Adriel Ordaz García
Expediente 945/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adriel Ordaz García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 5/22-I, signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite, copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, y testimonio de la resolución dictada en el expediente Q.P. 211/2021, de su índice; formado con motivo del recurso de queja interpuesto ***, en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que resolvió: ". ÚNICO. Es Infundado el recurso de queja .." En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Sin acusar de recibo por no haberlo solicitado; por cuanto hace a las copias de referencia destrúyanse. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. De igual forma, el presente asunto no es de relevancia documental y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ... mediante el cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de diez de noviembre de la presente anualidad, dictado en este expediente. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja, en el sentido de que ES CIERTO que este juzgado federal dictó el auto de diez de noviembre de la presente anualidad, por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, el escrito de mérito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de su adscripción. Por tanto, para los efectos procedentes y en aras de una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, se ordena remitir a la superioridad copia certificada de este sumario. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de diez de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ..., por propio derecho, contra actos del Mtra. Patricia Sánchez Aranda Agente del Ministerio Público, agente del Ministerio Público (Unidad de Investigación C-4 Sin Detenido) adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ciudad de México; regístrese en el libro de gobierno con el número 945/2021. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, considerada como un todo y atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generan oscuridad o confusión, se advierte que el acto reclamado únicamente consiste en la incompetencia decretada por la Mtra. Patricia Sánchez Aranda Agente del Ministerio Público (Unidad de Investigación C-4 Sin Detenido) adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ciudad de México a la Ciudad de Mazatlán, en la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/C/UI-C-4/00280/07-2021, pues respecto a la impugnación de dicha resolución ante autoridad judicial, en los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad señaló que ello fue con la finalidad de agotar el principio de definitividad antes de presentar su demanda y, no obstante que en esa instancia no se acordó de conformidad la intervención de la potestad judicial y se desechó de plano el medio de defensa que impugnó, no fue su voluntad del promovente señalarlos como actos reclamados ni como responsable al juez de control, sino solamente el destacado atribuido a la representación social citada. En atención a su contenido, se acuerda: DESECHAMIENTO El juez de distrito está constreñido al análisis de la demanda de derechos fundamentales, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo que al efecto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la propia ley de la materia, ya que la decisión que en el fondo cuestiona no le genera una afectación real y actual a su esfera jurídica, es decir, no menoscaba interés jurídico alguno. Se explica: De los preceptos indicados, se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de los impetrantes de amparo. Ahora, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo expresamente prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en este momento cuando se produce, en todo caso, la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de esa Ley de Amparo, y surten todas sus consecuencias. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumple con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso concreto, se advierte que tal supuesto se materializó, pues a decir de la parte quejosa, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento que la autoridad ministerial señalada como responsable envió la carpeta de investigación a la Ciudad de Mazatlán, pues los actos que denunció tuvieron verificativo en esa entidad. De lo anterior, se colige que la determinación de declinar competencia, no afecta su interés jurídico, pues la simple emisión del auto en que se determinó la competencia para conocer e integrar la indagatoria, no es por si, violatorio de derecho fundamental, ya que en todo caso, el perjuicio que se exige como presupuesto para la procedencia del amparo indirecto podría concretarse cuando la autoridad declinada acepte el conocimiento de la indagatoria y exponga las razones en que funde su decisión. Es así, porque con ese acto habrá alcanzado trascendencia el acuerdo reclamado; mientras tanto, no puede considerarse que esa determinación haya producido efecto que real y materialmente le perjudique al impetrante. A más de lo anterior, respecto de dicho acto también se advierte la diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XIV, del mismo cuerpo de leyes que al efecto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del precepto reproducido se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de Ley de Amparo. Lo anterior significa que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, debe atenderse lo dispuesto por el citado ordinal, así como lo establecido en el diverso 18 de la indicada legislación1 dada su vinculación. Así, de la interpretación sistemática de dichos preceptos, se obtiene que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo, y son a partir del día siguiente: A aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. Al en que se haya enterado de él o de su ejecución. Al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Además, el conocimiento por la parte demandante, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO", [Jurisprudencia 5, publicada en la página 6, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común]. En ese orden, el promovente señaló bajo protesta de decir que tuvo conocimiento de la determinación de declinar competencia al agente del ministerio público de Mazatlán el ocho de septiembre de la presente anualidad. En este caso, el término que debe tomarse en consideración es el genérico de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se está dentro de alguno de los casos de excepción contemplados en dicho numeral; esto es, no se reclama una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal o actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por tanto, si la quejosa se enteró del acto reclamado a la autoridad ministerial el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin que dicho acto actualice alguna hipótesis de excepción aludidas en el artículo 17, debe estimarse que la presentación de la demanda de amparo debió ser dentro del plazo genérico de quince días; lo que en el caso, no aconteció. Lo anterior porque ese lapso transcurrió para la impetrante del diez de septiembre al cinco de octubre, ambos del año en curso (sin contar el once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho diecinueve, veinticinco, veintiséis de septiembre, dos y tres de octubre, todos de la presente anualidad) y la demanda génesis de este asunto, se presentó físicamente hasta el ocho del mes y anualidad que transcurre (como consta de la papeleta de turno), lo que es indicativo de que se hizo en forma extemporánea, respecto de dicho acto. Por los motivos expuestos, se hace patente que el juicio, en cuanto a la oportunidad de su promoción y respecto de los actos reclamados, es extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo. Por ello, al actualizarse de manera manifiesta e indudable los motivos de improcedencia analizados, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. De la parte quejosa Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo y por autorizadas a las personas que señala en los términos que refiere. Se tienen el teléfono y correo electrónico proporcionado, como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, .firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ..., por propio derecho, contra actos del Mtra. Patricia Sánchez Aranda Agente del Ministerio Público, agente del Ministerio Público (Unidad de Investigación C-4 Sin Detenido) adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ciudad de México; regístrese en el libro de gobierno con el número 945/2021. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, considerada como un todo y atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generan oscuridad o confusión, se advierte que el acto reclamado únicamente consiste en la incompetencia decretada por la Mtra. Patricia Sánchez Aranda Agente del Ministerio Público (Unidad de Investigación C-4 Sin Detenido) adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ciudad de México a la Ciudad de Mazatlán, en la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/C/UI-C-4/00280/07-2021, pues respecto a la impugnación de dicha resolución ante autoridad judicial, en los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad señaló que ello fue con la finalidad de agotar el principio de definitividad antes de presentar su demanda y, no obstante que en esa instancia no se acordó de conformidad la intervención de la potestad judicial y se desechó de plano el medio de defensa que impugnó, no fue su voluntad del promovente señalarlos como actos reclamados ni como responsable al juez de control, sino solamente el destacado atribuido a la representación social citada. En atención a su contenido, se acuerda: DESECHAMIENTO El juez de distrito está constreñido al análisis de la demanda de derechos fundamentales, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo que al efecto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la propia ley de la materia, ya que la decisión que en el fondo cuestiona no le genera una afectación real y actual a su esfera jurídica, es decir, no menoscaba interés jurídico alguno. Se explica: De los preceptos indicados, se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de los impetrantes de amparo. Ahora, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo expresamente prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en este momento cuando se produce, en todo caso, la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de esa Ley de Amparo, y surten todas sus consecuencias. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumple con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso concreto, se advierte que tal supuesto se materializó, pues a decir de la parte quejosa, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento que la autoridad ministerial señalada como responsable envió la carpeta de investigación a la Ciudad de Mazatlán, pues los actos que denunció tuvieron verificativo en esa entidad. De lo anterior, se colige que la determinación de declinar competencia, no afecta su interés jurídico, pues la simple emisión del auto en que se determinó la competencia para conocer e integrar la indagatoria, no es por si, violatorio de derecho fundamental, ya que en todo caso, el perjuicio que se exige como presupuesto para la procedencia del amparo indirecto podría concretarse cuando la autoridad declinada acepte el conocimiento de la indagatoria y exponga las razones en que funde su decisión. Es así, porque con ese acto habrá alcanzado trascendencia el acuerdo reclamado; mientras tanto, no puede considerarse que esa determinación haya producido efecto que real y materialmente le perjudique al impetrante. A más de lo anterior, respecto de dicho acto también se advierte la diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XIV, del mismo cuerpo de leyes que al efecto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del precepto reproducido se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de Ley de Amparo. Lo anterior significa que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, debe atenderse lo dispuesto por el citado ordinal, así como lo establecido en el diverso 18 de la indicada legislación1 dada su vinculación. Así, de la interpretación sistemática de dichos preceptos, se obtiene que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo, y son a partir del día siguiente: A aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. Al en que se haya enterado de él o de su ejecución. Al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Además, el conocimiento por la parte demandante, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO", [Jurisprudencia 5, publicada en la página 6, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común]. En ese orden, el promovente señaló bajo protesta de decir que tuvo conocimiento de la determinación de declinar competencia al agente del ministerio público de Mazatlán el ocho de septiembre de la presente anualidad. En este caso, el término que debe tomarse en consideración es el genérico de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se está dentro de alguno de los casos de excepción contemplados en dicho numeral; esto es, no se reclama una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal o actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por tanto, si la quejosa se enteró del acto reclamado a la autoridad ministerial el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin que dicho acto actualice alguna hipótesis de excepción aludidas en el artículo 17, debe estimarse que la presentación de la demanda de amparo debió ser dentro del plazo genérico de quince días; lo que en el caso, no aconteció. Lo anterior porque ese lapso transcurrió para la impetrante del diez de septiembre al cinco de octubre, ambos del año en curso (sin contar el once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho diecinueve, veinticinco, veintiséis de septiembre, dos y tres de octubre, todos de la presente anualidad) y la demanda génesis de este asunto, se presentó físicamente hasta el ocho del mes y anualidad que transcurre (como consta de la papeleta de turno), lo que es indicativo de que se hizo en forma extemporánea, respecto de dicho acto. Por los motivos expuestos, se hace patente que el juicio, en cuanto a la oportunidad de su promoción y respecto de los actos reclamados, es extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo. Por ello, al actualizarse de manera manifiesta e indudable los motivos de improcedencia analizados, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. De la parte quejosa Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo y por autorizadas a las personas que señala en los términos que refiere. Se tienen el teléfono y correo electrónico proporcionado, como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, .firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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- Agustín Fuentes Rocha782/2017
- Agustín García Gamboa105/2020