Adriana Yolanda Gutierrez Rios

Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Adriana Yolanda Gutierrez Rios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 897/2023-V, promovido por******************** y RESULTANDO: Primero. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Segundo. Trámite. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; e igualmente se fijó fecha para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa lugar donde radica la autoridad responsable y se emitió el acto reclamado, carente de ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo emitido en el juicio contencioso administrativo ********************, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se declaró cumplida la sentencia definitiva. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Magistrada Presidenta de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado. Se corrobora con las copias certificadas exhibidas, consistentes en las actuaciones integrantes del expediente ********************, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las cuales se encuentra el auto combatido. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto conviene establecer los antecedentes del acto reclamado: 1. ******************** promovió juicio contencioso administrativo contra el ********************, el cual se radicó bajo el expediente ********************. 2. El nueve de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia, en la cual la Sala responsable condenó al demandado a desglosar incrementos de pensión y pagarlos a la actora conforme a los lineamientos siguientes: ".proceda a emitir una nueva resolución en la que realice los aumentos anuales de la cuota pensionaria de la actora a partir de que se pensionó, conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, en la misma proporción en que aumentaron los sueldos de los trabajadores en activo, cuando aquél sea menor a éstos; tal como lo dispone el 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley del ******************** vigente del 1o de abril de 2007 a la fecha, tomando en consideración que han prescrito aquellas que corresponden a periodos anteriores a cinco años a la fecha en que se solicitó la ratificación, que en caso fue el 24 de enero de 2018. De igual manera, deberá fundar y motivar el acto a través del cual dé a conocer a la actora el ajuste que realice a las diferencias de la retroactividad aplicada, señalado con toda precisión las cantidades a considerar, los periodos correspondientes, así como, el procedimiento aritmético que utilice para el cálculo de la pensión y de las diferencias que resulten." 3. Contra dicha resolución el instituto demandado interpuso recurso de revisión en materia fiscal, radicado con el número ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, resuelto en sesión de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, confirmándose la sentencia recurrida. 4. El cinco de abril de dos mil diecinueve se recibió el testimonio de la resolución anterior y, por consiguiente, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva. 5. En acatamiento de la sentencia definitiva, la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del ********************, emitió la determinación de dieciséis de abril de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************. 6. La actora interpuso recurso de queja contra la determinación del instituto demandado, aduciendo defecto en el cumplimiento de la sentencia. Dicho medio de impugnación se resolvió a través de interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veinte, declarándose fundado y señalando que, en efecto, la responsable había actuado defectuosamente para cumplir con la sentencia definitiva. En consecuencia, la Sala Regional responsable declaró sin efectos la determinación combatida materia de la queja y requirió a la autoridad demandada del juicio de origen, para que en el plazo de veinte días hábiles emitiera una nueva, en la cual de manera fundada y motivada realizara lo siguiente: "1. Calcule debidamente los aumentos que legalmente correspondía efectuar a la cuota diaria de la actora, a partir de que se pensionó, conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, en la misma proporción en que aumenten los tabuladores salariales de los trabajadores en activo, cuando el índice sea menor a estos, tal y como lo prevé el artículo 8o del multirreferido Reglamento y, hasta el momento en que se cumpla la presente resolución; 2. Explique las operaciones aritméticas y/o el procedimiento con el que se logren advertir claramente, los incrementos que hayan sufrido tanto el Índice Nacional de Precios al Consumidor como el tabulador de los salarios de los trabajadores en activo; señale en el caso de los referidos Índices las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación que tomó en consideración, y la forma en que calculó los porcentajes de referencia, justificando en cada uno de los periodos materia de la resolución (desde que se pensionó y hasta la fecha en que se realice el cumplimiento de la sentencia) cuál es el porcentaje que mayor beneficio depara a la parte actora; 3. Exhiba la constancia de evolución salarial que en su caso tome en consideración para el cumplimiento de la sentencia definitiva y del presente fallo interlocutorio, en la que se adviertan los datos aportados por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; 4. Como consecuencia de lo anterior y en caso de ser procedente, se determine y pague a la actora la cantidad que corresponda por concepto de diferencias por el incremento de la cuota diaria pensionaria, tomando en consideración, que han prescrito aquellas que correspondan a periodos anteriores a cinco años a la fecha en que o solicitó la rectificación; asimismo, se requiere detalle y cubra las diferencias que en su caso correspondan por concepto de gratificación anual.". 7. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad demandada emitió los oficios ********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ********************de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y ********************de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; no obstante, por determinaciones de seis de agosto de dos mil veintiuno, dos de mayo de dos mil veintidós y ocho de agosto del mismo año, respectivamente, la Sala Regional responsable declaró que persistía el defecto en el cumplimiento. 8. El instituto demandado emitió el oficio ********************de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés y a través de acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la Sala responsable declaró que la sentencia definitiva del juicio de origen se encontraba cumplida y ordenó el archivo del asunto por estar totalmente concluido. Siendo este acto el reclamado en el presente asunto. Conceptos de violación. En los conceptos de violación, sintetizados en la forma siguiente, la quejosa sostiene: a) La autoridad responsable declaró cumplida la sentencia definitiva sin haber realizado una comparación entre sus efectos y lo realizado por el instituto demandado; es decir, dio por hecho el acatamiento de la ejecutoria, sin llevar a cabo un análisis fundado y motivado. Esto en virtud de que la sentencia definitiva condenó al instituto demandado a señalar pormenorizadamente todos aquéllos elementos que hubiese tomado en consideración para calcular correctamente los incrementos de la cuota pensionaria, de acuerdo al artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado Sujetos al reglamento del artículo Décimo transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley del ********************; sin embargo, en el oficio por el cual dicho instituto pretendió cumplir la sentencia, no obró conforme a la resolución definitiva en cita. Además, dice, se dejó de advertir que el oficio que motivó la declaratoria de cumplimiento de la sentencia carece de las operaciones aritméticas necesarias para la cuantificación de tales incrementos de pensión. Refiere, la responsable para el establecer los porcentajes de aumento de la pensión de la quejosa, omitió advertir que el oficio del instituto demandado carece de la ponderación entre la aplicación del índice Nacional de Precios al Consumidor y el tabulador de aumentos del salario de los trabajadores en activo; es decir, el que resultara más benéfico. Incluso, aduce, la responsable dejó de verificar si la autoridad demandada aportó pruebas que avalaran lo plasmado en la cuantificación de los aumentos de pensión realizada por el instituto demandado, como constancias de percepción salarial, talones de pago, recibos de nómina, entre otros. Concluye, la responsable se limita a trascribir lo informado por la autoridad sin emprender la realización de los cálculos aritméticos y, por tanto, no hay certeza de la mecánica utilizada para cuantificar los aumentos de la pensión. En consecuencia, considera dogmática la declaración de cumplimiento realizada. b) La responsable dejó de verificar que la constancia de evolución salarial contara con los datos necesarios para determinar si, efectivamente, se habían otorgado los incrementos a la pensión de la solicitante del amparo, conforme al mismo porcentaje de aumentos los salarios de los trabajadores en activo. Además, omitió comprobar que la categoría indicada desde el escrito de demanda de docente (operativo), coincidiera con la referida en la constancia de evolución salarial citada por el instituto demandado en el oficio ********************. Así, la sala también omitió advertir que no se determinó si los incrementos aplicados fueron correctos, pues aunque indicó que en los años 2015 a 2023, se realizaron conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, al mismo tiempo aludió a la constancia de evolución salarial emitida por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, sin embargo, por cuanto a ésta, no corresponde a la misma categoría de la plaza ocupada por la aquí peticionaria del amparo. Luego, dijo, aunque el instituto demandado y la Sala responsable aludieron a unas bases electrónicas en las cuales, dijeron, consta el catálogo de plazas para las dependencias federales y citaron una página electrónica; ello no puede considerarse suficiente ni adecuado para realizar la comparativa de los aumentos en el pago de la pensión, por ser de una categoría diferente a la plaza