Adriana Valentina Frontado Palmero
Expediente 1178/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Adriana Valentina Frontado Palmero
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo, de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite el oficio enviado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, mediante el cual rinde su informe inherente a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de diecinueve de octubre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordenó el archivo definitivo del presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual rinde su informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. 1.2 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito para notificar a la quejosa directa ...al haber sido informado por la licenciada Blanca Esther Jiménez Franco, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, que fue trasladada el trece de octubre de este año, a las instalaciones de la Estación Migratoria, con sede en Querétaro, Querétaro. 1.1 Exhorto. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Querétaro, en turno, con sede en Santiago de Querétaro, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente a la quejosa directa ...el proveído de catorce de octubre del año que transcurre, cumpliendo con la encomienda ahí establecida, para lo cual se anexa copia digitalizada de la demanda de amparo y del auto referido. En la inteligencia de que la quejosa pudiera encontrarse en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con residencia en Santiago de Querétaro, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad migratoria de esta ciudad. Asimismo, deberá hacerle del conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo a la citada quejosa para los efectos legales a que haya lugar. 1.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en este asunto, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento.
- Principal
1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por E..., contra actos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1178/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de la agraviada, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir la autoridad, las siguientes: 4.1. Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención de la quejosa fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesta en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 4.3. Si la quejosa se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenida en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignada ante el juez penal correspondiente o puesta en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que la hoy quejosa haya sido detenida en flagrancia, el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de la quejosa o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesta en inmediata libertad. 4.4. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. iii) Cuando la quejosa ya se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejosa esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si la quejosa incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o la tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a la quejosa, desde que fue detenida hasta que quede a disposición del representante social. 4.6. No sea exhibida en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7. Se mantenga a la quejosa en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 4.8. Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sea sometida. 4.9. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a la detenida; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeta, pues tampoco puede ser contactada en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometida a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 5. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que en el término de veinticuatro horas informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de la quejosa, o bien, la causa legal que se los impida; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar a la quejosa Adriana Valentina Frontado Palmera; una vez localizada, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, lo siguiente: 6.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 6.2 Dé fe del estado físico de la quejosa al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarla sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 6.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra la quejosa. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 6.4 Requiera a la quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 6.5 Requerimiento al promovente. Se hace del conocimiento del promovente Eduardo Serrano Garza, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que la quejosa directa Adriana Valentina Frontado Palmero, no sea encontrada por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentra asegurada, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si fue puesta en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Atención médica. Una vez que el Actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la quejosa directa Adriana Valentina Frontado Palmero, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ella, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 8. Domicilio y Autorizados para notificaciones. En virtud de que el promovente no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Eduardo Serrano Garza, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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