Adriana Ramirez Gonzalez
Expediente 1522/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 42 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adriana Ramirez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veinticinco de junio de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante diligencia de entrega de cheque de catorce de junio de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, por lo tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: "En consecuencia, procede CONCEDER a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados respecto de los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamados en esta instancia de amparo, para el efecto de que le sea devuelto el tributo adicional vinculado al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento. EFECTOS DEL AMPARO En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad de los mencionados preceptos legales, procede CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a favor de la justiciable, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisados en el resultando primero de este fallo, en relación con la parte considerativa correspondiente, para los efectos siguientes: 1. No se le aplique a la amparista en el presente ni en lo futuro la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 119 al 125, reclamados en esta instancia de amparo. . 2. Le sea devuelto a la quejosa el tributo adicional vinculado al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento, quedando desvinculados de las obligaciones tributarias legisladas. ... Devolución que correrá a cargo de las autoridades exactoras señaladas como responsables y aquéllas vinculadas a su cumplimiento. . En otro orden de ideas, las autoridades responsables que concurrieron a la formación, expedición, promulgación y publicación de las leyes en esta vía reclamadas, no se les impone la realización de algún acto concreto en cumplimiento a esta sentencia. La concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, se hace extensiva al acto concreto de aplicación consistente en la escritura pública número 3,422 de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del estado de Morelos." Dicha sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante oficio de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, manifestó que se encontraba a disposición de la quejosa el cheque número 0004972, por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N), por concepto del impuesto adicional declarado inconstitucional, y remitió copia certificada de dicho título de crédito. En ese sentido, por auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado federal señaló las doce horas del catorce de junio de dos mil diecinueve, a efecto de que comparecieran la parte quejosa y la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realizara la entrega recepción del cheque correspondiente. Posteriormente, la quejosa Adriana Ramírez González, y el delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, comparecieron debidamente identificados a este juzgado federal el día y a la hora señalada para la diligencia de entrega recepción del cheque correspondiente, por lo que la parte quejosa recibió el cheque 0004972, por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N); asimismo, las partes firmaron de conformidad, como se puede advertir de las constancias que obran en autos. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su garantía violada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que le devolvió la cantidad correspondiente por concepto de impuestos adicionales ligados al impuesto sobre adquisición de bienes, contemplados en los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorporara de la esfera jurídica y no aplicara a la quejosa en el presente ni en el futuro lo previsto por los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y le devolviera el tributo adicional vinculado al impuesto ligado al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la responsable devolvió la cantidad erogada a la quejosa por concepto de las contribuciones adicionales al impuesto sobre adquisición de bienes, en la diligencia de entrega de cheque de catorce de junio de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante diligencia de entrega de cheque de catorce de junio de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, por lo tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: "En consecuencia, procede CONCEDER a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados respecto de los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamados en esta instancia de amparo, para el efecto de que le sea devuelto el tributo adicional vinculado al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento. EFECTOS DEL AMPARO En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad de los mencionados preceptos legales, procede CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a favor de la justiciable, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisados en el resultando primero de este fallo, en relación con la parte considerativa correspondiente, para los efectos siguientes: 1. No se le aplique a la amparista en el presente ni en lo futuro la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 119 al 125, reclamados en esta instancia de amparo. . 2. Le sea devuelto a la quejosa el tributo adicional vinculado al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento, quedando desvinculados de las obligaciones tributarias legisladas. ... Devolución que correrá a cargo de las autoridades exactoras señaladas como responsables y aquéllas vinculadas a su cumplimiento. . En otro orden de ideas, las autoridades responsables que concurrieron a la formación, expedición, promulgación y publicación de las leyes en esta vía reclamadas, no se les impone la realización de algún acto concreto en cumplimiento a esta sentencia. La concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, se hace extensiva al acto concreto de aplicación consistente en la escritura pública número 3,422 de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del estado de Morelos." Dicha sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante oficio de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, manifestó que se encontraba a disposición de la quejosa el cheque número 0004972, por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N), por concepto del impuesto adicional declarado inconstitucional, y remitió copia certificada de dicho título de crédito. En ese sentido, por auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado federal señaló las doce horas del catorce de junio de dos mil diecinueve, a efecto de que comparecieran la parte quejosa y la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realizara la entrega recepción del cheque correspondiente. Posteriormente, la quejosa Adriana Ramírez González, y el delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, comparecieron debidamente identificados a este juzgado federal el día y a la hora señalada para la diligencia de entrega recepción del cheque correspondiente, por lo que la parte quejosa recibió el cheque 0004972, por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N); asimismo, las partes firmaron de conformidad, como se puede advertir de las constancias que obran en autos. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su garantía violada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que le devolvió la cantidad correspondiente por concepto de impuestos adicionales ligados al impuesto sobre adquisición de bienes, contemplados en los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorporara de la esfera jurídica y no aplicara a la quejosa en el presente ni en el futuro lo previsto por los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y le devolviera el tributo adicional vinculado al impuesto ligado al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la responsable devolvió la cantidad erogada a la quejosa por concepto de las contribuciones adicionales al impuesto sobre adquisición de bienes, en la diligencia de entrega de cheque de catorce de junio de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia número 8/2018, de su índice, cuyo punto resolutivo fue el siguiente: "ÚNICO. DEVUÉLVANSE los autos del juicio de amparo que motivó el presente incidente de inejecución de sentencia al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo". Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y como lo solicita el Tribunal de Alzada, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis que se efectúa a las constancias que integran el cuaderno de antecedentes del presente expediente, se advierte que por auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se señalaron las doce horas del catorce de junio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la diligencia de entrega del título de crédito emitido en favor de la quejosa, por lo que este juzgador estima que no ha lugar a requerir nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector conforme a lo ordenado por la Superioridad. Sin que la determinación anterior se traduzca en un desacato por parte de este juzgado federal, pues con la emisión del cheque exhibido por la autoridad responsable a través de oficio sin número ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se acreditan los principios de ejecución que la responsable realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 87/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 6, que a la letra dice: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la diligencia que antecede, se advierte que no compareció la parte quejosa ni la autoridad demandada para la entrega recepción del cheque ordenado en proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Ahora bien, y tomando en consideración que es necesaria la comparecencia de ambas partes para que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, por ende, con fundamento en los numerales 193 y 194 de la Ley de Amparo y con el objeto de no retardar más la ejecución del juicio de amparo, se señalan las DOCE HORAS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que comparezcan en las instalaciones de este Juzgado Federal tanto la parte quejosa ADRIANA RAMÍREZ GONZÁLEZ, así como el Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realice la entrega recepción del cheque correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que de no asistir a la hora y día indicado, se tendrá por desinteresada de la ejecutoria de amparo. Asimismo, se apercibe al Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, que de no comparecer a la diligencia mencionada él o alguno de sus delegados, o de no presentar el título de crédito por la cantidad que corresponde y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial que, además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; asimismo, el siguiente requerimiento se hará por conducto de su superior jerárquico, independientemente de que se inicie el procedimiento de inejecución de sentencia. Notifíquese personalmente.
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