Adriana Ruiz Peña y Otros.

Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
546/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Adriana Ruiz Peña
  • Adriana Ruiz Peña y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual solicita la devolución de la escritura pública exhibida con el escrito inicial de demanda. Atento a su contenido, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que se proveyó lo conducente respecto a la devolución del documento al que alude; asimismo, se tiene como autorizado para recoger el instrumento notarial aludido, a la persona que refiere, previa razón que se deje en autos para su debida constancia. Finalmente, como está ordenado en autos, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de abril de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, con el cual, en cumplimiento a la prevención de diez de abril de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha continúa ejerciendo el cargo de Presidenta del Consejo Directivo de la moral ***, en los términos de la escritura pública escritura pública número ***, libro ***, pasada ante la fe de la Notario adjunta de la Notaría número *** del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: ***

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada el diez de abril de dos mil veintitrés. A efecto de proveer respecto del escrito de cuenta, conviene precisar lo que establece el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Del normativo en cita se desprende que, si bien es cierto, la quejosa puede autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones, quien podrá interponer recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre de la quejosa o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas generales del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, el cual exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, por lo que el escrito de aclaración de la demanda de amparo, debe contar con la firma autógrafa o firma electrónica de la parte quejosa, o bien, de su representante y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender personalmente el juicio de amparo. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de señalar nuevas autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación, sino promociones que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado, porque el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladado a persona diversa al quejoso o de su representante legal. Ahora, del estado de autos se advierte que en auto diez de abril de dos mil veintitrés, se previno la demanda de amparo para el efecto siguiente: ***

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