Agapita Urrea Acosta

Expediente 956/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 62 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
956/2017
Año
2017
Actuaciones
62
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Agapita Urrea Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    Vistos los autos, se advierte que las partes a la fecha nada manifestaron contra el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, en consecuencia, al haber transcurrido el término que refiere el artículo ***, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran contra dicho auto, se declara que el mismo ha causado estado; por tanto,se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de lo anterior a las partes y agréguense los cuadernos incidentales. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que el cuaderno principal así como el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Vistos, tanto la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de septiembre del año en curso, con el propósito de que refiriera lo que a su interés legal conviniera en relación con los actos llevados a cabo en cumplimiento a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable; asimismo, se advierte que la quejosa por conducto de a su autorizado, expuso diversas manifestaciones al respecto en escrito agregado en auto de veintinueve de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, este juzgado analizará si de acuerdo con las constancias integradas al expediente y las manifestaciones que expone la parte quejosa, el fallo protector de encuentra cumplido. Mediante sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para efecto de que la autoridad responsable restituyera a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, en los términos siguientes: "El Ministerio Público responsable debe dejar insubsistente el aseguramiento del inmueble denominado "La Guadalupana" ubicado en las coordenadas *** decretado en resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, en la averiguación previa ***. En el entendido de que si el representante social considera que tiene atribuciones para decidir nuevamente sobre el aseguramiento del inmueble de referencia, con plenitud de jurisdicción analice los datos que obran en la indagatoria, y tome en cuenta los antecedentes de propiedad y registrales del inmueble. Además, deberá explicar con precisión los medios de prueba en que se apoye para realizar sus deducciones, y a partir de ahí, determine lo que estime conducente, siempre y cuando purgue los vicios formales destacados en este fallo. Como consecuencia de ello, también deberá dejar insubsistente el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa ***. Determinación que causó ejecutoria por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, requiriéndole a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. Mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, se agregó el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo ministerial de treinta y uno de marzo del año en curso, dictado en la averiguación previa ***, del que se advierte que dejó sin efecto el acuerdo de aseguramiento de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, asimismo, decretó nuevamente el aseguramiento provisional del bien inmueble motivo de la presente litis constitucional. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional consideró que no se encontraba cumplida a cabalidad la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se requirió nuevamente a fin de que cumpliera cabalmente con el fallo protector. Mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso, se agregó el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo ministerial de veintidós de septiembre del año en curso, dictado en la averiguación previa ***, en el que dejó sin efecto el acuerdo de aseguramiento de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, seis de noviembre de dos mil diecisiete y treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, asimismo, decretó nuevamente el aseguramiento provisional del bien inmueble motivo de la presente litis. En esas condiciones, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente el aseguramiento del inmueble denominado "La Guadalupana" ubicado en las coordenadas ***, decretado en resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, en la averiguación previa ***. El representante social consideró que tiene atribuciones para decidir nuevamente sobre el aseguramiento del inmueble de referencia, por lo que, el veintidós de septiembre del año en curso, dictado en la averiguación previa ***, dejó sin efecto los acuerdos de aseguramientos de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, seis de noviembre de dos mil diecisiete, y treinta y uno de marzo del año en curso. Asimismo, decretó nuevamente el aseguramiento provisional del bien inmueble que se defiende en esta vía constitucional, en la que precisó los medios de prueba en que se apoyó para realizar sus deducciones; al respecto, en el resultando primero de la resolución en cita, relató los elementos de prueba que obran en el sumario de origen. Es decir, purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo. En tal virtud, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Finalmente, son infundadas las manifestaciones de inconformidad que hace la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Pues esencialmente refiere que no se cuentan con datos objetivos que hagan presumir que los recursos económicos provienen de actividades ilícitas, además de que se ha acreditado que el inmueble que se defiende en esta vía constitucional, fue adquirido a través de su madre Agapita Urrea Acosta, lo que acreditó oportunamente. Asimismo, agrega que para que el inmueble sea susceptible de aseguramiento, bajo el concepto de producto de delito, necesariamente se debió establecer de manera objetiva que el dinero con el que fue adquirido proviene de alguna actividad ilícita, lo cual, según dice, no acontece en la especie, por lo que se incurre en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe precisarse que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, obedeció a que la autoridad responsable no precisó los motivos ni los datos de prueba específicos y particulares por los cuales consideró que el inmueble era producto, objeto o instrumento del delito de delincuencia organizada, y por qué era utilizado por miembros de la delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo actividades ilícitas. Es decir, se advirtieron violaciones formales del acto reclamado, específicamente la falta de motivación, de manera que este órgano constitucional, al emitir la sentencia respectiva, se encontraba jurídicamente imposibilitado para analizar los argumentos hechos valer por el solicitante del amparo en torno al fondo del asunto, porque los mismos serían objeto del nuevo acto que emitiera la autoridad. Ahora bien, como se destacó, las manifestaciones de inconformidad realizadas por la parte quejosa están encaminadas a combatir cuestiones de fondo del aseguramiento emitido en cumplimiento al fallo protector, no por cuestiones formales, que son por las que se concedió el amparo en este asunto. Pues en las mismas refiere que la representación social responsable no cuenta con datos objetivos que hagan presumir que los recursos económicos provengan de actividades ilícitas; o bien, para que el inmueble sea susceptible de aseguramiento, debió establecer de manera objetiva que el dinero con el que fue adquirido proviene de alguna actividad ilícita, sin embargo, esas consideraciones de fondo, no formaron parte de los efectos del fallo protector. Por lo que, los argumentos que surjan con motivo del cumplimiento de la sentencia protectora, en dado caso, serán materia de un nuevo análisis constitucional. En tal virtud, se reitera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos.

  3. Principal

    Vistos, tanto la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de septiembre del año en curso, con el propósito de que refiriera lo que a su interés legal conviniera en relación con los actos llevados a cabo en cumplimiento a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable; asimismo, se advierte que la quejosa por conducto de a su autorizado, expuso diversas manifestaciones al respecto en escrito agregado en auto de veintinueve de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, este juzgado analizará si de acuerdo con las constancias integradas al expediente y las manifestaciones que expone la parte quejosa, el fallo protector de encuentra cumplido. Mediante sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para efecto de que la autoridad responsable restituyera a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, en los términos siguientes: "El Ministerio Público responsable debe dejar insubsistente el aseguramiento del inmueble denominado "La Guadalupana" ubicado en las coordenadas *** decretado en resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, en la averiguación previa ***. En el entendido de que si el representante social considera que tiene atribuciones para decidir nuevamente sobre el aseguramiento del inmueble de referencia, con plenitud de jurisdicción analice los datos que obran en la indagatoria, y tome en cuenta los antecedentes de propiedad y registrales del inmueble. Además, deberá explicar con precisión los medios de prueba en que se apoye para realizar sus deducciones, y a partir de ahí, determine lo que estime conducente, siempre y cuando purgue los vicios formales destacados en este fallo. Como consecuencia de ello, también deberá dejar insubsistente el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa ***. Determinación que causó ejecutoria por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, requiriéndole a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. Mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, se agregó el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo ministerial de treinta y uno de marzo del año en curso, dictado en la averiguación previa ***, del que se advierte que dejó sin efecto el acuerdo de aseguramiento de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, asimismo, decretó nuevamente el aseguramiento provisional del bien inmueble motivo de la presente litis constitucional. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional consideró que no se encontraba cumplida a cabalidad la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se requirió nuevamente a fin de que cumpliera cabalmente con el fallo protector. Mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso, se agregó el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo ministerial de veintidós de septiembre del año en curso, dictado en la averiguación previa ***, en el que dejó sin efecto el acuerdo de aseguramiento de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, seis de noviembre de dos mil diecisiete y treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, asimismo, decretó nuevamente el aseguramiento provisional del bien inmueble motivo de la presente litis. En esas condiciones, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente el aseguramiento del inmueble denominado "La Guadalupana" ubicado en las coordenadas ***, decretado en resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, en la averiguación previa ***. El representante social consideró que tiene atribuciones para decidir nuevamente sobre el aseguramiento del inmueble de referencia, por lo que, el veintidós de septiembre del año en curso, dictado en la averiguación previa ***, dejó sin efecto los acuerdos de aseguramientos de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, seis de noviembre de dos mil diecisiete, y treinta y uno de marzo del año en curso. Asimismo, decretó nuevamente el aseguramiento provisional del bien inmueble que se defiende en esta vía constitucional, en la que precisó los medios de prueba en que se apoyó para realizar sus deducciones; al respecto, en el resultando primero de la resolución en cita, relató los elementos de prueba que obran en el sumario de origen. Es decir, purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo. En tal virtud, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Finalmente, son infundadas las manifestaciones de inconformidad que hace la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Pues esencialmente refiere que no se cuentan con datos objetivos que hagan presumir que los recursos económicos provienen de actividades ilícitas, además de que se ha acreditado que el inmueble que se defiende en esta vía constitucional, fue adquirido a través de su madre Agapita Urrea Acosta, lo que acreditó oportunamente. Asimismo, agrega que para que el inmueble sea susceptible de aseguramiento, bajo el concepto de producto de delito, necesariamente se debió establecer de manera objetiva que el dinero con el que fue adquirido proviene de alguna actividad ilícita, lo cual, según dice, no acontece en la especie, por lo que se incurre en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe precisarse que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, obedeció a que la autoridad responsable no precisó los motivos ni los datos de prueba específicos y particulares por los cuales consideró que el inmueble era producto, objeto o instrumento del delito de delincuencia organizada, y por qué era utilizado por miembros de la delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo actividades ilícitas. Es decir, se advirtieron violaciones formales del acto reclamado, específicamente la falta de motivación, de manera que este órgano constitucional, al emitir la sentencia respectiva, se encontraba jurídicamente imposibilitado para analizar los argumentos hechos valer por el solicitante del amparo en torno al fondo del asunto, porque los mismos serían objeto del nuevo acto que emitiera la autoridad. Ahora bien, como se destacó, las manifestaciones de inconformidad realizadas por la parte quejosa están encaminadas a combatir cuestiones de fondo del aseguramiento emitido en cumplimiento al fallo protector, no por cuestiones formales, que son por las que se concedió el amparo en este asunto. Pues en las mismas refiere que la representación social responsable no cuenta con datos objetivos que hagan presumir que los recursos económicos provengan de actividades ilícitas; o bien, para que el inmueble sea susceptible de aseguramiento, debió establecer de manera objetiva que el dinero con el que fue adquirido proviene de alguna actividad ilícita, sin embargo, esas consideraciones de fondo, no formaron parte de los efectos del fallo protector. Por lo que, los argumentos que surjan con motivo del cumplimiento de la sentencia protectora, en dado caso, serán materia de un nuevo análisis constitucional. En tal virtud, se reitera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio de la cual solicita copia certificada de la constancia de notificación del auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente la copia certificada que refiere, previa toma de recibo que se deje asentada en autos para constancia, en cuanto las labores de este juzgado lo permitan, asimismo, se tiene por autorizados para recibir dichas copias a las personas que menciona.

Quedan 58 actuaciones en este expediente

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