Adriana Vázquez Díaz

Expediente 403/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
403/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Adriana Vázquez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, tres de junio de dos mil diecinueve. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 15 a 22), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Adriana Vázquez Díaz, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger el documento que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será depurado junto con las constancias aludidas.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Adriana Vázquez Díaz, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de nueve de mayo del presente año (fojas 9 a 12). En tal virtud, manifiesta que el juicio de amparo del que emana el acto reclamado aún no ha concluido, pues únicamente se ha realizado la primera sección de sucesión; asimismo, exhobe dos copias más de su demanda inicial. Desechamiento de demanda. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: El Ilegal emplazamiento que le fue practicado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio sucesorio 338/2017 del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación literal de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se pida por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo título es: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES". Ahora bien, para arribar a lo anterior conclusión, es necesario determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de que en la especie debe dilucidarse si cuando la parte quejosa invoca el juicio de amparo ostentándose como persona extraña en estricto sentido, como así se pretende hacer valer en el presente asunto, pero de las constancias de autos aparece que compareció al mismo, o bien, que el procedimiento relativo no ha concluido, se debe sobreseer el juicio de amparo. En efecto, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas." Tanto la doctrina, como la jurisprudencia, utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas, el concepto de persona extraña al juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo, o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, importa destacar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Como se aprecia, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue interpretado por nuestro más alto tribunal, en el sentido de que el derecho de previa audiencia consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; Se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, La autoridad deberá dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, quien acude al juicio de amparo como tercero extraño a una contienda de carácter judicial, pretende desvincular sus derechos jurídicamente adquiridos, bienes ahí afectados y que afirma le pertenecen o posee bajo determinado título, o estima, que debe ser incluido en la relación procesal surgida al considerar que se encuentra legitimado por ser parte sustancial en el juicio que ahí se ventila. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados. En tales condiciones, cuando dentro del juicio o dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, se controvierten un derecho jurídicamente adquirido respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el procedimiento, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Al respecto, se destaca que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa tenía conocimiento del juicio natural, aunque no haya comparecido a él, toda vez que sabía en qué juzgado estaba radicado, el número de expediente y el tipo de juicio de que se trataba; de tal suerte que no puede equiparársele a una persona extraña a juicio, máxime que dicha instancia, no ha concluido por virtud de sentencia definitiva. Establecido lo anterior, importa destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, estimó que el carácter de tercero extraño se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, en el que no se ha dictado sentencia definitiva, aún sin la comparecencia del quejoso al proceso judicial, ya que textualmente, consideró lo siguiente: ".debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial". En consonancia con lo anterior, importa destacar el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo título y contenido es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De igual manera, se cita la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De lo anterior, se colige que cuando la parte quejosa conoce de la existencia del juicio a pesar de no haber sido llamada al procedimiento, se desvirtúa su carácter de persona extraña, en tanto que se encuentra en posibilidad de acudir al juicio en defensa de sus intereses. En el caso, como se señaló, del análisis íntegro de la demanda de garantías, puede colegirse que la quejosa acude al presente juicio de amparo a reclamar, en esencia: El Ilegal emplazamiento que le fue practicado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio sucesorio 338/2017 del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Al respecto, frente al juicio sucesorio intestamentario 338/2017 del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la parte quejosa sostiene que las autoridades responsables han violado su derecho fundamental de audiencia, ya que en ningún momento se les permitió defenderse en el juicio, porque no fue llamada correctamente a comparecer al mismo. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama el veintidós de abril de dos mil diecinueve, cuando acudió al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Asimismo, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su escrito aclaratorio, se advierte que, a la fecha de la presente determinación, no se ha dictado sentencia definitiva, pues únicamente se realizó la primera sección de sucesión. En tales condiciones, al no haber concluido el juicio sucesorio intestamentario, es razón suficiente para desvirtuar el carácter de persona extraña con la que se ostenta la quejosa, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvo oportunidad de hacerse sabedora del procedimiento antes de que hubiere concluido el juicio. Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio antes de que concluyera, opta por intentar la vía indirecta, el Juez de Distrito debe declarar la improcedencia del amparo, fundamentalmente porque ya no es persona extraña a éste, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu. En tales condiciones, no es dable que Adriana Vázquez Díaz, acuda al juicio de garantías como tercera extraña por equiparación al juicio sucesorio intestamentario en comento, porque se enteró de su tramitación sin que en este se haya dictado sentencia que le haya puesto fin, por lo que la promovente de amparo está en aptitud de acudir a dicho procedimiento en defensa de sus derechos, esto es, a ejercer su garantía de audiencia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, respecto de los actos reclamados. Aunado a ello, es de mencionar que en el caso a estudio la quejosa está en posibilidad de promover el incidente de nulidad que prevé el numeral 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el cual se tiene la posibilidad de obtener la nulidad de todo lo actuado a partir de la denuncia del juicio sucesorio intestamentario de que se trata. Ello, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis 1a./J. 39/99, en la página 242, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA)"; de cuyo análisis se obtiene la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando un posible heredero reclame la falta de llamamiento al sucesorio respectivo, y éste hubiere concluido. Circunstancia que no se actualiza en el caso concreto, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que el juicio natural no ha concluido. Luego, si se tiene en consideración que por la propia y especial naturaleza de un juicio sucesorio intestamentario, que se forma por cuatro secciones y cada una de ellas tiene un objeto especial; además, en cada una de ellas se emite por separado la resolución correspondiente; es indudable que en dicho juicio no se emite una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, de manera que, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal. Así lo consideró el Alto Tribunal a través de la otrora Tercera Sala, al emitir la jurisprudencia consultable en la página 231, Tomo 187-192, Cuarta Parte, Materia Civil, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal". Por otra parte, en lo que se refiere al carácter de tercera extraña con la que se ostenta la quejosa al promover la demanda de garantías, no se debe soslayar que, el juicio natural no ha concluido mediante una sentencia definitiva que resuelva en lo principal la sucesión denunciada, lo que sitúa a los impetrantes en la posibilidad de acudir al mismo a fin de hacer valer sus derechos en la forma que lo estime conveniente. Por las razones que la informan, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis 2a./J. 198/2008, en la página 698, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, si la quejosa promovió el juicio de amparo con el carácter mencionado de tercera extraña aduciendo violación a la garantía de audiencia por desconocer lo actuado en el proceso de origen; sin embargo, precisamente es que se considera que a través del medio de impugnación de que se ha dado noticia tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad del conocimiento a fin de obtener la nulidad de lo actuado y, de alcanzar esa pretensión, estar en posición de alegar lo que a sus intereses convenga en torno a sus derechos hereditarios, inclusive, impugnar los que hagan valer sus colitigantes.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Adriana Vázquez Díaz, por propio derecho, contra actos de la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 403/2019-II. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste "bajo protesta de decir verdad", la etapa en la que se encuentra el expediente 338/2017 del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Lo anterior, toda vez que en su capítulo de hechos y abstenciones manifiesta que el veintidós de abril de este año, consultó el expediente de origen, por lo cual, se estima en aptitud de proporcionar la información requeridad. Exhiba dos copias más de su escrito de demanda que hacen falta para estar en condiciones de dar el trámite legal que corresponda, toda vez que únicamente exhibió cuatro copias del mismo, siendo necesarias seis esto es, tres para las autoridades responsables, una para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado y dos para la tercera interesada. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Resguardo de documentos. Asimismo, dada la naturaleza de la tarjeta de pago de agua potable con folio ciento sesenta y cinco exhibida por la quejosa, manténganse por separado la misma y déjese en su lugar copia certificada. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de acuerdos que se fijan en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Tlapapal Bautista, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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