Africa Canek Pantoja Hernández
Expediente 230/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/06/2019
Partes del expediente
- Africa Canek Pantoja Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia pronunciada el quince de mayo del año en curso (fojas 248 a 254). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se negó por una parte y se concedió por otra, respecto de los actos reclamados (fojas 34 a 39 y 98 a 103, del cuaderno incidental original); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Asimismo, visto el cuaderno original del incidente de suspensión se advierte que mediante auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 89 y 90), el apoderado legal de la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número número ********************, expedida por Afianzadora Sofimex, Sociedad Anónima, por la cantidad de ********************, para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercer interesado dentro del juicio de amparo 542/2012, motivo por el cual, se dejó a su disposición, sin que a la fecha en que se actúa hubiere comparecido a recogerla. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II; del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio conforme al artículo 2º de la Ley de la Materia, requiérase a ********************, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recibir la póliza de fianza de mérito, con el apercibimiento que de hacer caso omiso a lo anterior, se ordenará su cancelación y será devuelta a la compañía afianzadora que la expidió. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente laboral 441/2014 de su estadística, que remitió para el estudio del acto reclamado en un legajo por separado (foja 131), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tepic, Nayarit, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena (fojas 148 a 150), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintidós de mayo de la presente anualidad (foja 151), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 110 a 124), se determinó conceder a la quejosa Africa Canek Pantoja Hernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: **De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $11,711.30 (once mil setecientos once pesos 30/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $152.00 pesos (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de que se realizó por el concepto de cancelación de inscripción, así como la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos con 00/100 moneda nacional), por cuota mínima por cada uno de los conceptos establecidos en el recibo de pago, que resultan ser dos, lo que un total de $580.00 (quinientos ochenta pesos con 00/100 moneda nacional); asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DCJ/2016/2019 de veinte de mayo de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el treinta de mayo siguiente (fojas 148 a 150), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, informó que el diecisiete de mayo del año actual, entregó un cheque a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $11,239.79 (once mil doscientos treinta y nueve pesos 79/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $152.00 pesos (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de que se realizó por el concepto de cancelación de inscripción, así como la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos con 00/100 moneda nacional), por cuota mínima por cada uno de los conceptos establecidos en el recibo de pago, que resultan ser dos, lo que da un total de $580.00 (quinientos ochenta pesos con 00/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $10,979.30 (diez mil novecientos setenta y nueve pesos 30/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho y el veintiocho de mayo del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho a abril de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre del año pasado entre el índice para el mes de abril de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020; y para el mes de marzo de la presente anualidad fue de 103.476. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00442. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $11,027.82 (once mil veintisiete pesos 82/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $48.52 (cuarenta y ocho pesos 52/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad de $11,239.79 (once mil doscientos treinta y nueve pesos 79/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $11,027.82 (once mil veintisiete pesos 82/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de **Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de diez de mayo del año en curso (fojas 273), exhibe el convenio que dice servirá para dar cumplimiento al fallo protector; sin embargo, el citado documento no se encuentra firmado por las partes que intervienen en ese acto jurídico, por lo que solicita se le dé vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga; en consecuencia, agréguese el libelo de cuenta para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se tuvo por recibido diverso oficio remitido por el delegado de las autoridades oficiantes en el cual manifestó que la parte quejosa había llegado a un convenio con los entes responsables en el que se establecieron los términos y condiciones bajo los cuales se podría recuperar el crédito a favor de la citada parte quejosa; sin embargo, del ocurso de cuenta, se observa que no se ha celebrado convenio alguno. Asimismo, con relación a su petición de que sea requerida la parte quejosa por este Juzgado para los fines antes citados, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el fin que se persigue en el presente caso, es que se restituya el goce de la garantía violada a la parte agraviada; por tanto, este Órgano de Control Constitucional, debe vigilar que las sentencias que se dicten, queden debidamente cumplidas; en consecuencia, en estricto cumplimiento a los efectos de la sentencia emitida, la responsable se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la resolución concesoria de amparo, esto es, a notificar y requerir directamente a la parte promovente a efecto de que manifieste si desea convenir con la aludida parte procesal; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. En consecuencia, de conformidad a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, remitan las documentales con las que acrediten que cumplieron con el fallo protector concedido. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio a cada uno, consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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