Adriana Urteaga Tamez
Expediente 268/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Adriana Urteaga Tamez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 268/2016-1, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedió la suspensión provisional, se declaró sin materia y se negó la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados, conforme a la fracción III del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de depuración (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo señalado en este propio auto.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, emitida por este juzgado de distrito, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de amparo 268/2016-1, promovido por Adriana Urteaga Tamez, contra los actos que reclamó del Director de Gobierno del Municipio de Nuevo Laredo, y de otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo.
- Principal
De lo anterior, se advierte que no son ciertos los actos reclamados en la forma planteada por la justiciable, consistente en el hostigamiento, acoso e intimidación, por el contrario, se obtiene que las autoridades responsables están sosteniendo pláticas con la quejosa a fin de llegar a un acuerdo sobre la venta del inmueble relacionado con el decreto expropiatorio, cuyo tópico es materia de análisis en los diversos juicios de amparo 203/2015 y 360/2015, ambos del índice de este juzgado, y que se menciona como hecho notorio dado que ambos expedientes forman parte del índice de este juzgado, por lo tanto, al no haber exhibido prueba apta la quejosa para desvirtuar la negativa de las responsables; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, deberá sobreseerse en el presente juicio de amparo. No se desatiende que para acreditar la existencia de los actos reclamados la quejosa haya presentado las pruebas que fueron admitidas en la audiencia constitucional, consistentes en: a) Confesión expresa espontánea, consistente en lo expresado por las autoridades señaladas como responsables al rendir el informe correspondiente; b) Informes justificados de las responsables; c) Instrumental de actuaciones, relativas a la integridad de los autos que se engrosen al presente asunto; d) Primer Testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil doscientos once (4211), del Protocolo de la Notaría Pública número 90, con residencia en esta ciudad; e) Copia simple del recibo de pago de impuesto predial urbano, en los periodos 1-2016 al 6-2016 del inmueble con expediente catastral 26-01-02-143-016, expedido por la caja recaudadora del municipio de Nuevo Laredo, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis; f) Copia simple del General Agency Agreement (contrato de agencia general), y su traducción al español, las que obran agregadas en autos; g) Copia simple del Periódico Oficial de Nuevo Laredo, de veintiuno de abril de dos mil quince y la precisada en el inciso h) Prueba superveniente consistente en la copia simple del acta circunstanciada número 4658, de cinco de agosto de dos mil dieciséis, practicada por el Inspector adscrito a la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; sin embargo, tales probanzas son insuficientes para desvirtuar la negativa de actos informada por las responsables. En efecto, pues por lo que hace a las probanzas señaladas en los incisos a, b y c, consistentes en la confesión expresa, informes justificados e instrumental de actuaciones, en modo alguno abonan al respecto, ya que no se advierte confesión alguna por parte de las responsables en cuanto a la existencia de los actos de acoso, hostigamiento e intimidación reclamados; además de la instrumental de actuaciones, incluidos en ella los informes justificados, no se desprende dato alguno que evidencie la existencia de los aludidos actos impugnados. Por cuanto a las diversas pruebas precisadas en los incisos d), y e), consistentes en el Primer Testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil doscientos once (4211), del Protocolo de la Notaría Pública número 90, con residencia en esta ciudad, y copia simple del recibo de pago de impuesto predial urbano, en los periodos 1-2016 al 6-2016 del inmueble con expediente catastral 26-01-02-143-016, expedido por la caja recaudadora del municipio de Nuevo Laredo, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, solo demuestran que la quejosa celebró un contrato de compraventa con María del Socorro Zarzosa Solis viuda de Aguilera, sobre el bien inmueble que se describe en dicha escritura, y con la copia simple del recibo de pago de impuesto predial correspondiente al periodo y clave catastral únicamente se demuestra el pago realizado, y por cuanto a la prueba superveniente precisada en el inciso h) consistente en la copia simple del acta circunstanciada número 4658, de cinco de