Agencia de Motocicletas Orientales Ren-Fra S.A.

Expediente 1314/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1314/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Agencia de Motocicletas Orientales Ren-Fra S.A.

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintidós de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por ***, apoderado de la moral quejosa ***, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, segundo párrafo, del mencionado acuerdo general, se hace saber a la parte quejosa que se dejan a su disposición los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, por lo que podrá presentarse ante este juzgado federal, por si o a través de persona debidamente autorizada para ello, con identificación oficial vigente, a recuperarlos; apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término de noventa días, contados a partir de que se ordene el archivo de este asunto, serán destruidos. GENERACIÓN DE CITAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora bien, a fin de que la citada parte pueda acudir a este juzgado federal por los documentos que fueron puestos a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán programar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en la página electrónica que se inserta a continuación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccio nale s/home. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de octubre de dos mil veintidós. DEVUELVE COMUNICACIÓN OFICIAL. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devolviendo diligenciado el exhorto 1015/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de septiembre pasado. Se ordena dar de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de estadística....M-VII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta; visto su contenido, se tiene a la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, y remite los autos originales del juicio de amparo 1187/2022. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 37 y 48, de la Ley de Amparo, y en atención a lo acordado en auto de veinticinco de agosto pasado, este juzgado se avoca al conocimiento de dicha demanda motivo del presente juicio; por tanto, vía interconexión remítase el acuse de recibo correspondiente. En atención a lo anterior, téngase por recibida la demanda promovida por ..., apoderado de la moral quejosa ..., contra actos de las autoridades que a continuación se enlistan: 1. Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2 de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México; 2. Banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; 3. Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, 4. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. PERSONALIDAD. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad que ostenta ..., en términos de la copia certificada de la escritura ciento un mil quinientos cuarenta y siete, del libro dos mil ciento cincuenta y ocho, folio ciento treinta y siete mil cuatrocientos catorce, de veintinueve de abril de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Número Sesenta y Tres de la Ciudad de México, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la inmovilización de la cuenta bancaria número ..., de la institución BBVA MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA MÉXICO, sin que previamente se le haya notificado el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior, pues aduce que al acudir a una sucursal bancaria a realizar operaciones en su cuenta, no fue posible, siendo informada por funcionarios de dicha institución que había una orden de inmovilización de su cuenta, misma que atribuye a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2 de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra dicho acto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; . La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la impetrante no agotó, previo a acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada consistente en agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Precisado lo anterior, se considera que, en el caso, la moral quejosa no agotó el principio de definitividad. En efecto, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, previsto en los artículos 116 y 117 del Código Fiscal de la Federación, que establecen: "Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. d) (DEROGADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Tales numerales prevén la regla de procedencia del recurso de revocación, y la agrupan en: a) resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y b) actos de autoridades fiscales federales. De los actos contemplados en el segundo grupo, conviene destacar aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que su cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que no se ajustó a la ley. Conforme el contenido del numeral invocado, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación. Es aplicable, la tesis aislada I.5o.A.94 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 162150, del siguiente tenor: EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PUEDE IMPUGNARSE DE MANERA AUTÓNOMA MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2010, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 51/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 429, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE EMBARGOS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL DEUDOR ALEGUE QUE RECAYERON SOBRE BIENES INEMBARGABLES, CONFORME AL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN., estableció que la regla general que impide impugnar indiscriminadamente cualquier acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución previamente a la publicación de la convocatoria de remate, admite diversas excepciones en razón del sujeto que promueva el recurso o de las características del acto que se reclame, de lo que se sigue que esa acotación respecto de la procedencia de los medios ordinarios de defensa se refiere a aquellos actos en los que se embargan bienes susceptibles de remate. Por otra parte, tratándose del embargo de cuentas bancarias, conforme al artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, luego de que la autoridad hacendaria recabe la información de los fondos contenidos en aquéllas y que el crédito se encuentre firme, ordenará su aplicación al crédito fiscal por el importe de éste. En estas condiciones, como en la indicada hipótesis no se llevan a cabo las etapas de avalúo y remate, dicho embargo puede impugnarse de manera autónoma mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo federal, pues el contribuyente no puede controvertir de otra forma la transferencia de su dinero, al no existir publicación de convocatoria previa que lo permita, como en el caso de bienes susceptibles de remate. En ese sentido, se insiste que los actos reclamados pueden ser combatidos a través del recurso de revocación, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Ello, en atención a que tal recurso es optativo según lo dispuesto por el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación . Cabe precisar que el vocablo optativo previsto en el numeral de referencia no entraña la facultad de decidir si se impugna el acto mediante los recursos ordinarios o mediante el juicio de amparo, sino que se refiere únicamente a la voluntad de inconformarse a través del recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 1a./J. 148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 355, que a la letra dice: RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO PODRÁ EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo podrá, ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. En efecto, no es optativo para el interesado observar o no el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; de ahí que se encuentre obligado a agotar los recursos que las leyes secundarias establecen a su favor, previo al ejercicio de la acción constitucional. Habida cuenta que, en caso de que opte por el recurso de revocación o el juicio contencioso, existe la posibilidad de suspenderse el acto, ya que ambas vías se rigen por lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tal dispositivo prevé: Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Sin que tal porción normativa prevea mayores requisitos que los contenidos en los artículos 128, 129, 130, 132, 135 y 136 la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2011289, del siguiente rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Sin que sea óbice a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 33/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la que sostuvo que el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución, constituye un acto de imposible reparación, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo indirecto; pues ello es viable una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios; ya que la irreparabilidad del acto no constituye una excepción al principio de definitividad, pues éste se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Cabe citar, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida en contradicción de tesis por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro 2005039, del siguiente tenor: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De ahí que si la parte quejosa optó por acudir a la tutela constitucional, sin antes haber agotado los medios de defensa que las leyes secundarias que rigen el acto reclamado prevén a su favor, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1377, registro 2008718, del siguiente tenor: INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA POR EXHORTO. En virtud de que la quejosa Agencia de Motocicletas Orientales REN-FRA, Sociedad Anónima, señaló como domicilio procesal el ubicado en ..., con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; para que por su conducto, y en auxilio de las labores de este juzgado federal, comisione al actuario de su adscripción con el objeto de que se constituya en el referido lugar y notifíquese personalmente el presente auto a la parte quejosa, del que se anexa copia para debido traslado. AUTORIZADOS. Como lo solicita el promovente del presente juicio de amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....M-VII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Visto los oficios de cuenta y anexos consistentes en copia de demanda y del escrito aclaratorio signados por Andrei Rendón González, apoderado de la moral quejosa Agencia de Motocicletas Orientales REN-FRA, Sociedad Anónima, las cuales obran en el juicio de amparo 1187/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se desprende que, en acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo de referencia, dicho juzgado se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por la citada parte procesal, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "2" con sede en la Ciudad de México de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1314/2022- VII-A. SE RESERVA ACORDAR RESPECTO DE LA ADMISIÓN. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se advierte que, Andrei Rendón González JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 promovió la demanda en su carácter de apoderado de la moral quejosa Agencia de Motocicletas Orientales RENFRA, Sociedad Anónima, por lo que es necesario contar con todas las constancias que conforman el juicio de amparo 1187/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sobre todo, la documental con la que el promovente del amparo acreditó su personalidad, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo. En tal virtud, requiérase atentamente al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que, de no existir algún inconveniente, remita la totalidad de dichas constancias, incluyendo el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, si es posible, a través del servicio de mensajería acelerada Estafeta; lo anterior, al resultar necesarias para que éste juzgado se pronuncie respecto de la admisión de la demanda en comento...M-VII

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