Ageo Abraham Fernández Martínez
Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ageo Abraham Fernández Martínez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó (diez de julio pasado) la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés.********************Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por********************contra actos de la 1. Juez Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades.********************Regístrese con el número 602/2023-II. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************-DESECHAMIENTO-********************De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano.********************De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa reclama: ********************-La emisión del acuerdo de creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el miércoles veinticuatro de mayo de la presente anualidad.********************La parte quejosa acude como parte formal dentro del expediente ********************en comento. Refiere bajo protesta de decir verdad, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés promovió una demanda de derecho de convivencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz. ********************En principio, basta para desechar la presente acción de amparo aducir que en forma notoria e indudable se surte la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Establecen lo siguiente:********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************[.]********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]."********************El Decreto por el que se realizó la creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, que cita el promovente de amparo se publicó el miércoles veinticuatro de mayo de la presente anualidad. Asimismo, estableció que los órganos jurisdiccionales en cuestión empezarían a despachar a partir del veintiséis de ese mismo mes y año [punto VII del Acuerdo]. Al tratarse de un mandato de esa naturaleza, el plazo para inconformarse a través del juicio de amparo era de quince días hábiles. Feneció el quince de junio pasado [descontándose los días inhábiles]. ********************Es así que en el caso, dada la naturaleza de la dolencia constitucional, es aplicable el término genérico previsto por la ley de la materia (quince días) para la interposición de la demanda de amparo contra actos como el aquí reclamado -que no encuadran en los supuestos de excepción establecidos en las fracciones del artículo 17 del citado ordenamiento legal-. Por ende, al no haberse instado la acción de amparo dentro de ese plazo. En términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el acto reclamado ha sido consentido provocando la improcedencia del juicio constitucional. Lo que se hace extensivo a las determinaciones tendientes a ejecutarlo. Y por lo tanto se desecha la acción de amparo. ********************Sustenta lo expuesto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3212, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 328325, que establece:********************"AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte."********************A mayor abundamiento, en forma notoria e indudable también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia.********************El Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, manifiesta en sus considerandos que:********************".V. Acto seguido, tomando en consideración la noticia mensual que remiten a la Dirección de Control y Estadística del Consejo, en el Juzgado Segundo que conoce de materia civil del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, resulta evidente que se han incrementado considerablemente los asuntos relativos a divorcios en sus distintas modalidades; alimentos ya sea pago, incremento, reducción, cancelación o consignación de los mismos, guarda y custodia, patria potestad, depósito de personas, adopción, tutela, rectificación de actas, reconocimiento o desconocimiento de paternidad, entre otras; de ahí que, ante el reclamo de la sociedad de contar con órganos jurisdiccionales a efecto de que únicamente conozcan aquellos asuntos familiares; se acordó necesaria la instauración de un Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Isla, Veracruz, para conocer exclusivamente de dichas cuestiones en ese distrito. ********************VI. De esta forma, es oportuno mencionar que el Juzgado Especializado en Materia Familiar que se crea asumirá la competencia que por grado corresponde a esa categoría de conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás disposiciones aplicables.********************VII. A efecto de equilibrar las cargas de trabajo, los asuntos que se encuentren radicados en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que sean de carácter familiar continuarán tramitándose en el mismo Juzgado hasta su conclusión, con excepción de aquéllos que correspondan al Municipio de Ciudad Isla, Juan Rodríguez Clara y Hueyapan de Ocampo, los cuales deberán ser remitidos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de nueva creación, a partir del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el cual recibirá todos los inicios que sean de carácter familiar, cuya competencia comprende todo el distrito judicial."********************Determinó la creación de un nuevo órgano con sede en la Isla, Veracruz dada la carga de trabajo advertida. Y el envío de determinados asuntos para su continuación. ********************Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, número extraordinario doscientos seis (206), tomo III.********************No se soslaya refiere le causa agravio el actuar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, debido a que no toma en cuenta a) las distancias existentes entre el lugar de origen de la aquí peticionaria y el domicilio donde se ubica el órgano jurisdiccional creado; b) el estado deplorable de la carretera por la que debe transitarse; c) su situación económica; y d) la inseguridad que predomina en la Ciudad de Isla Veracruz. Aunado a que alega se vulneran sus derechos humanos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, debido a que debe trasladarse a aquélla localidad a fin de dar seguimiento a su expediente y realizar los trámites que correspondan lejos de su domicilio. ********************Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado, atañe a una decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Misma que no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares.********************Lo anterior, hace improcedente el amparo porque la litis constitucional tiene su génesis en la existencia de un expediente jurisdiccional donde la quejosa es parte. Y lo aquí reclamado no veda su derecho al servicio de acceso a la justicia. El sumario deberá continuar con su cauce procesal. ********************Por lo que, se itera, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio de los asuntos civiles a que hace alusión entre los que se encuentra el expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz cuyo trámite continuará. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. ********************Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo o persona cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar.********************Por tanto, la creación del juzgado en Ciudad Isla y returno de los asuntos de esa localidad, no le causa un agravio personal y directo a la aquí quejosa. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar con el asunto donde tiene intervención. ********************Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente:********************"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."********************Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley.********************Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente:********************"DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales."********************Esta determinación se robustece siendo conveniente puntualizar que en cuanto a la improcedencia de juicios de amparo derivada de la falta de interés jurídico o legítimo de quienes reclaman actos análogos al aquí analizado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se pronunció en similares términos al resolver las quejas 772/2022, 756/2022, 774/2022, 797/2022 y 771/2022 en sesiones celebradas el cinco, doce y diecinueve de enero, diez de febrero, así como nueve de marzo, todas de dos mil veintitrés. Las cuales declaró infundadas. Cuyo planteamiento derivó de asuntos promovidos por personas en su calidad de parte dentro de procedimientos jurisdiccionales, donde el acto reclamado consistió en un Acuerdo que determinó el cambio de domicilio de juzgados del Distrito Judicial de Veracruz. ********************Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal.********************Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes********************"INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable."********************En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.********************DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Tómese nota del correo electrónico y número celular señalados, únicamente para cuestiones no procesales. ********************CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se permite el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario ********************. Al efecto se provee: ********************a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita.********************b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo.********************AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, ténganse como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a ********************y********************. Y con las restricciones que prevé dicho numeral a ********************.********************LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos.********************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal.********************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna.********************DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.********************UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. ********************DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones.********************En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.********************Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise).
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés.********************Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por********************contra actos de la 1. Juez Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades.********************Regístrese con el número 602/2023-II. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************-DESECHAMIENTO-********************De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano.********************De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa reclama: ********************-La emisión del acuerdo de creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el miércoles veinticuatro de mayo de la presente anualidad.********************La parte quejosa acude como parte formal dentro del expediente ********************en comento. Refiere bajo protesta de decir verdad, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés promovió una demanda de derecho de convivencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz. ********************En principio, basta para desechar la presente acción de amparo aducir que en forma notoria e indudable se surte la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Establecen lo siguiente:********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************[.]********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]."********************El Decreto por el que se realizó la creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, que cita el promovente de amparo se publicó el miércoles veinticuatro de mayo de la presente anualidad. Asimismo, estableció que los órganos jurisdiccionales en cuestión empezarían a despachar a partir del veintiséis de ese mismo mes y año [punto VII del Acuerdo]. Al tratarse de un mandato de esa naturaleza, el plazo para inconformarse a través del juicio de amparo era de quince días hábiles. Feneció el quince de junio pasado [descontándose los días inhábiles]. ********************Es así que en el caso, dada la naturaleza de la dolencia constitucional, es aplicable el término genérico previsto por la ley de la materia (quince días) para la interposición de la demanda de amparo contra actos como el aquí reclamado -que no encuadran en los supuestos de excepción establecidos en las fracciones del artículo 17 del citado ordenamiento legal-. Por ende, al no haberse instado la acción de amparo dentro de ese plazo. En términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el acto reclamado ha sido consentido provocando la improcedencia del juicio constitucional. Lo que se hace extensivo a las determinaciones tendientes a ejecutarlo. Y por lo tanto se desecha la acción de amparo. ********************Sustenta lo expuesto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3212, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 328325, que establece:********************"AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte."********************A mayor abundamiento, en forma notoria e indudable también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia.********************El Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, manifiesta en sus considerandos que:********************".V. Acto seguido, tomando en consideración la noticia mensual que remiten a la Dirección de Control y Estadística del Consejo, en el Juzgado Segundo que conoce de materia civil del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, resulta evidente que se han incrementado considerablemente los asuntos relativos a divorcios en sus distintas modalidades; alimentos ya sea pago, incremento, reducción, cancelación o consignación de los mismos, guarda y custodia, patria potestad, depósito de personas, adopción, tutela, rectificación de actas, reconocimiento o desconocimiento de paternidad, entre otras; de ahí que, ante el reclamo de la sociedad de contar con órganos jurisdiccionales a efecto de que únicamente conozcan aquellos asuntos familiares; se acordó necesaria la instauración de un Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Isla, Veracruz, para conocer exclusivamente de dichas cuestiones en ese distrito. ********************VI. De esta forma, es oportuno mencionar que el Juzgado Especializado en Materia Familiar que se crea asumirá la competencia que por grado corresponde a esa categoría de conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás disposiciones aplicables.********************VII. A efecto de equilibrar las cargas de trabajo, los asuntos que se encuentren radicados en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que sean de carácter familiar continuarán tramitándose en el mismo Juzgado hasta su conclusión, con excepción de aquéllos que correspondan al Municipio de Ciudad Isla, Juan Rodríguez Clara y Hueyapan de Ocampo, los cuales deberán ser remitidos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de nueva creación, a partir del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el cual recibirá todos los inicios que sean de carácter familiar, cuya competencia comprende todo el distrito judicial."********************Determinó la creación de un nuevo órgano con sede en la Isla, Veracruz dada la carga de trabajo advertida. Y el envío de determinados asuntos para su continuación. ********************Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, número extraordinario doscientos seis (206), tomo III.********************No se soslaya refiere le causa agravio el actuar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, debido a que no toma en cuenta a) las distancias existentes entre el lugar de origen de la aquí peticionaria y el domicilio donde se ubica el órgano jurisdiccional creado; b) el estado deplorable de la carretera por la que debe transitarse; c) su situación económica; y d) la inseguridad que predomina en la Ciudad de Isla Veracruz. Aunado a que alega se vulneran sus derechos humanos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, debido a que debe trasladarse a aquélla localidad a fin de dar seguimiento a su expediente y realizar los trámites que correspondan lejos de su domicilio. ********************Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado, atañe a una decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Misma que no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares.********************Lo anterior, hace improcedente el amparo porque la litis constitucional tiene su génesis en la existencia de un expediente jurisdiccional donde la quejosa es parte. Y lo aquí reclamado no veda su derecho al servicio de acceso a la justicia. El sumario deberá continuar con su cauce procesal. ********************Por lo que, se itera, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio de los asuntos civiles a que hace alusión entre los que se encuentra el expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz cuyo trámite continuará. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. ********************Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo o persona cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar.********************Por tanto, la creación del juzgado en Ciudad Isla y returno de los asuntos de esa localidad, no le causa un agravio personal y directo a la aquí quejosa. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar con el asunto donde tiene intervención. ********************Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente:********************"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."********************Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley.********************Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente:********************"DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales."********************Esta determinación se robustece siendo conveniente puntualizar que en cuanto a la improcedencia de juicios de amparo derivada de la falta de interés jurídico o legítimo de quienes reclaman actos análogos al aquí analizado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se pronunció en similares términos al resolver las quejas 772/2022, 756/2022, 774/2022, 797/2022 y 771/2022 en sesiones celebradas el cinco, doce y diecinueve de enero, diez de febrero, así como nueve de marzo, todas de dos mil veintitrés. Las cuales declaró infundadas. Cuyo planteamiento derivó de asuntos promovidos por personas en su calidad de parte dentro de procedimientos jurisdiccionales, donde el acto reclamado consistió en un Acuerdo que determinó el cambio de domicilio de juzgados del Distrito Judicial de Veracruz. ********************Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal.********************Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes********************"INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable."********************En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.********************DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Tómese nota del correo electrónico y número celular señalados, únicamente para cuestiones no procesales. ********************CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se permite el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario ********************. Al efecto se provee: ********************a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita.********************b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo.********************AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, ténganse como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a ********************y********************. Y con las restricciones que prevé dicho numeral a ********************.********************LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos.********************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal.********************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna.********************DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.********************UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. ********************DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones.********************En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.********************Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise).
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