ocupada por la pensionada, aquí quejosa. Decisión. Como se adelantó, son infundados los conceptos de violación. Al respecto, en la sentencia definitiva del juicio natural, se condenó al ********************, a que: ".realice los aumentos anuales de la cuota pensionaria de la actora a partir de que se pensionó, conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, en la misma proporción en que aumentaron los sueldos de los trabajadores en activo, cuando aquél sea menor a éstos; tal como lo dispone el 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley del ******************** vigente del 1o de abril de 2007". Dicha autoridad demandada, por conducto de la Subdelegada de Prestaciones, emitió el oficio ********************de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por el cual determinó que a la quejosa se había pagado correctamente los aumentos de la pensión correspondientes Para ello, dijo, aplicó el porcentaje más benéfico entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la evolución salarial de los trabajadores en activo en la misma plaza de la quejosa. En ese sentido, utilizando como factor del referido, determinó el incremento de la cuota de la pensión de la aquí amparista y que con los aumentos respectivos debía pagarse la cantidad de ********************suma coincidente plenamente con las cantidades efectivamente pagadas por ese concepto. En conclusión, señaló, no había una diferencia de pago a favor de la parte actora, porque el monto de la pensión se había venido incrementado correctamente. Dicha actuación fue objeto de análisis en el acto reclamado, mediante el cual la Sala responsable declaró cumplida la sentencia del juicio natural. En ese sentido, es infundado el primero de los conceptos de violación, pues contrario a lo afirmado en los conceptos de violación, la responsable sí determinó los efectos de la sentencia y en función de ello verificó el actuar de la autoridad demandada, concluyendo que estaba cumplida la sentencia, pues la pensión se había pagado correctamente, con los incrementos de acuerdo al porcentaje más benéfico entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la evolución salarial de los trabajadores en activo en la misma plaza de la quejosa, a partir de los años 2015 y hasta el 2023, de acuerdo a la tabla inserta en el oficio ********************, expedido por el instituto demandado. Además, la Sala responsable también determinó que el instituto demandado aplicó el porcentaje más benéfico entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la evolución salarial de los trabajadores en activo en la misma plaza de la quejos. Por ese motivo, cuantificó los aumentos de la pensión, concluyendo que no existían diferencias de pago a favor de la solicitante del amparo. De lo anterior, para esta juzgadora la autoridad responsable sí verificó los efectos del fallo del juicio de origen y el actuar del instituto demandado; pues como lo señaló la Sala, sí existió contraste entre el índice nacional de precios al consumidor y la evolución salarial de los trabajadores en activo, pues como acertadamente lo observó la Sala responsable, y el instituto demandado decidió aplicar el factor más benéfico para la pensionada. Aunado a lo anterior, es infundado igualmente que la Sala dejara de advertir la falta de operaciones aritméticas en el cálculo de los aumentos de pensión, pues contrario a ello, dicha responsable refirió que en la determinación por la cual se cumplió la sentencia, contenida en el oficio ********************, se realizaron dichas operaciones e incluso citó las tablas con los factores del índice nacional de precios al consumidor de los años 2004 al 2023, e igualmente la tabla de evolución salarial de los trabajadores en activo en la categoría de la quejosa; luego, explicó que conforme a lo dicho por el instituto demandado, la cuota diaria incrementada se había obtenido de la siguiente manera: "555.52 (cuota diaria determinada en la concesión de la pensión * ******************** (porcentaje de incremento)= ******************** (incrementos en pesos). ********************+********************= ******************** (cuota diaria incrementada). Agregó que con ese mismo procedimiento se reflejaron los aumentos de la cuota diaria de la pensión en los años de 2014 a 2023, como aparece en la tabla insertada por el instituto demandado. En tal virtud, es infundado el concepto de violación en el cual se afirma que la Sala debió declarar el defecto en el cumplimiento de la sentencia del juicio de origen, pues contrario a lo sostenido por el quejoso, de modo correcto la responsable apreció que el oficio por el cual el instituto demandado informó el cumplimiento de la sentencia, sí contenía las operaciones aritméticas de la cuantificación de los aumentos del porcentaje de la pensión. Entonces, es infundado también que la Sala responsable se hubiera abstenido de fundar y motivar la determinación por la cual declaró cumplido el fallo en el juicio de origen, pues efectuó las argumentaciones correspondientes y citó las disposiciones legales estimadas aplicables. No se soslaya el argumento de la parte quejosa relativo a que la Sala responsable no contó con