agosto de dos mil dieciséis, practicada por el Inspector adscrito a la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, si bien es cierto adquiere la calidad de prueba superveniente -por ser de fecha posterior a la presentación de la demanda-, también lo es que, al margen de ser una copia simple carente de valor, se aprecia que no es una prueba suficiente para acreditar el acto reclamado, por el contrario, únicamente se demuestra que ésta autoridad emitió el primer aviso, relativo al acta circunstanciada número 4658, en la que está citando a la ahora quejosa para que comparezca ante esa dependencia para tramitar la licencia de uso y suelo y licencia de anuncio; aunado a lo anterior, se reitera, que tanto la prueba relativa a la copia simple del recibo de pago de impuesto predial y la prueba superveniente, son copias simples que carecen de valor probatorio pleno, por lo cual se insiste, no son aptas para desvirtuar la inexistencia de actos informado por las autoridades. De la misma manera, respecto a las probanzas mencionadas en los incisos f) y g), relativas a la copia simple del General Agency Agreement (contrato de agencia general), y su traducción al español, y copia del Periódico Oficial de Nuevo Laredo, de veintiuno de abril de dos mil quince, únicamente demuestran, por un lado el contrato que tiene celebrado la quejosa respecto de la actividad a la que dice dedicarse, y por otro, la publicación que se realizó el veintiuno de abril de dos mil quince, relativa a la solicitud del Decreto de Expropiación que se tilda de inconstitucional, y que, se reitera, es materia de análisis en los diversos juicios de amparo 303/2015 y 360/2015, de la estadística de este juzgado, pero de ninguna manera acreditan que se estén cometiendo por parte de las autoridades responsables los actos de hostigamiento, acoso e intimidación que reclama. Asimismo, de la videograbación contenida en formato USB, mediante la cual la quejosa pretende demostrar que las autoridades responsables bloquean el paso de vehículos por la calle Santos Degollado, en donde dice tener su giro mercantil, causando con ello un detrimento económico en el negocio de su propiedad, el cual se tuvo por reproducido sin la asistencia de las partes, al no haber comparecido a la audiencia; debe decirse que de dicha reproducción únicamente se advierte la narración de una persona sobre hechos en los que aduce que no hay paso, ya que se encuentra bloqueada la rúa, pero ello, no es suficiente para tener por acreditada la certeza de que las autoridades se encuentren acosando, hostigando e intimidando a la quejosa. En consecuencia, es evidente que los medios de convicción antes citados resultan insuficientes para acreditar los actos reclamados y como se anticipó, lo procedente es sobreseer en el juicio ante la negativa informado por las responsables. CUARTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 268/2016-1, promovido por Adriana Urteaga Tamez, respecto de los actos y autoridades señalados en el resultado primero, por las razones precisadas en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.
- Principal
Por este medio se notifica a la quejosa: la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el veintiocho de octubre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, misma que en la parte que interesa dice: "...No se desatiende que para acreditar la existencia de los actos reclamados la quejosa haya presentado las pruebas que fueron admitidas en la audiencia constitucional, consistentes en: a) Confesión expresa espontánea, consistente en lo expresado por las autoridades señaladas como responsables al rendir el informe correspondiente; b) Informes justificados de las responsables; c) Instrumental de actuaciones, relativas a la integridad de los autos que se engrosen al presente asunto; d) Primer Testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil doscientos once (4211), del Protocolo de la Notaría Pública número 90, con residencia en esta ciudad; e) Copia simple del recibo de pago de impuesto predial urbano, en los periodos 1-2016 al 6-2016 del inmueble con expediente catastral 26-01-02-143-016, expedido por la caja recaudadora del municipio de Nuevo Laredo, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis; f) Copia simple del General Agency Agreement (contrato de agencia general), y su traducción al español, las que obran agregadas en autos; g) Copia simple del Periódico Oficial de Nuevo Laredo, de veintiuno de abril de dos mil quince y la precisada en el inciso h) Prueba superveniente consistente en la copia simple del acta circunstanciada número 4658, de cinco de agosto de dos mil dieciséis, practicada por el Inspector adscrito a la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; sin embargo, tales probanzas son