Adriana Reyes Niño
Expediente 152/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adriana Reyes Niño
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, envíese al archivo. ....se determina que el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento, al haberse SOBRESEÍDO fuera de audiencia en el juicio, por lo que se considera sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental.
- Principal
Acapulco, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y tres, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación de la resolución interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, relativa al incidente de nulidad de notifiaciones promovido por Servicios Corporativos Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral de origen. Sin que sea obstáculo a lo considerado que en el oficio de cuenta, se especifica un número de amparo diverso en el que se actúa, ya que se trata de un error en su cita, y de su contenido se advierte que corresponde al presente asunto. Lo anterior, atento a la Jurisprudencia número 421, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos treinta y uno, Tomo V, Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2, Apéndice 1917-Septiembre de dos mil once, Novena Época, Materia Común, Civil, cuyo rubro señala: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de emisión de la resolución en el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la codemandada Servicios Corporativos Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral de origen, así como la notificación de la resolución a las partes. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V de Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuanto: ... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior..." El análisis gramatical de tal normativo, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De manera que, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al concluir su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo vigente, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso debe recordarse que el acto del que principalmente se duele la parte inconforme, se hace consistir en la falta de emisión de la resolución en el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la codemandada Servicios Corporativos Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral de origen, así como la notificación de la resolución a las partes. Ahora bien, de las constancias enviadas por la autoridad responsable tanto las que adjuntó a su informe justificado, así como las que remitió al oficio de cuenta, se advierte que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por Servicios Corporativos Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral de origen, y que notificó a las partes la interlocutoria respectiva; por lo que es evidente que han cesado los efectos de la conducta reclamada, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no surte efectos. Es aplicable al particular, la tesis 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la Tesis número P. CL/97, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En este contexto, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, el presente juicio se sobresee fuera de audiencia, ya que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la Tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, programada para las trece horas del diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Auxiliar de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en ausencia de la Presidenta, residente en esta ciudad y anexos que acompaña; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. En razón de lo anterior, a fin de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido del informe de cuenta y estén en aptitud de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, la audiencia constitucional programada para hoy, se difiere, y en su lugar se señalan las trece horas del diecinueve de abril del año que transcurre. Apoya lo determinado, en lo conducente, la Jurisprudencia 698, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 29/98-PL, localizable en la página 781, del Tomo II, del Apéndice 1917-Septiembre de 2011, Primera Parte-SCJN Sexta Sección, Novena Época, con número de registro 1002764, que impone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese personalmente.
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