Adriana Sanchez Vega

Expediente 137/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 13 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
137/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
13/06/2016

Partes del expediente

  • Adriana Sanchez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por xxx, por su propio derecho, contra actos del: 1. Juez del Sistema Penal Acusatorio en el Estado, en funciones de Juez de Control en San Juan del Río, Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 90/2016-II-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistente en: La citación a una audiencia a practicarse en el xxx, para las 9:30 del 14 de junio de 2016, que se sigue por el delito de despojo, para resolver sobre el restablecimiento de las cosas al estado previo. La causal de improcedencia que se actualizan es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 6, del ordenamiento citado, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. . Por otra parte, los artículos 6, 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan los principios de contradicción, continuidad y concentración, contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales precisan lo siguiente: Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. Artículo 7o. Principio de continuidad Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este Código. Artículo 8o. Principio de concentración Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. . La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan algún agravio al quejoso, en los términos establecidos en el primer párrafo del artículo 6 de la presente Ley. En el presente asunto, la promovente refiere que fue citada por la responsable para los efectos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, a efecto de restablecer las cosas al estado previo. Asimismo, refiere que fue citada para que se presente ante la responsable, debidamente asistida de su defensor; con la finalidad de garantizarle su derecho a la adecuada defensa. En ese sentido, no obstante que la quejosa sea citada en una carpeta administrativa, ello es con la finalidad de obtener uno de los fines constitucionales previstos en la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal; esto es, el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, su presencia ante la autoridad que ordenó su citación, tendrá plenamente garantizado su derecho de contradicción; esto es, conocer la pretensión de la víctima, la cual puede ser debatida en la audiencia que para tal efecto se encuentra prevista y en ella aportar sus datos de prueba tendentes al esclarecimiento de los hechos. La audiencia para la cual ha sido citada, deberá ser continua y concentrada; esto es, deberá desahogarse en el menor tiempo posible y resolver en ella los puntos cuestionados. Anta le presencia de los principios referidos, resultaría contrario a ellos, la concesión de la suspensión respecto de la citación a la aquí quejosa; pues el Constituyente estableció dichos principios, con la finalidad de que se logre el diverso principio de justicia pronta en favor de todas las partes, incluyendo el de los imputados -previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal-. Aunado a lo anterior, en el caso no se encuentra en riesgo la libertad personal de la quejosa, pues como lo refiere bajo protesta de decir verdad, en su antecedente marcado con el número tres; le fue dictado auto de no vinculación a proceso en la audiencia inicial de seis de junio del año en curso. En este sentido, la simple citación no le causa agravio a la aquí quejosa, pues tienen como finalidad el cumplimiento de los principios constitucionales precitados; ya que en todo caso, el acto que le puede ocasionar un agravio lo será, la resolución que se emita como consecuencia de la audiencia para la cual fue citada. De concederse la suspensión del acto reclamado, por quien aquí resuelve estaría contraviniendo los principios constitucionales referidos, lo cual no es acorde a la institución de la suspensión de los actos reclamados. Lo anterior porque en contra de las determinaciones que se emitan dentro de las diversas audiencias en la etapa de investigación, tienen medios de defensa ordinarios que las partes pueden interponer, con lo cual no se les deja en estado de indefensión. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovidas por la aquí quejosa. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en xxx y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que indica. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a xxx, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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