Adriana Prieto García

Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
18/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Adriana Prieto García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo... se declara que ha causado estado el referido proveído. archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la Circular SECNO/8/2021 de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de treinta de enero de dos mil veintiuno, por medio de la cual se suspendieron los plazos y términos de los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, retomando los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 13/2020 de dicho Pleno, teniendo como excepción las demandas "urgentes" ya sea que se hayan presentado física o electrónica y las demandas promovidas a través del "juicio en línea" por conducto del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. 2. Acto reclamado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo "(.) Al respecto, cobra aplicacio´n la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, tomando en consideracio´n que el acto que se reclama en la presente demanda de amparo no es de aquellos catalogados como urgentes pero si´ juicio en li´nea, segu´n lo establecido por los arti´culos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema e Trabajo y Medidas de Contingencia en los O´rganos Jurisdiccionales por el feno´meno de salud pu´blica derivado del virus COVID-19, se desprende que para que un expediente se pueda tramitar "en li´nea" resulta determinante que las partes tengan personas autorizadas para consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Li´nea, ello con la finalidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electro´nica, sin que sea posible la pra´ctica de notificaciones personales o por oficio, de tal forma que la posibilidad de continuar con e´stos juicios depende de la factibilidad de la tramitacio´n total por medios electro´nicos; ya que la contravencio´n de ello traeri´a como consecuencia la suspensio´n de la tramitacio´n del juicio, se provee lo siguiente: 3. Radicacio´n. Vista la demanda promovida por ..., contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; fo´rmese expediente; ha´ganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nu´mero 18/2021. 4. Demanda Sin Firma. Ahora bien, visto el escrito de demanda a través del Módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que carece de firma electrónica sin evidencia criptográfica de la parte quejosa, en términos del artículo 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los artículos 3 de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, tiene los mismos efectos que la autógrafa. En consecuencia, no ha lugar a tener por satisfecha la manifestación de la voluntad de ... para promover la demanda de amparo, pues no se tiene certeza de quien promueve la petición formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo; aunado a que la demanda de amparo no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la materia. Lo anterior se afirma, pues como se advierte del escrito que se provee, la parte quejosa reclama a) la omisión de emitir una resolución a la solicitud de autorización sanitaria que la quejosa solicitó para el consumo personal de Cannabis Sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª ), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte; así como b) la negativa fáctica e inminente a su solicitud de autorización sanitaria que la quejosa solicitó para consumo personal de Cannabis Sativa antes mencionada. En consecuencia, es claro que no se trata de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por los cuales la agraviada se haya visto imposibilitada para promover el amparo, como lo establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, por ende, tampoco es posible que otra persona pudiera hacerlo en su lugar, menos aún sustituir su firma. En ese sentido, resulta necesario precisar que la demanda de amparo presentada en línea presuntamente por Adriana Prieto García, no se encuentra firmada electrónicamente. 5. Desechamiento. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en el que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Al tenor de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia constitucional y legal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en el que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Subsunción del caso Ahora bien, de un estudio integral efectuado a la demanda presentada vía electrónica presuntamente por Adriana Prieto García, se advierte que ésta carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que contenga el nombre de quien dice acudir al amparo. Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio constitucional debe promoverse únicamente por el agraviado a quien perjudiquen los actos reclamados, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicho ordenamiento; sin embargo, en la especie, como ya se indicó, del escrito de demanda en estudio no se puede advertir la manifestación de voluntad de la parte quejosa para iniciar esta instancia, en razón que la demanda no contiene su firma electrónica En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se aprecia que dicho precepto legal establece que la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente. Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica establecida el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales, por lo que las demandas que se presenten vía electrónica, será a través de dicha firma, que se exteriorice la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, para promover el juicio de amparo. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia I.1o.A.39 K (10a.), aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Agosto de 2018, página 2679, cuyo rubro y texto se transcriben enseguida: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio". Sobre este tema, el precitado artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico enviado que contenga su demanda y anexos, así como la hora y fecha de envío y recepción y un folio electrónico; asimismo, en los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Lo anterior, a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo Concomitante a lo anterior, el diverso numeral 52 del referido Acuerdo General, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente. Así por los motivos expuestos, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por ..., se advierta que no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; circunstancia, que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expediente. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL de la quejosa, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Lo anterior conduce a la actualización de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo; lo que provoca su desechamiento de plano. La anterior determinación encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79, cuyo rubro y texto se transcriben enseguida: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LA QUEJOSA. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL de la quejosa, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Debe precisarse que si bien es verdad la pandemia global generada por el virus Covid-19, ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad" que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para tener por satisfecho el presupuesto legal de la firma de quien promueve el amparo, pues no existe certeza de que quien dice ser el agraviado efectivamente tenga la intención de promover el juicio, o si es voluntad de la persona quien lo promueve en su aparente calidad de autorizada, incluso en perjuicio de la parte quejosa; por ello es que, a efecto de no violentar el principio de seguridad jurídica que rige al juicio constitucional, es necesario que quien pretenda acudir al amparo, cumpla con los presupuestos establecidos para su promoción, máxime que, como ya se dijo, los actos reclamados no se encuentran en ningún supuesto de excepción. Conclusión. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo; lo que provoca su desechamiento de plano. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente de la demanda, pues los antecedentes de los actos reclamados narrados son lo suficientemente claros como para advertir la naturaleza de los mismos, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza de los actos reclamados no variará, lo que implica que convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. 6. Designación de domicilio. Con fundamento en el artículo 108 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el indicado. 7. Autorizados. Se tiene por autorizado en te´rminos del pa´rrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ... 8. Habilitación de horas. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. 9. Autorización de medios electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. 10. Videoconferencia. En ese orden de ideas, cabe señalar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para efectos de lo anterior, podrá utilizarse el equipo de videoconferencia o bien los tipos de dispositivos, desarrollos o aplicaciones a través de los cuales se puede llevar a cabo este método de comunicación, por lo que en todo momento se adoptará las acciones tendientes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de videoconferencias. 11. Integración expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; intégrese el expediente físico. 12. Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese personalmente.

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