Adriana Ortega García y Otros.
Expediente 21/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2017
Partes del expediente
- Adriana Ortega García y Otros.
Actuaciones
- Principal
queda firme auto de desechamiento
- Principal
EN SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SEDE MEXICALI, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A ADRIANA ORTEGA GARCIA, AUTO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A EFECTO DE SER NOTIFICADO DE LO ANTERIORMENTE INDICADO, NO OBSTANTE EL AVISO QUE EL SUSCRITO DEJÉ FIJO EN PUERTA DEL DOMICILIO QUE PROPORCIONÓ PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES A LAS ONCE HORAS DEL PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, CERCIORADO DE SER EL CORRECTO POR ASI VISUALIZARLO EN EL LETRERO VIAL Y TENER A LA VISTA LA NOMENCLATURA OFICIAL, TOCANDO A LA PUERTA DE ACCESO POR UN ESPACIO DE CINCO MINUTOS SIN QUE NADIE ATENDIERA A MIS LLAMADOS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta que presenta la Licenciada Martha Beatriz Ávalos Valenzuela, autorizada de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de enero en curso. . Ahora, del análisis integral que se hace de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, en virtud de que en la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado la aprobación, promulgación y publicación de la Ley del Agua para el Estado de Baja California; empero, a la presente fecha, tal legislación se encuentra abrogada, esto es, han cesado los efectos de la ley tildada de inconstitucional. Así es, el escrito de demanda de amparo fue presentado por la parte quejosa el día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, sin embargo, el día siguiente, diecinueve de enero en curso, el Congreso del Estado de Baja California abrogó la Ley del Agua para el Estado, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado. Abrogación contenida en el Decreto 63, expedido por el Congreso del Estado, cuya publicación ordenó el Gobernador del Estado, y publicado en dicho órgano de comunicación, en el Tomo CXXIV, del propio diecinueve de enero de este año, número 4, específicamente en el artículo transitorio primero, en la página 31. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las autoridades creadoras de la norma, aquí señaladas como responsables, dejaron sin efectos la legislación que inicialmente emitieron, con lo que se destruyó el acto combatido, es decir, la Ley del Agua para el Estado de Baja California impugnada, así como los efectos que ésta produjo, volviendo así a la parte quejosa al mismo estado en que se encontraba antes de que se emitiera, restituyéndola en el goce del derecho fundamental que estimó violado y, en consecuencia, quedó en una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo han cesado los efectos del acto reclamado, sin que se advierta que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que aparece bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que se oponga a lo expuesto lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de cuenta, en el sentido de que es su propósito continuar con el asunto hasta que se determine que las autoridades responsables, con su actuar en el proceso de autorización de la referida legislación, violaron los mandatos establecidos en la Constitución. Ello, en razón de que al haber quedado insubsistente la ley reclamada, no es jurídicamente posible ni legalmente válido, analizar en este sumario constitucional si la legislación combatida se emitió o no en contravención a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante su insubsistencia, lo ocurrido durante su proceso de creación también dejó de tener vigencia y no puede por tanto perjudicar ya a la parte quejosa. En consecuencia, es evidente que el presente juicio de amparo 21/2017, es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio.
- Principal
Vista la demanda de amparo y anexo que presenta ADRIANA ORTEGA GARCÍA, contra actos de las autoridades responsables GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ambas con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 21/2017. Ahora, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 110, en relación con el 114, fracción V de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, manifieste si solicita la suspensión del acto reclamado en el presente juicio de amparo, en virtud de que no lo solicitó expresamente en su escrito de demanda; sin embargo, en el cuarto punto petitorio de la misma solicita: "Se expida en copia simple estableciendo la suspensión provisional del acto reclamado"; y en caso de que así lo manifieste, deberá exhibir una copia más de su escrito de demanda para la formación de los cuadernillos incidentales relativos a la suspensión. En la inteligencia, que de no cumplir con lo anterior en el término que para tal efecto se le concede, se postergará la apertura del incidente de suspensión, como se estipula en el último párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.86/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 245, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUELLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." Por lo que, deberá acompañar al escrito con el que cumpla la prevención que en este auto se le hace, las copias simples y suficientes para cada una de las partes. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio; y en su caso, entregue los oficios derivados del mismo. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Lago Tanganica, 390, segunda sección, Fraccionamiento Jardines del Lago de esta ciudad; por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las licenciadas MARTHA BEATRIZ AVALOS VALENZUELA y BLANCA ESPERANZA BARRAZA ZAMUDIO; y únicamente para oír y recibir notificaciones al diverso profesionista Mario Antonio Hurtado De Mendoza Batiz, dado que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, en apego al TRANSITORIO SEGUNDO, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, sin perjuicio de que, conforme al artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, será la unidad administrativa correspondiente la que en su momento determine lo conducente.
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