Adriana Silva Hernández
Expediente 751/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adriana Silva Hernández
- Maria Luisa Hernandez Luis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa de amparo. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, y al haberse negado el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es susceptible de depuración. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, las copias certificadas que remitió como complemento a su informe con justificación.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 751/2020-VI; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda, presentado el quince de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y recibida el diecinueve de octubre siguiente en este Juzgado, ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez Supernumerario del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, por el acto que se describirá en el segundo considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto declarativo carente de ejecución y la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan, Estado de México. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. El artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, de la lectura de la demanda constitucional, se advierte que la peticionaria de amparo reclama: a) La resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 2126/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, que resuelve el recurso de revocación confirmando el auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en que no se acordó de conformidad la petición de las quejosas en el sentido de repudiar sus derechos hereditarios. TERCERO. Existencia de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez Supernumerario del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, pues así convino al momento de rendir su informe con justificación. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de estudio preferente. Sin embargo, al no advertirse la actualización de causal de improcedencia ni argumento que contestar en ese sentido, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A fin de brindar claridad, se precisa narrar los principales antecedentes que se desprenden de autos: 1. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, ********************y******************** promovieron juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, cuya demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, quien lo radicó bajo el expediente 2126/2019. 2. Seguido el procedimiento, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dictó auto declarativo de herederos en la que se otorgó dicho carácter a las aquí quejosas. 3. Luego, el dieciocho de agosto del presente año, se llevó a cabo la junta de herederos y nombramiento de albacea, en la que las quejosas comparecieron en su carácter de herederas y emitieron su voto para que fuera designado albacea de la sucesión. 4. Posteriormente, mediante promoción recibida en auto de veintiocho de agosto de este año, las aquí peticionarias de amparo, comparecieron a repudiar lisa y llanamente sus derechos hereditarios, sin embargo, el Juez responsable no acordó de conformidad su solicitud. 5. Inconformes con dicha determinación las quejosas interpusieron recurso de revocación, mismo que fue resuelto en interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el sentido de confirmar el auto impugnado. Resolución que constituye el acto reclamado en la demanda de amparo que motivó el presente juicio de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. La parte quejosa esencialmente refiere que la determinación que combate es ilegal pues carece de la debida fundamentación y motivación y, no es congruente al no admitir el repudio de sus derechos hereditarios, siendo que la ley de la materia no prevé un momento para que se pueda realizar dicha acción, por lo que al considerar la responsable que al haberlas declarado como herederas ya no pueden renunciar a dichos derechos. Asimismo, refieren que la resolución que combate no es congruente pues refiere que si pueden transmitir sus derechos pero mediante un contrato de cesión de derechos en favor de la persona que deseen. Al respecto, se considera que los conceptos de violación resultan infundados, en virtud de las siguientes consideraciones. Primeramente, debe decirse que de los artículos 14 párrafo segundo y 16 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, se desprende, entre otras cuestiones, que las autoridades deben emitir sus actos conforme al marco jurídico nacional vigente, de manera fundada y motivada. Para cumplir con el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). 2. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación). 3. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Lo primero se cumple al expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y lo segundo al señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; pero, además, para que se cumplan con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas en las cuales se apoya el acto de autoridad. Ahora, la indebida fundamentación y motivación se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, al no existir adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. Por otro lado, debe indicarse que la figura del repudio de herencia está regulada en el Código Civil para el Estado de México, en el Capítulo III denominado "De la aceptación y de la repudiación de la Herencia", que dispone, en lo que interesa, los siguientes preceptos normativos: "Artículo 6.184.- Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. Artículo 6.186.- La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Artículo 6.190.- La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el Juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario. Artículo 6.196.