Adriana Prudente Zayas
Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adriana Prudente Zayas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 89), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil dieciocho, Adriana Prudente Zayas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral 296/2006. II. Luego, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo (fojas 65 a 73), la cual sobreseyó y otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, por lo que la autoridad responsable estaba obligada a realizar lo siguiente: "Constante la notificación a la demandada, del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, en que se le requirió el pago de la condena, con el apercibimiento correspondiente. Remita el acuse de recibo del oficio 6919/2018, girado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa de trescientos (300) días de salario impuesta al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo condenatorio (foja 45). (foja 72 vuelta). III. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 82), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada, del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 87). Asimismo, remitió el acuse de recibo del oficio 6919/2018, girado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa de trescientos (300) días de salario impuesta al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo condenatorio, dentro del juicio laboral de origen 296/2006 (foja 88). En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Vista la razón de cuenta, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte quejosa el contenido del proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 89), por los motivos que expone. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación de mérito así como las subsecuentes de la parte quejosa, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos. Notifíquese a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de treinta de enero de dos mil diecinueve, como esta ordenado en líneas que anteceden (lista). 30- 01- 2019.- Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada, del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, así como el acuse de recibo del oficio 6919/2018, girado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa de trescientos (300) días de salario impuesta al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo condenatorio, dentro del juicio laboral de origen 296/2006; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada, del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, así como el acuse de recibo del oficio 6919/2018, girado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa de trescientos (300) días de salario impuesta al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo condenatorio, dentro del juicio laboral de origen 296/2006; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 65 a 73); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte SOBRESE, y por otra AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sin que sea óbice que no se cuenta con la constancia del tercero interesado relativa a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal por violación al artículo 17 constitucional; dicho tercero interesado no cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión que establece la ley de amparo, lo anterior sirve de apoyo la tesis XXI.2º.C.T.8 K (10a.) con registro 2015213, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., 81, fracción I, inciso e), 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la sentencia definitiva que se impugna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.", sostuvo que los recursos son medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada para poder obtener la modificación o revocación de una resolución, por lo que la legitimación para impugnarla y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia deriva no sólo de la calidad de parte en el juicio de amparo, sino además, de que la resolución combatida cause agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o, en su caso, porque cuente con la representación legal de aquél. Así, el tercero interesado tiene, en términos generales, un interés opuesto al del quejoso y, le resulta jurídicamente conveniente que subsista el acto reclamado; por ende, la determinación que concede el amparo, podría estimarse que lo legitima para interponer la revisión. Sin embargo, eso no sucede cuando se reclama la violación al derecho fundamental de pronta administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuya titularidad corresponde al quejoso, de tal suerte que la sentencia que concedió el amparo por tal motivo, no causa al tercero interesado un agravio personal y directo, necesario para su impugnación, en razón de que la ejecutoria debe cumplirse por la autoridad responsable, sin que ello tenga alguna incidencia en su esfera jurídica; de ahí que carezca de legitimación para interponer el recurso citado". Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: "Constante la notificación a la demandada, del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, en que se le requirió el pago de la condena, con el apercibimiento correspondiente. Remita el acuse de recibo del oficio 6919/2018, girado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa de trescientos (300) días de salario impuesta al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo condenatorio (foja 45). (foja 41)." (foja 72 vuelta). Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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