Adriana Reyes Vega
Expediente 523/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adriana Reyes Vega
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de once de noviembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable las constancias que se sirvió remitir al presente asunto en dos tomos de pruebas. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, del análisis íntegro de la demanda de amparo se observa que la impetrante del amparo Adriana Reyes Vega, reclama en esta instancia constitucional, la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintidós que emitió la responsable con motivo de su solicitud sobre aclaración del laudo de veintidós de marzo de dos mil veintidós dentro del procedimiento laboral 1343/2015. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintidós con motivo de la aclaración de laudo de veintidós de marzo de dos mil veintidós. Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente citar el artículo de la Ley de Amparo, que es aplicable al caso: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del anterior precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que si bien legalmente subsiste el acto reclamado, sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno, por las razones siguientes: Como ya se dijo, el acto reclamado lo constituye la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintidós por la que se hizo del conocimiento de los apoderados de la parte quejosa que resultaba innecesario acordar en cuanto al fondo su petición sobre aclaración de resolución, toda vez que ya obraba un nuevo laudo de veintidós de marzo del presente año dictado en cumplimiento a las ejecutorias de amparo directo 338/2021 y 339/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Lo anterior, conduce a considerar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precisada, porque aun cuando subsiste el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós dictado dentro del juicio laboral 1343/2015; lo cierto es que, ese auto actualmente no surte efecto legal ni material dentro del expediente de origen, porque la parte quejosa manifestó en su capítulo de antecedentes de la demanda que dio origen al presente asunto, que promovió nuevo juicio de amparo directo contra el laudo en cumplimiento de ejecutoria dictado por la responsable el veintidós de marzo de dos mil veintidós. Lo expuesto, se confirma con el informe justificado de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, quien señaló que el ocho de abril de dos mil veintidós la quejosa Adriana Reyes Vega promovió amparo directo en contra del laudo de veintidós de marzo de dicha anualidad, motivo por el cual los autos del juicio laboral de origen se encuentran turnados para su estudio ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que registró el amparo directo con el número 263/2022 y actualmente se encuentra pendiente de resolución, como se aprecia del oficio 9791/2022, por el cual el tribunal de alzada se sirvió remitir copia certificada del acto reclamado y del que se obtiene la siguiente transcripción: ".agréguese el comunicado de cuenta a sus antecedentes para los efectos legales consiguientes y devuélvase el expediente a la ponencia del Magistrado Omar Liévanos Ruíz, a efecto de que sea formulado el proyecto de resolución correspondiente". Entonces con motivo de la demanda de amparo directo en contra del laudo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, procesalmente ya no surte efecto legal alguno el auto que la quejosa pretendió revocar, esto es, en el que busca que se aclare el laudo de dicha fecha; ya que a estas alturas, obra una nueva demanda por la que se accionó el amparo directo 263/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano terminal que emprenderá el estudio correspondiente a efecto de resolver lo relativo a la emisión del nuevo laudo de veintidós de marzo de la presente anualidad, del cual solicitó aclaración la impetrante de amparo. De tal forma que, aun cuando subsiste el acuerdo que se atribuye a la autoridad responsable, lo cierto es que dicha resolución ya no surtirá efecto legal o material alguno por haber dejado surtir efectos jurídicos el auto materia de la revocación, en virtud a la presentación de la nueva demanda de amparo directo por la quejosa. Por lo tanto, los efectos del acto reclamado ya no se pueden concretan en su esfera jurídica, ni se concretarán, en virtud de lo que tenga a bien resolver el tribunal colegiado referido, lo que conlleva a la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirla en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Consecuentemente, la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintidós por la que se hizo del conocimiento a los apoderados de quejosa que resultaba innecesario acordar en cuanto al fondo su petición sobre aclaración de laudo, no puede ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia del mismo, pues ya no impactará en la esfera jurídica de la quejosa, por lo que no sería posible restituirla en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Razonablemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se dejan sin efectos las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase al actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, misma que se obtuvo del expediente original del juicio laboral 1343/2015. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental que remite dicha autoridad responsable, la que se ordena relacionar al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
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