insuficientes para desvirtuar la negativa de actos informada por las responsables. En efecto, pues por lo que hace a las probanzas señaladas en los incisos a, b y c, consistentes en la confesión expresa, informes justificados e instrumental de actuaciones, en modo alguno abonan al respecto, ya que no se advierte confesión alguna por parte de las responsables en cuanto a la existencia de los actos de acoso, hostigamiento e intimidación reclamados; además de la instrumental de actuaciones, incluidos en ella los informes justificados, no se desprende dato alguno que evidencie la existencia de los aludidos actos impugnados. Por cuanto a las diversas pruebas precisadas en los incisos d), y e), consistentes en el Primer Testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil doscientos once (4211), del Protocolo de la Notaría Pública número 90, con residencia en esta ciudad, y copia simple del recibo de pago de impuesto predial urbano, en los periodos 1-2016 al 6-2016 del inmueble con expediente catastral 26-01-02-143-016, expedido por la caja recaudadora del municipio de Nuevo Laredo, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, solo demuestran que la quejosa celebró un contrato de compraventa con María del Socorro Zarzosa Solis viuda de Aguilera, sobre el bien inmueble que se describe en dicha escritura, y con la copia simple del recibo de pago de impuesto predial correspondiente al periodo y clave catastral únicamente se demuestra el pago realizado, y por cuanto a la prueba superveniente precisada en el inciso h) consistente en la copia simple del acta circunstanciada número 4658, de cinco de agosto de dos mil dieciséis, practicada por el Inspector adscrito a la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, si bien es cierto adquiere la calidad de prueba superveniente -por ser de fecha posterior a la presentación de la demanda-, también lo es que, al margen de ser una copia simple carente de valor, se aprecia que no es una prueba suficiente para acreditar el acto reclamado, por el contrario, únicamente se demuestra que ésta autoridad emitió el primer aviso, relativo al acta circunstanciada número 4658, en la que está citando a la ahora quejosa para que comparezca ante esa dependencia para tramitar la licencia de uso y suelo y licencia de anuncio; aunado a lo anterior, se reitera, que tanto la prueba relativa a la copia simple del recibo de pago de impuesto predial y la prueba superveniente, son copias simples que carecen de valor probatorio pleno, por lo cual se insiste, no son aptas para desvirtuar la inexistencia de actos informado por las autoridades. De la misma manera, respecto a las probanzas mencionadas en los incisos f) y g), relativas a la copia simple del General Agency Agreement (contrato de agencia general), y su traducción al español, y copia del Periódico Oficial de Nuevo Laredo, de veintiuno de abril de dos mil quince, únicamente demuestran, por un lado el contrato que tiene celebrado la quejosa respecto de la actividad a la que dice dedicarse, y por otro, la publicación que se realizó el veintiuno de abril de dos mil quince, relativa a la solicitud del Decreto de Expropiación que se tilda de inconstitucional, y que, se reitera, es materia de análisis en los diversos juicios de amparo 303/2015 y 360/2015, de la estadística de este juzgado, pero de ninguna manera acreditan que se estén cometiendo por parte de las autoridades responsables los actos de hostigamiento, acoso e intimidación que reclama. Asimismo, de la videograbación contenida en formato USB, mediante la cual la quejosa pretende demostrar que las autoridades responsables bloquean el paso de vehículos por la calle Santos Degollado, en donde dice tener su giro mercantil, causando con ello un detrimento económico en el negocio de su propiedad, el cual se tuvo por reproducido sin la asistencia de las partes, al no haber comparecido a la audiencia; debe decirse que de dicha reproducción únicamente se advierte la narración de una persona sobre hechos en los que aduce que no hay paso, ya que se encuentra bloqueada la rúa, pero ello, no es suficiente para tener por acreditada la certeza de que las autoridades se encuentren acosando, hostigando e intimidando a la quejosa. En consecuencia, es evidente que los medios de convicción antes citados resultan insuficientes para acreditar los actos reclamados y como se anticipó, lo procedente es sobreseer en el juicio ante la negativa informado por las responsables. CUARTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 268/2016-1, promovido por Adriana Urteaga Tamez, respecto de los actos y autoridades señalados en el resultado primero, por las razones precisadas en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando..."
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