Adriana Ruvalcaba Gutierrez
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2021
Partes del expediente
- Adriana Ruvalcaba Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia que de conformidad con las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/4/2021, de cuatro de diciembre de dos mil veinte y dieciséis de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, aprobadas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se haya determinado regresar al esquema de trabajo a distancia, así como de suspensión de plazos y términos previsto en el Acuerdo General 13/2020 para todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, dicha suspensión de plazos no opera para los asuntos considerados como urgentes ni para los juicios que pueden ser tramitados en línea, como en el caso lo es el presente controvertido el cual se presentó a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Aunado a que la determinación de ocho de enero de dos mil veintiuno, fue notificada el once de enero siguiente, por medio de la lista electrónica, de ahí que el presente acuerdo se emita en los términos antes mencionados. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que este expediente se encuentra dentro de las hipótesis que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de demanda de amparo aparentemente promovida por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, Agencia "A-6", Unidad de Investigación sin Detenido; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro 2/2021-II. Improcedencia. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente: . En efecto, de la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: (...) En relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena: (...) Así como con el numeral 6 de la Ley de Amparo, que dispone: (...) De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo 1 , en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica de la parte promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular en la demanda, no se advierte la firma electrónica. Hipótesis legal que también fue prevista en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificado por el diverso 25/2020 (que se encontrará vigente del uno de noviembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, ponderando que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no de la parte promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular en la demanda, no se advierte la firma electrónica. Hipótesis legal que también fue prevista en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificado por el diverso 25/2020 (que se encontrará vigente del uno de noviembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, ponderando que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.8/2019 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: . Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues con mediana claridad no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo (considerando que los actos reclamados consisten en la orden de presentación, retención, captura o comparecencia giradas en contra de la promovente, y por tanto, no se requiera de la firma electrónica, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Domicilio y autorizados. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa al no contar con firma electrónica, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial y cualquier determinación jurisdiccional. Asimismo, no ha lugar a tener por autorizados a las personas que se señalan en el escrito que se provee para los fines propuestos, ello, en virtud de que no se tiene certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario.
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