Agencia Consignataria Peninsular Sociedad Civil Particular

Expediente 3596/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3596/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Agencia Consignataria Peninsular Sociedad Civil Particular

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que mediante proveído de nueve de marzo del año en curso, se acordó oficio de idéntico contenido, proveyéndose lo conducente. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional en el amparo en revisión 329/2017 (cuaderno auxiliar 989/2017), pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región: para que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015. Ahora bien, se toman en cuenta los efectos de la sentencia pronunciada por este Juzgado Federal en los que se declaró la inconstitucionalidad el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. 1. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de ese año, así como del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015), así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de: Concesión respecto del Tribunal revisor: ".Entonces, si la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ya determinó en jurisprudencia que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, debe concederse al amparo y petición de la Justicia Federal respecto de dicha norma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para que se desincorpore de la esfera jurídica aplicable a la quejosa, acorde a lo establecido en el criterio 2a./J. 160/2016 (10a) visible a foja seiscientos noventa y ocho, Libro 35, octubre de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español." Y conforme a lo determinado por este juzgado, lo que quedó firme al no ser materia de impugnación: "El artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, cabe destacar que los efectos del amparo se traducen en los puntos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, referentes al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a) y, De que se advierta la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.). Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa, asimismo que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de atender a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados en el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, pero que no obstante, éste perdió vigencia. Asimismo, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que respecto a este numeral, la ejecutoria se encuentra cumplida. En relación con la alegada pérdida de vigencia del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, es menester acotar que este Juzgado de Distrito sostuvo en los juicios de amparo 539/2014, 1097/2014, 1221/2014, 1791/2014 y 1983/2014, que respecto de dicha normatividad, el cumplimiento de la ejecutoria quedó sin materia, lo cual es coincidente sustantivamente con la alegación de pérdida de vigencia anunciada por la responsable, en virtud de que: La condicionante futura de la concesión de amparo 'hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español' respecto del citado Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, fue superada al expedir la autoridad responsable diversas publicaciones relevantes que sustituyeron dicho anexo. Al expedir la nueva reglamentación la autoridad administrativa acató la principal instrucción fijada por el Alto Tribunal para cumplir con la condición futura fijada en la jurisprudencia 2a./J.160/2016 (10a.), relativa al Anexo 24 para 2015. La concesión de amparo otorgada a la quejosa dejó de surtir efectos al formular y publicar el Servicio de Administración Tributaria en medios a su alcance, el Anexo 24 para 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Anexo Técnico en su sitio de internet, los que posibilitan a la quejosa el cumplimiento de la obligación formal del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación (declarado constitucional por el Alto Tribunal), respecto del ejercicio en que estuvo imposibilitada para hacerlo. De lo anterior la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar los Recursos de Inconformidad 871/2017, 872/2017, 873/2017, 874/2017 y 875/2017, en sesión extraordinaria de 25 de septiembre de 2017, ya se pronunció y resolvió que las publicaciones relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos, con la salvedad de que: "[.] la autoridad administrativa tampoco está en condiciones de sancionar a la parte quejosa por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquel ejercicio en el que estuvo imposibilitada de hacerlo, ante la ausencia de los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML; pues se insiste, es hasta la emisión del Anexo 24 de la RMF para 2017 (y su documento técnico), con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual la recurrente ya está en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal." En ese orden de ideas, es preciso resaltar que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió a partir de los recursos de inconformidad en cita, los criterios: 1) 2a.XXIV/2018 (10a.): "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015." 2) 2a.XXVI/2018 (10a.) "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA" y 3) 2a.XXV/2018 (10a.) "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA LA APLICACIÓN DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CON SU DOCUMENTO TÉCNICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, QUEA ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015, NO GENERA PERJUICIO AL GOBERNADO." Al respecto, de los criterios enunciados con anterioridad, se advierte que ya se subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas (Anexo 24 para 2015) y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos, por lo que la vigencia de la jurisprudencia 2a./160/2016 (10a.), estuvo supeditada, hasta que la autoridad administrativa emitió reglas inteligibles en idioma español, tales como las de la resolución miscelánea fiscal para 2017, por lo que la imposibilidad para cumplir con la obligación formal (la obligación sustantiva no fue objeto de protección constitucional) ya fue superada y su aplicación retroactiva no es de las prohibidas por el artículo 14 constitucional, pues la normativa facilita el cumplimiento de sus obligaciones formales. En este orden de ideas, tal y como lo explicitan los tres criterios derivados de las cinco ejecutorias de inconformidad, la quejosa ya está en condiciones de dar cumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación (declarado constitucional) respecto de aquél ejercicio en el que estaba imposibilitada para hacerlo (2015 en adelante). Pretender que la autoridad administrativa debía desincorporar de manera absoluta el cumplimiento formal de la obligación sustantiva (declarada constitucional por el Alto Tribunal) de ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet, por el ejercicio 2015 y sucesivos, hasta el momento en que la autoridad emitiera las reglas inteligibles en idioma español, excede los límites temporales de la jurisprudencia 2a./160/2016 (10a.). Pues dichos límites solamente demoraron el cumplimiento formal de la obligación sustantiva, hasta que las herramientas formales para ejecutarla (Anexo 24 RMF2017) fueran publicadas en medios al alcance de la autoridad. En apoyo de las consideraciones antes expuestas, se cita lo resuelto en ejecutoria de 30 de abril de 2018, dictada en el Recurso de Inconformidad 235/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que en lo específico resolvió: ". los efectos de la protección constitucional concedida respecto al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 se supeditaron a la realización de un acto futuro; lo que implica que gozarían de los efectos del amparo ". hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria publique, en cualquiera de los medios que tenga a su alcance, los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML, en idioma castellano o español". Esto es, la concesión del amparo respecto del referido Anexo 24 no tuvo por efecto liberar definitivamente a las quejosas de la obligación de ingresar su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria en relación a los ejercicios en los que estuvo vigente, pues únicamente se limitó a suspender la materialización o exigibilidad del cumplimiento de ese deber hasta en tanto la autoridad habilitada para ello emitiera los lineamientos técnicos para la generación de archivos XML en idioma español. En ese entendido, al haberse actualizado la condición a la que estaba sujeta la concesión del amparo con la expedición del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, significa que las recurrentes ya están en condiciones de dar cumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación respecto de aquel o aquellos ejercicios en los que estaban imposibilitadas para hacerlo." Finalmente, también es relevante señalar que es un hecho notorio para esta juzgadora que en el Amparo en Revisión 810/2017, resuelto en sesión de la Segunda Sala de 29 de noviembre de 2017, se enfatizó que las razones técnicas que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la multicitada jurisprudencia 2a./160/2016 (10a.), cesaron sus efectos, puesto que en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, como en el diverso de la Cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, ya no subsisten los motivos que la originaron. De esta forma, por los motivos expuestos, ha quedado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en relación con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 2. Archivo del expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Finamente, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior, hágase del conocimiento personalmente a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito, informa haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo; por lo que manifiesta: 1.-Que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa; por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. 2. Que no aplicará a la quejosa en lo presente ni en lo futuro, el contenido del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, máxime que el mismo ha dejado de tener vigencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese el oficio de cuenta, para que obre como corresponda. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se desprende que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, y respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para efecto de desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el anexo citado, y que para el caso de haberse instaurado procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, con copia del ocurso de mérito, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del oficio de cuenta remitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, con los datos aportados por la autoridad y con las constancias que obren en el expediente. Finalmente, se toma conocimiento que la promoción presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes dos punto cero (SISE 2.0), por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con número de registro 90560, carece de documento alguno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    VISTO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS Y ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, POR NO ASISTIR A NOTIFICARSE EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO FEDERAL. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: "En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas". De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, cabe precisar que la peticionaria de amparo, no desahogó la vista otorgada, lo que permite presumir su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad a la sentencia de amparo, en cuanto a la norma en estudio. Ahora, tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última no manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 391 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo que respecta al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; en el entendido que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Asimismo, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE Y POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

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