elementos que le permitieran corroborar si la cuota diaria fue calculada correctamente y que dejó de verificar también si el instituto demandado aportó pruebas que avalaran lo plasmado sobre la cuantificación de los aumentos de pensión, tales como constancias de percepción salarial, talones de pago, recibos de nómina, entre otros. Sin embargo, es infundado lo anterior, porque en el oficio ********************del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el instituto demandado insertó la constancia de evolución salarial, así como el índice de nacional de precios al consumidor, dándole a conocer a la actora la aplicación de los porcentajes más benéficos en la cuantificación de los aumentos de pensión, con lo cual sí existe la aportación de los datos considerados para calcular los incrementos aplicados a su cuota diaria. Adicionalmente, debe señalarse que la Sala responsable no se encontraba obligada a corroborar el correcto cálculo de la cuota diaria sino únicamente a analizar si la demandada cumplió con los lineamientos precisados en la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. Esto, porque el cálculo adecuado de los aumentos no fue uno de los lineamientos del fallo definitivo del juicio de origen. En efecto, el certero cálculo de las diferencias con motivo del incremento en sí mismo no constituye uno de los efectos de la sentencia del juicio de nulidad, y pretender que este órgano constitucional acceda a ese análisis, implicaría deducir una nueva litis relacionada con la cuantía exacta que, en todo caso, es materia de análisis en un diverso juicio contencioso administrativo. Por consiguiente, son infundados los conceptos de violación enderezados contra el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, pues la Sala responsable no se encontraba obligada a verificar lo correcto o incorrecto de las cuotas, porcentajes y cantidades señaladas por el ********************, al no ser ese aspecto materia de pronunciamiento en el acuerdo por el cual se examinó el cumplimiento de la sentencia del juicio de origen. En efecto, únicamente debía verificar que la el ******************** emitiera una resolución fundada y motivada, en la cual diera a conocer a la solicitante del amparo los incrementos aplicables a su cuota pensionaria, ponderando la aplicación más benéfica del índice nacional de precios al consumidor o bien la evolución salarial de los trabajadores en activo, realizara las operaciones aritméticas necesarias y, en caso, realizara el pago de diferencias a su favor, extremos que quedaron satisfechos. En esas condiciones, la suscrita juzgadora considera que la Sala responsable determinó acertadamente, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, declarar cumplida la sentencia definitiva dictada en el procedimiento ********************, al colmarse los extremos precisados en la sentencia definitiva de nueve de abril de dos mil diecinueve, en razón de que el Instituto demandado atendió los efectos de dicha resolución. En consecuencia, es infundado el concepto de violación identificado en esta sentencia con el inciso a). Por otra parte, es infundado igualmente el concepto de violación identificado en esta sentencia con el inciso b). Pues no se advierte trasgresión de la Sala, ya que la constancia de evolución salarial de los trabajadores en activo confrontada con el índice nacional de precios al consumidor, para determinar el factor de incremento de la pensión, sí contó con los datos que prueban que se trata de la evolución de los salarios de trabajadores en activo en la misma categoría o plaza ocupada en su momento por la pensionada, aquí quejosa. Es así, en razón de que el Instituto demandado se apoyó en la constancia de evolución salarial de trece de agosto de dos mil diecinueve, expedida por la Jefa del Departamento de Trámites y Desarrollo de Personal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, la cual trascribió en el oficio ********************por el cual informó el acatamiento de la sentencia definitiva. En dicho documento, se cita que la aquí amparista ostentó con la categoría de Maestro de Grupo de Primaria Foráneo y se hace alusión a los porcentajes de incremento de la pensión para dicho puesto. Por esta razón, se estima que a través de dicho documento, sí se constató la evolución salarial de los salarios de los trabajadores en activo, y se precisa que la aquí quejosa tuvo la categoría de Maestra de Grupo de Primaria Foránea y causó baja por jubilación el treinta y uno de enero de dos mil catorce, con los sueldos de cotización al ********************, siguientes: Periodo Prestaciones Cotizables Sueldo Básico Cotizable % Incrementos Del Al Sueldo Base Q5 E9 ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** No se cita la última columna por no estimarse necesario. Ahora, si bien la Sala responsable no hizo referencia a la plaza referida en el escrito inicial de demanda, ni se pronunció sobre si existía coincidencia con la que aparece en la constancia de evolución salarial citada por el instituto demandado en el oficio ********************; sin embargo, lo cierto es que los efectos de la sentencia definitiva, como se indicó, no implicaron para la Sala