Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte
Expediente 2/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte
- Adela Aidee Rodríguez Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra de la resolución dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá depurar este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha en que se decreta su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Capitulo Séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que en éste juicio se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados; asimismo, al prudente arbitrio de este juzgador se considera que este juicio no tiene relevancia documental, sin perjuicio de conservar la resolución en la que se decretó la suspensión mencionada. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es depurable. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
QUEJOSO: Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Se tiene a la autoridad responsable Encargado de la Coordinación de la Guardia Nacional "Chihuahua" por ausencia temporal del titular, con sede en la Capital, rindiendo su correspondiente informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal, y haciendo las manifestaciones a que hace referencia, en el sentido de que al realizar una búsqueda física en sus instalaciones, no se localizó a ninguna persona detenida, ni tampoco obran datos que indiquen que personal de la Guardia Nacional haya ejecutado o este ejecutando alguno de los actos que reclama la directa quejosa; lo anterior, será tomado en consideración en su momento procesal oportuno. En atención a lo anterior, intégrese para que surtan sus efectos legales procedentes, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, de la ley de amparo, se tiene a la autoridad responsable, señalando el domicilio oficial que cita para recibir notificaciones; y conforme al artículo 9° de la ley de la materia designando como delegados de su parte a los profesionistas que refiere; respecto al correo electrónico que señala, se le tiene únicamente para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257, fracción I 1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdicción. Por otro lado, visto el estado que guardan los presente autos, se advierte que a la presente data ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa Adela Aidee Rodríguez Alonso, para que cumpliera al requerimiento que se le formuló en proveído tres de enero de los actuales, y al efecto manifestara cual es la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable Director General de la Policía Ministerial adscrito a Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y así, estar en aptitud de notificarla. Lo anterior, sin que lo hayan hecho así, no obstante de estar notificada para ello, como se advierte de la notificación por comparecencia ante este Juzgado de la directa quejosa Adela Aidee Rodríguez Alonso levantada por el Actuario Judicial adscrito, el cuatro de enero del presente año, la cual surtió sus efectos legales el cinco del mismo mes. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en el referido proveído y se tiene a la autoridad antes señalada inexistente para los efectos legales del presente asunto; por ende, se suspende toda notificación a la misma. Apoya la anterior consideración, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Tesis: VII.2o.P.T.11K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1891, del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SU DECLARATORIA DEBE ESTAR PRECEDIDA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DE ESE EVENTO PROCESAL Y DEL APERCIBIMIENTO PARA QUE PRECISE, CORRIJA O ACLARE EL NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." Finalmente, cabe mencionar que el acto reclamado por la promovente del amparo Laura Jazmín Badillo Rodríguez, en representación de su hermana la directa quejosa Adela Aidee Rodríguez Alonso es el siguiente: La incomunicación, la orden de detención y orden de aprehensión. Sin embargo, en el acta asentada por el Actuario adscrito, el dos de enero de dos mil veintitrés, la directa quejosa Adela Aidee Rodríguez Alonso, únicamente ratificó la demanda de amparo por el acto consistente en la incomunicación. Se itera, la directa quejosa Adela Aidee Rodríguez Alonso se presentó en las instalaciones de este órgano de control constitucional el cuatro de enero del presente año, y se notificó del auto de radicación de la demanda, con lo cual se apreció claramente que no se encuentra incomunicada. En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, del tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, atento a lo manifestado por la autoridad en el sentido de que la quejosa no se encontraba incomunicada, lo cual se corrobora al haberse presentado en las instalaciones de este Juzgado Federal a notificarse del acuerdo de radicación del presente juicio. En consecuencia, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado (incomunicación), por lo cual se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las diez horas con veinticinco minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio que signa el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, con sede en esta ciudad, agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez, que en acuerdo de diez de enero del presente año, se acordó sobre sobre su contenido. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
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