- La aceptación y la repudiación de la herencia son irrevocables." De los preceptos transcritos se desprende, que la aceptación y el repudio de la herencia, son actos voluntarios realizados por quienes tienen capacidad jurídica para disponer de sus bienes, actos que deben hacerse sin condiciones; es decir, pueden repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes, en virtud de que la repudiación de la herencia es el acto jurídico unilateral, libre, indivisible, puro y simple, irrevocable, con efectos retroactivos, por el cual el heredero o legatario, de manera voluntaria, expresa o tácita, impide la transmisión de bienes por causa de muerte. Asimismo, que la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita; que es expresa la aceptación si el heredero acepta con palabras terminantes, y tácita, si ejecuta algunos hechos de que se deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquellos que no podría ejecutar sino con su calidad de heredero. Por su parte, la repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario que tramita la sucesión, cuando el heredero no se encuentre en el lugar del juicio; debe estar libre de vicios, violencia o error, debiendo ser total y no de forma parcial. Además, que una vez hecha la aceptación o la repudiación, son irrevocables y no pueden ser impugnadas sino en los casos de dolo o violencia; esto es, la aceptación y el repudio de la herencia, son actos que se excluyen entre sí. En ese sentido, debe indicarse que si bien los citados numerales no refiere expresamente el momento en que pueda repudiarse la herencia, la interpretación de los mismos, permite concluir que es posible repudiarla hasta antes de realizar la aceptación de la calidad de heredero. En ese sentido, se advierte que la resolución de la autoridad responsable se encuentra apegada a la ley aplicable al caso concreto pues acertadamente indicó los preceptos legales por los que estimó que no era procedente admitir el repudio de derechos hereditarios promovido por las quejosas, mismos que como se señaló son los que regulan la figura del repudio de herencia. Se afirma lo anterior, pues para emitir su resolución tomó en consideración lo que señalan los preceptos 6.184, 6.186 y 6.196 del Código Civil del Estado de México, mismos que como se señaló regulan la figura de repudio de herencia. Bajo esa línea, indicó que la finalidad de denunciar la sucesión intestamentaria es la emisión del auto declarativo de herederos y que precisamente las quejosas comparecieron a denunciar la sucesión. De igual forma, refirió que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dictó auto declarativo de herederos en la que se otorgó dicho carácter a las aquí quejosas y, posteriormente, asistieron como herederas a la junta de herederos y nombramiento de albacea, emitiendo su voto con relación al albacea. Por lo que es acertado concluir en que las quejosas aceptaron su nombramiento de herederas en el juicio sucesorio intestamentario de origen y, por ende, si promovieron con posterioridad el repudio a la misma, no es procedente su admisión, pues como se expuso la aceptación de la herencia es irrevocable. Lo anterior, al considerar que el ánimo del legislador para darle el carácter de irrevocable a la aceptación o repudio de la herencia, obedeció a darle protección y estabilidad a los procedimientos sucesorios. Apoya lo anterior, la tesis número V.2o.81 C, de la Novena Época, registro 180878, publicada en la página 1613, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "HERENCIA. SU ACEPTACIÓN O REPUDIO SON ACTOS JURÍDICOS EXCLUYENTES ENTRE SÍ E IRREVOCABLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De la interpretación de los artículos 1732, 1739 y 1749 del Código Civil del Estado de Sonora, se obtiene que los actos jurídicos de aceptar o repudiar la herencia son excluyentes entre sí, toda vez que quienes son llamados a la sucesión, al comparecer, tienen la libertad de elegir entre uno de los dos supuestos, pues ante la irrevocabilidad de cada uno de ellos, el que acepta ya no puede repudiarla, y el que decide renunciar a ella ya no puede aceptarla con posterioridad, a menos que esté en algún caso de excepción previsto por la propia legislación sustantiva invocada; lo anterior en atención a que el artículo 1749 del código en mención tiene como finalidad proteger la estabilidad de las transmisiones hereditarias y lleva implícito el principio de derecho semes heres, semper heres que propiamente significa que la cesación de la calidad de heredero, una vez aceptada, no puede depender de la voluntad del aceptante, de ahí que se instituyera la irrevocabilidad, salvo los casos de excepción contemplados en los artículos 1743, 1750 y 1752 del Código Civil de la entidad." Asimismo, se encuentra ajustada a derecho dicha determinación por lo que hace a declarar que si ya no es posible para las quejosas repudiar la herencia, lo procedente sería una cesión de derechos hereditarios. Lo anterior, pues el numeral 7.292, del Código Civil para el Estado de México, establece la posibilidad de que los derechos hereditarios puedan ser transmitidos a diversa persona, quien pasa a ocupar la misma situación jurídica que su cedente, con los mismos derechos y obligaciones. Sin que con dicho pronunciamiento se arribe a una incongruencia por pare de la responsable pues cabe aclarar que el repudio hace que los derechos y obligaciones que recaen a un heredero se reincorporen a la sucesión, provocando inestabilidad para el resto de los herederos, mientras que con una cesión de derechos el heredero es sustituido por el cesionario quien adquiere los mismos derechos y obligaciones sin que se produzca el resultado del repudio. En tales condiciones, el suscrito juzgador advierte que las estimaciones realizadas por la sala responsable al examinar las constancias de autos y legalidad de la sentencia impugnada, son correctas y, en tal virtud, los conceptos de violación son infundados, ya que no se desprende la ilegalidad del acto reclamado. Consecuentemente, ante lo infundado de los motivos de disenso de la quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara y ni protege a ********************y******************** contra el acto atribuido a la autoridad responsable señalada en el tercer considerando, por las razones establecidas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, atento a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que vierte, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstos en la audiencia constitucional.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Supernumerario del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que anexa, la que se tomará en cuenta para emitir la sentencia definitiva; sin perjuicio de hacer nueva relación de ésta en la audiencia constitucional; con la misma, fórmese el anexo correspondiente. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no ha comenzado a transcurrir el término a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan externar lo que a su derecho convenga dentro del expediente en que se actúa, con relación al informe recibido en esta misma fecha. Por ende, no resulta legalmente posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere de oficio para que tenga verificativo a las diez horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil veinte.
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