verificar lo correcto de las cantidades obtenidas, pues ello sería materia de un nuevo juicio de nulidad. De ahí, lo innecesario de justificar si el documento que contiene la evolución salarial refleja identidad con el puesto o categoría desempeñada por la pensionada y que se hubiera citado en el escrito de demanda inicial. Por lo demás, es infundado que la Sala responsable debiera pronunciarse sobre lo correcto de la cuantificación de los incrementos aplicados; por esa razón, aunque en el concepto de violación también se hace valer que la constancia de evolución salarial emitida por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos no refleja la misma categoría de la plaza ocupada por la aquí quejosa; ello deberá ser materia de un juicio distinto, en donde se demande lo incorrecto de la cuantificación realizada por el instituto demandado, pues para efectos del presente juicio, la Sala debía ajustar su actuar a la sentencia definitiva, es decir, se cuantificaran los aumentos de la pensión, lo cual sí verificó que realizara el instituto demandado. En cuanto a que la constancia de evolución salarial emitida por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, no contenía información por los años 2020, 2021, 2022 y 2023 sino que por esos años se obtuvo la evolución salarial de los trabajadores en activo de las bases electrónicas en las cuales consta el catálogo de plazas para las dependencias federales mediante la página electrónica https//www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/servicios-en-linea-del-issste-18653; no se considera violatorio de derechos que la Sala consintiera que el instituto demandado obtuviera información de dicha base de datos. Ello, en atención a que conforme al artículo 7 de la Ley del ********************, las Dependencias y Entidades deben remitir al Instituto de manera mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del Instituto. Luego, el hecho de que se tomara información de página electrónica https//www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/servicios-en-linea-del-issste-18653, de forma alguna causa afectación a la parte quejosa, pues esa liga conduce a la oficina virtual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien recibe información proporcionada por las dependencias y entidades -incluyendo a quien fue patronal de la aquí quejosa- y se le reconoce eficacia probatoria plena, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en términos del párrafo primero de su propio numeral 1o. Entonces, si la información citada por el instituto acerca de la plaza ocupada por la aquí quejosa se obtuvo de la base de datos de la oficina virtual del ********************, fue correcto tenerla por veraz y otorgarle eficacia probatoria en términos del ya referido artículo 10-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, no se aprecia violación alguna por haberse recabado la evolución salarial de los trabajadores en activo, tanto de la constancia citada en el oficio ********************, como de la plataforma de la oficina virtual del Instituto demandado, por tratarse de datos remitidos, en el caso, por quien tuvo el carácter de patronal de la amparista y estar a disposición del Instituto demandado para cuantificar el monto de los incrementos de la pensión, como correctamente lo señaló la Sala responsable; de ahí lo infundado del concepto de violación. De igual manera, es infundado el argumento relativo a que instituto demandado haya utilizado información de la evolución salarial respecto de una categoría diferente a la plaza ocupada por la pensionada; pues conforme a la propia patronal la plaza ocupada fue de: "Maestro de Grupo Primaria Foráneo" y, por tanto, al provenir directamente del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, fue correcto que la Sala responsable le otorgara eficacia probatoria para tener por justificada la plaza en la que laboró la peticionaria del amparo. Sin embargo, de acontecer una equivocación del instituto sobre la plaza y ello genera una cuantificación errónea, en todo caso, ello deberá ser materia de un juicio nuevo, en el cual se hagan valer esas circunstancias. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo conducente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** respecto el acto y autoridad señalados en el considerando segundo, por los motivos indicados en la consideración cuarta de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Publico; por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  2. Principal

    Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos (Firma electrónica) María Elena González Blas Secretaria (Firma electrónica)

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. la ley de la materia. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que la responsable no rindió su informe justificado; por tanto, toda vez que la suscrita Juzgadora está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a este juzgado copia certificada, completa y legible de todo lo actuado en el expediente ******************** a partir de la sentencia. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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