Adriana Zarracino Magaña

Expediente 1643/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1643/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Adriana Zarracino Magaña
  • Adriana Zarracino Magaña y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual en cumplimiento al proveído de treinta de noviembre del año en curso, informa que en contra de la Resolución dictada en los procedimientos administrativos ****************** acumulados de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso Recurso de Revisión previsto en el artículo 118 TER de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, circunstancia que se acredita con la versión digital formato PDF del citado recurso que adjunta al presente ocurso, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Héctor Javier Ramírez Avendaño, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta registrado con el folio 10564, mediante el cual, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifestó que ha realizado gestiones para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como se advierte de la copia del diverso DGAJ/10492/2021, enviado al Director General de Registro y Control Documental; de lo que este Juzgado toma conocimiento, sin perjuicio de seguir realizando los requerimientos correspondientes hasta lograr el cabal cumplimiento del mismo. De la misma forma, intégrese al sumario únicamente para que conste el escrito recibido vía electrónica marcado con el folio 10739; sin hacer pronunciamiento respecto de las manifestaciones realizadas por el quejoso *******************, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, dado que en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó al respecto. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en citatorio de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veintitrés del mismo mes y año, cuyo texto es: Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ******************************, por propio derecho; contra actos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1643/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia, toda vez que corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Antecedentes relevantes. Para una mejor comprensión del asunto, es importante señalar como antecedentes los que indicó la parte quejosa en el apartado correspondiente: 1. Con fecha 9 (nueve) de Diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve) RENUNCIÓ al cargo de SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS el compañero **********************, según comunicado 001/2021 del Gobierno de México. 2. Quedando interinamente el SECRETARIO DEL INTERIOR; ACTAS Y ACUERDOS, el compañero *********************, conforme al artículo 158 del acta constitutiva y estatutos generales vigentes de nuestro sindicato. 2 3. Quien tendría la obligación de realizar (con base en nuestros estatutos) elecciones a la brevedad para elegir al cargo de secretario general vacante, conforme a las nuevas disposiciones de la ley federal del trabajo según reforma publicada el 1º de mayo de 2019, la cual señala en su numeral 371 fracción IX ".voto directo, personal, libre, directo y secreto". 4. Por cuestiones de pandemia SARS COVID-2, esta elección se había postergado hasta que estuviera el semáforo epidemiológico en verde, situación que se dio el día 18 (dieciocho) de octubre del año 2021 (dos mil veintiuno), teniendo que cambiar de secretario general interino por el compañero Fernando Navarrete Pérez ya que el compañero Manuel Limón Hernández se encontraba grave por secuelas de COVID. 5. Es el caso que el día 28 (veinte ocho) de octubre del año 2021 (dos mil veintiuno) la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ***********************, publicó en su cuenta de oficial de twitter "@LuisaAlcalde" "Reconocemos el acuerdo alcanzado por el sindicato Petrolero (STPRM) para realizar la elección al secretario General del sindicato por medio del voto electrónico, garantizando con ello elecciones libres y pacíficas. Aunado a esto, un video donde dice " (.) acaban de concluir la reunión del pleno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en donde participó el comité Ejecutivo Nacional, el Consejo General de Vigilancia y también la representación de las treinta secciones del sindicato, acordaron entre otras cosas la metodología para la elección a secretaria o secretario general del sindicato que se realizará a través del voto electrónico, (.), así que a partir de ya se iniciará con el proceso de las elecciones seccionales del sindicato y una vez concluida esta elección a principios de diciembre se va a emitir la convocatoria para la elección a secretario general, se va a iniciar con este proceso y va a continuar en enero para concluirse a finales de enero con la elección. Así, la acción de llevar a cabo elecciones en las secciones, antes que la elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, constituye el acto reclamado en esta sede constitucional. Razones de incompetencia. Precisado lo anterior, cabe destacar que para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás. Las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho 4 (civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal y constitucional, entre otras). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la competencia por materia se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; lo que permite que los juzgadores tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento en protección a los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia común, página cuatrocientos catorce, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.". Los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establecen la competencia de los jueces de distrito especializados en materia administrativa y de amparo en materia de trabajo señalan lo siguiente: "57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:--- I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;--- II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;--- III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;--- IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de 6 autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente;--- V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y--- VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:--- I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;--- II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;--- III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;--- IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio;--- V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y--- VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; los juicios de amparo que se promuevan contra leyes federales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa en los términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio o fuera de él; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en la materia. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los jueces de distrito en materia de amparo en materia de trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; de los 8 juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; de los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo; y de las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se explicó, si bien se advierte que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado como la naturaleza del acto que emiten; lo cierto es que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, no en el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo. En este sentido, el elemento fundamental para determinar la competencia material, es la naturaleza o contenido material del acto reclamado, el cual, prevalece sobre la calidad de la autoridad que lo emite. Orienta lo anterior, por analogía la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen cuarenta y cuatro, primera parte, página doscientos setenta y ocho, de rubro y texto: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del Ejecutivo de la Unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste". 10 Así, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, el promovente reclamó a las autoridades responsables, esto es, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, "la omisión de permitir llevar a cabo primero elecciones en las secciones y con posterioridad la elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana". Al respecto, es importante tener presente que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman.1 Así, el Juez de Distrito debe armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las manifestaciones que generen oscuridad o confusión. De una lectura integral a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la pretensión de la parte quejosa es reclamar la acción de llevar a cabo elecciones en las secciones, antes que la elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Acto reclamado que se traduce en la ejecución de un acuerdo tomado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en aplicación y cumplimiento a sus propios estatutos. Por tal motivo, dilucidar la constitucionalidad del acto reclamado, conllevaría al Juez de Amparo a entrar al estudio tanto de la Ley Federal del Trabajo como de los Estatutos del Sindicato en comento, disposiciones en materia de trabajo colectivo; razón por la cual, es indudable que el acto reclamado reviste la naturaleza de ser un acto en materia de trabajo. Situación que prevalece sobre la calidad de las autoridades responsables; en específico la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que, al formar parte de la Administración Pública Centralizada, está regulada por las leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa. Conclusión Bajo ese razonamiento es que este Juzgador llega a la conclusión de que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, que dispone lo siguiente: "61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:--- III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial". En consecuencia, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando 12 atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se 14 deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.2 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.3 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos 16 ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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