal de tres días que se le concedió por auto de admisión, no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho proveído, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por lista. Notifíquese; personalmente al quejoso y por lista al tercero interesado en cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los informes justificados rendidos por el Juez Primero Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en esta ciudad. Ahora, advirtiéndose de las copias certificadas que el Juez responsable adjuntó a su aludido informe, deducidas del incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido por el aquí quejoso AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, contra Agner Manuel Escobar Domínguez, conexo al expediente número 652/2005, de su índice (fojas 22 a 28), las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso, AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la abstención o negativa del Juez responsable de dictar la resolución interlocutoria en el incidente de cesación de pensión alimenticia anexo al juicio de pensión alimenticia número 652/2005, y del Ejecutor adscrito a dicho juzgado, en notificarle la resolución correspondiente. De la prueba documental que la autoridad judicial adjuntó a su informe como justificación del mismo, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Familiar responsable, dictó resolución en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso de mérito, en contra de Agner Manuel Escobar Domínguez, anexo al expediente principal número 652/2005; en el que condenó al demandado a la cancelación de la pensión alimenticia que venía disfrutando del 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento), del sueldo y demás prestaciones que obtiene el quejoso como empleado de la empresa Petróleos Mexicanos. Resolución que se notificó de manera personal al quejoso AGNER ESCOBAR VILLALOBOS, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, según se advierte de la razón actuarial de esa fecha (foja 27 vuelta). De lo anterior, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que al haberse dictado la resolución correspondiente en el incidente de cancelación de pensión alimenticia respectivo, se restableció, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, en el que se reclamó la negativa de la autoridad judicial responsable de dictar la interlocutoria correspondiente y, al Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar con sede en esta ciudad, la falta de notificación de dicha determinación; actualizándose así de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que lo fue el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución correspondiente en el aludido incidente de cancelación de pensión alimenticia y se notificó personalmente al quejoso la misma, lo que aconteció el diecinueve de octubre siguiente; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196820, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, que el tercero interesado Agner Manuel Escobar Domínguez, dentro del término legal de tres días que se le concedió por auto de admisión, no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho proveído, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por lista. Notifíquese; personalmente al quejoso y por lista al tercero interesado en cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo. III-A

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