Adriana Silva Escalante
Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Adriana Silva Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA I......SE TIENE CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente juicio.....
- Principal
se da vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, el suscrito, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, resolverá respecto de dicho cumplimiento.
- Principal
MESA I.- Vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido vía correo oficial el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; documental a la que se le concede valor indiciario conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo segundo de ésta. Por tanto, se agrega a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante el cual solicita se le conceda una prórroga para diligenciar el oficio girado al Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien requirió para que rinda el informe ofrecido por la demandada Servicios Laborales y Ejecutivos, sociedad anónima de capital variable, a través de su escrito de pruebas -apartado 3- dentro del expediente laboral 2388/2015, de su índice. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021), que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsables a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, se concede una prórroga a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio girado al Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le solicitó rinda el informe ofrecido por la demandada Servicios Laborales y Ejecutivos, sociedad anónima de capital variable, mediante su escrito de prueba -apartado 3- dentro del expediente laboral 2388/2015, de su índice. Atento a lo anterior, se reitera a la citada autoridad, que los efectos de la sentencia dictada en este asunto, son del tenor siguiente: "En las relatadas consideraciones, al ser ilegal la omisión de la Junta responsable de diligenciar los oficios girados a las referidas autoridades auxiliares en el expediente laboral 2388/2015, de su índice, dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, lo procedente es, con fundamento en los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Adriana Silva Escalante, para el efecto de que de inmediato, realice lo siguiente: Verifique que el Actuario de su adscripción realice la diligenciación de los oficios ordenados en auto de quince de julio de dos mil veintiuno, girados a la Fiscalía General del Estado de Tabasco y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rindan los informes ofrecidos como pruebas por las partes en conflicto, haciendo los apercibimientos legales y administrativos correspondientes al fedatario para que desahogue las funciones que tiene encomendadas."
- Principal
MESA-I-En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio girado al Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le solicitó rinda el informe ofrecido por la demandada Servicios Laborales y Ejecutivos, sociedad anónima de capital variable, mediante su escrito de prueba -apartado 3- dentro del expediente laboral 2388/2015, de su índice. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD Se apercibe a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, que de no cumplir con el requerimiento en la forma y términos precisados en el presente proveído, de conformidad con el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se sancionará con multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno), y en su caso, se implementarán las penas a que hacen referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo
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