Adriana Oliva Rubín de Celis
Expediente 701/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Adriana Oliva Rubín de Celis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual se acusa recibo del oficio 13729/2022 del índice de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Mediante oficio que al efecto se gire, devuélvansele a autoridad responsable las constancias remitidas. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo, el cual fue registrado con el expediente 261/2022. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Noveno Circuito, al que acompaña la determinación emitida en el juicio de amparo directo civil 298/2022, promovido por Adriana Oliva Rubín de Celis y Leopoldo Córdova Oliva, el oficio 692/2022 signado por el Presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia el Estado, mediante el cual rinde su informe justificado y acompaña original con certificación y copia de la demanda de amparo; así como el expediente 421/2020 y el toca de apelación 177-2022 unidos en un solo tomo, así como la constancia de emplazamiento a la tercero interesada; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 701/2022-VI, y fórmese el expediente de amparo respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, examinada la demanda de amparo y anexos, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma, en atención a las consideraciones siguientes: En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda y de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación 177/2022, mediante el cual se revocó la sentencia de catorce de diciembre del veintiuno, dictada dentro del juicio extraordinario civil 421/2020. Pues bien, la suscrita considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Luego, como el acto aquí reclamado, es la resolución de veinticinco de marzo de dos veintidós, dentro del toca 177/2022, mediante la cual modificó la diversa de catorce de diciembre del año en veintiuno, dictada en el juicio de origen, a fin de que se reponga el procedimiento a efecto de que prevenga a los demandantes -aquí quejosos-, para que aclaren, corrijan y completen su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación de demanda, de ello se evidencia que dicha determinación no es un acto de ejecución irreparable, pues sólo surte efectos procesales, pero no afecta derechos sustantivos, de ahí la improcedencia del juicio de amparo. Debido a que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 107, antes mencionado, el juicio de amparo bi-instancial será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir este, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en el caso, ya que si la parte quejosa obtiene sentencia definitiva favorable a sus intereses, esa violación desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, la misma, es susceptible de impugnarse y ser reparada en el amparo directo, que haga valer al momento de resolverse el juicio de origen. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Como corolario a lo anterior, se insiste en que el acto reclamado únicamente insta la relación procesal que deberán continuar los aquí quejosos en su carácter de demandantes, pero no trastoca derechos como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso, no es de imposible reparación, y por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el domicilio precisado en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese; y personalmente a los promoventes.
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