Adriana Pantoja Colin
Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adriana Pantoja Colin
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer contra el acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jeime Artemiza Mireles Pantoja, en su carácter de apoderado legal de Adriana Pantoja Colín, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha determinación para todos los efectos legales a que haya lugar, por tanto, archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo.
- Principal
M-II. Vista la demanda de amparo promovida por el apoderado legal del quejoso, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 727/2020-II. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El citado precepto legal menciona: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, en esencia señala como acto reclamado la interlocutoria de veinte de agosto de dos mil veinte, dictada por el Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, dentro del expediente 1601/2016, en la cual determinó calificar de idóneo el medio de impugnación que hizo valer el demandado Hilario Zamudio Colín y/o Eduardo Zamudio Colín, en contra del auto de diecinueve de marzo del año en curso, y revocarlo en su parte conducente, en el cual había inadmitido la contestación a la demanda por extemporánea y como consecuencia de la resolución interlocutoria, se tuvo por contestada en tiempo y forma, la demanda de origen. En ese tenor, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la interlocutoria de veinte de agosto pasado, en la cual la autoridad responsable declaró idóneo el medio de impugnación que hizo la parte demandada en el juicio natural, contra el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte y como consecuencia tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda de origen, no reviste un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior es así, pues un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse como aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable en el momento de que se resuelva en definitiva en el juicio natural, pues de lo manifestado por la quejosa, se advierte continúa en trámite, incluso que con el acto combatido se integra la relación procesal al tratarse de la contestación de la demanda de origen, o en su defecto, dicha circunstancia podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de no obtener un fallo favorable) al combatirse la sentencia definitiva; ello conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracción XII, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de la interlocutoria de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida dentro del expediente 1601/2016 del índice de la autoridad responsable, resolución en la cual determinó calificar de idóneo el medio de impugnación que hizo valer la parte demandada en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, y revocar en la parte conducente dicho auto, lo que trajo como consecuencia que se tuviera por contestada en tiempo, la demanda de origen, pues no se traduce en un acto de imposible reparación a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el hecho de que la responsable haya decretado calificar de idóneo el recurso que hizo valer el demandado y revocar el auto de diecinueve de marzo del año en curso, para tener por contesta la demanda instaurada en su contra, no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. En otras palabras con la determinación reclamada, no se puede considerar que se quede en estado de indefensión o que se le cause un perjuicio en grado predominante, pues será hasta la sentencia definitiva cuando se podrá conocer si dicha determinación es contraria a sus intereses, caso en el cual estará en posibilidad de impugnarlo como violación procesal, a través del amparo directo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del libro seis, mayo dos mil catorce, Décima Época, que establece: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". En virtud de que la parte quejosa señaló en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, con base en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, háganse ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Rayón Espinosa, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente a efecto de oír y recibir notificaciones a las restantes personas que se mencionan en el escrito de cuenta, pues carecen de registro en dicho sistema. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, de ser necesario, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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