Adriana Vázquez Sánchez

Expediente 1167/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1167/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Adriana Vázquez Sánchez
  • Adriana Vázquez Sánchez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto por el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de trece de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Con fndamento en lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 21 del referido Acuerdo, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. Asimismo, se le informa que para la entrega de estos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  2. Principal

    intégrese el oficio suscrito por el Director interino del Hospital Militar de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el siete de enero de este año se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el SARS-COV-2 a la menor de edad de iniciales J.N.M.V. y para acreditarlo anexa el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en las documentales anexas al oficio que se provee, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la menor de edad de iniciales J.N.M.V., ya le fue suministrada la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que ha completado su esquema de vacunación; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar a la menor de edad de iniciales J.N.M.V. contra el virus SARSCoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente; lo anterior, en atención a que, entre otras razones, pertenece a un grupo especialmente vulnerable. Ahora, visto el estado de autos y los comprobantes de vacunación remitidos por la responsable, se aprecia que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero del año en curso, la menor de edad de iniciales J.N.M.V. fue inoculada con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas del once de abril de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    isto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de diecisiete de diciembre pasado, se tomó conocimiento por última vez de las gestiones adoptadas por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, tendentes a cumplir la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya informado medida posterior. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla adecuadamente la sentencia amparadora, o bien, comunique las acciones efectuadas para tal efecto y remita las constancias que lo demuestren. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos decretados el seis de abril de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por Omar Alejandro García de la Cruz y Diana Candelaria Guzmán Ramírez, apoderados legales de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que corresponde a la autoridad mencionada, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En relación con el domicilio para recibir notificaciones, delegados y correo electrónico proporcionados por la autoridad responsable, deberá estarse a lo que se proveyó al respecto en auto de diez de diciembre de este año. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales exhibidas por el oficiante, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Finalmente, en cuanto a las causas de sobreseimiento invocadas por la responsable, serán estudiadas al resolver el presente asunto.

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