Adriana Zaragoza Jain

Expediente 973/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
973/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Adriana Zaragoza Jain

Actuaciones

  1. Principal

    I... Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término que refiere el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de cinco de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    I... Vista la demanda de amparo promovida por Adriana ...

  3. Principal

    I... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 973/2021-I, el cual su parte conducente es del tenor: Proveído 05/Octubre/2021.- "... Vista la demanda de amparo promovida por Adriana Zaragoza Jain, en nombre y representación de la menor de iniciales V. F. Z., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 973/2021-I. En principio, resulta necesario precisar que la demanda de amparo que se examina fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes, en los juicios de amparo pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante destacar, que tratándose de promociones electrónicas, la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, en concordancia con los artículos 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el siete de agosto de dos mil veinte. En este contexto, del artículo 3º de la Ley de Amparo se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 6 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que cuenten con firma electrónica reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema y vincular la firma con dicho registro. También, en los preceptos 17 y 42 del Acuerdo, se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Por su parte, del precepto 45 del Acuerdo 12/2020 de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. Finalmente, el artículo 52 del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre de su titular. En el caso, se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene la Firma Electrónica de Adriana Zaragoza Jain, quien promueve en nombre y representación de la menor de iniciales V. F. Z., conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se encuentra signado electrónicamente por diversa persona Anibal Gallardo Ponce, de la cual se advierte que si bien se le confirió autorización para oír y recibir notificaciones, lo cierto es que dicho libelo no contiene la firma electrónica de quien debe provenir precisamente la voluntad de otorgar esa autorización. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica que denote alguna firma electrónica de quien la promueve, lo que es un requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, pues como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar la demanda se debe establecer si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes ... ... En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en lo dispuesto por los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. En efecto, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando, deben contener la Firma Electrónica; pues es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la que resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda. Ahora bien, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa, como ya se precisó, al estar signada electrónicamente por persona diversa, -uno de los señalados como autorizados para oír y recibir notificaciones- carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la parte quejosa; por tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de la promovente y está facultado para desechar la demanda ... ... Lo anterior se insiste, ya que ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de amparo, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre de quien se dice agraviada por el acto de autoridad, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. Lo anterior se sustenta además, con el criterio que ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, l resolver la contradicción de tesis 45/2018, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se expuso que no puede darse un trato diferenciado entre la falta de firma electrónica y la de firma autógrafa, ya que la ausencia de ésta, genéricamente representa la falta de voluntad y, por ende, no amerita realizar requerimiento alguno a la parte promovente. No se soslaya que en la demanda se refiera conceder la suspensión de plano y que por las afectaciones que dice se irrogarían deba considerarse de tramitación urgente, pues el acto reclamado no se ubica dentro de los previstos en los numerales 15 y 126 de la ley de la materia. En efecto, los actos aquí reclamados no tienden a privar de la vida, atacar la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicar, ni se trata de deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, por lo cual, no resultaba aplicable la tramitación urgente. Máxime que, tampoco se advierte que la menor respecto de la que en su favor se acciona el amparo, se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad que exponga su salud gravemente ... ... Por lo que en la especie, en la demanda no se desprende que tengan dificultad o imposibilidad para acceder a las herramientas tecnológicas para tramitar la firma electrónica. Además, en caso de que la parte quejosa no cuente con ella, pero sí su autorizado, ello no obstaculiza su acceso a la justicia, pues tiene la posibilidad de presentar la demanda en original con firma autógrafa, y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada, para que puedan continuar con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos por esa vía, solicitud que puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Así, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, con relación a los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo en la que aparece promueve Adriana Zaragoza Jain, en nombre y representación de la menor de iniciales V. F. Z., con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. En otro orden, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio mencionado en el escrito demanda, a fin de notificar el contenido del presente proveído. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles. Por lo que hace a las personas que se señalan como autorizados, virtud a que se reitera, no existe expresión de voluntad de quien debe accionar el amparo, se les autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse e autos. Con relación al correo electrónico que se proporciona, téngase como mecanismo para comunicaciones que no sean procesales. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..." Lo anterior en atención al citatorio de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · 8,073 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano