Adriana Sotelo Blanco

Expediente 289/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
289/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Adriana Sotelo Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C", ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Devolución de documentos originales Finalmente, conforme lo dispone el artículo 19 del referido Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días acuda a las instalaciones de este órgano jurisdiccional con el propósito de recoger los documentos originales que exhibió en este expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, EL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "...Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C", ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Devolución de documentos originales Finalmente, conforme lo dispone el artículo 19 del referido Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días acuda a las instalaciones de este órgano jurisdiccional con el propósito de recoger los documentos originales que exhibió en este expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ..."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito signado por ********************, en su carácter de apoderada legal de ********************, a través del cual solicita se declare firme el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida; asimismo, solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito de demanda. Atento a lo anterior, se deberá de estar a lo acordado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se precisó que el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés no ha adquirido firmeza procesal, y que una vez que ocurra lo anterior, se acordará lo conducente por cuanto hace a la devolución de los documentos que exhibió. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderada legal de Hotel los Arcos de Taxco, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Dirección Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua y otra autoridad.********************Registro********************Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control de juicios de amparo bajo el número 289/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Estudio de la demanda Por otro lado, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo materia del presente asunto, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, ahora se precisa que el acto reclamado es la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua, a través del cual se le tuvo por no interpuesto y se desechó el recurso de revisión planteado. Una vez precisado el acto reclamado, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia."****************************************Se dice lo anterior, en razón de que, se debe atender al principio de definitividad, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Asimismo, es de precisar que tal recurso debe tener una existencia legal, es decir, debe estar previsto en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ahora bien, se debe tener presente el contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra establecen:********************"Artículo 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso." "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."****************************************Asimismo, el contenido del artículo 3, fracciones XII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justica Administrativa disponen:********************"Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.)********************XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;********************XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; (.)".****************************************De la lectura de tales preceptos se evidencia, en lo que interesa, que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas y contra actos administrativos, decretos y acuerdos que carácter general, diversos a los reglamentos cuando éstos sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión al primer acto de aplicación. Asimismo, se observa que el citado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones recaídas a un recurso administrativo, entre éstas que por no interpuesto o lo desechen por improcedente, cuando se haya impugnado las determinaciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.****************************************De ahí que si el acto del que se duele la parte quejosa es la resolución a través del cual se tuvo por no interpuesto y se desechó el recurso de revisión planteado en sede administrativa, mediante el cual se tildó de ilegal una resolución que puso fin a una instancia; es claro, que se trata de un acto impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el juicio previsto en Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por último, es necesario destacar que el citado precepto y la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo establecen como únicas excepciones al principio de definitividad, las siguientes: ********************a) El acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. b) La legislación ordinaria no prevea la suspensión de los actos reclamados. c) La medida cautelar establecida en el ordenamiento respectivo, no tenga los mismos alcances o se exijan mayores requisitos para concederla que en la Ley de Amparo. d) El plazo para otorgar la suspensión sea mayor en la normatividad ordinaria que el previsto en la Ley de Amparo.********************Puntualizado lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza alguna excepción al principio de definitividad para que resulte procedente el juicio de amparo: ********************El acto reclamado no carece de fundamentación, pues de la resolución reclamada se destaca que se citaron diversos preceptos a fin de justificar la misma, razón por la cual tampoco es dable reclamar violaciones directas a la Constitución, ya que de su escrito de demanda se advierte que formula conceptos relacionados con la legalidad de la resolución impugnada como lo es la indebida aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 289, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en sus artículos 83 y 85; además de que no reclama la inconstitucionalidad de alguna norma general con motivo de su primer acto de aplicación. A través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, ya que la ley que lo rige prevé la citada medida cautelar sin exigir mayores requisitos a los regulados por la Ley de Amparo. *El medio de defensa que está obligada agotar está previsto en una ley y no en un reglamento, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por consiguiente, en atención a lo señalado, no se actualiza ningún motivo de excepción al principio de definitividad, por lo que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de combatir el acto aquí impugnado, a saber, la resolución que tuvo por no interpuesto y desechó el recurso de revisión de la quejosa, por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua, ello previo a promover el juicio de amparo. En ese tenor, como la parte quejosa no agotó ese medio ordinario de defensa previo a acudir a esta instancia de amparo, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA la demanda de amparo, respecto del acto reclamado y autoridades materia de este juicio. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a***, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas por no contar con dicho requisito. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en calle ***. Notifíquese personalmente la parte quejosa.

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