Adriana Odilia Pérez Morales

Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
582/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Adriana Odilia Pérez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de junio dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado el día veintitrés de junio siguiente a este Juzgado Federal, Adriana Odilia Pérez Morales promovió juicio de amparo contra actos de los 1. Integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; emplazar a los terceros interesados 1. Grupo Universitario de Puebla, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, 2. Marisela Morales Lerín, 3. Rogelio Alfonso Aguilar Alcázar y 4. Renato Pascual Ramírez, y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 18); se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 17) y a los terceros interesados 1. Grupo Universitario de Puebla, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, 2. Marisela Morales Lerín, 3. Rogelio Alfonso Aguilar Alcázar y 4. Renato Pascual Ramírez (fojas 26, 27, 28 y 29); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio a los 1. Integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, lo constituye: "La omisión de iniciar de manera pronta y expedita el procedimiento de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral número 789/IX/2012 del índice de la H. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio ampliamente conocido en calle Tiburón 184, colonia Costa de Oro, C.P. 94299 en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo directo de trabajo 407/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo, con residencia en Xalapa, Ver; a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo". Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. La autoridad responsable 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, si bien negó la existencia del acto que se le reclama, tal como se aprecia de su informe justificado (foja 18) de sus manifestaciones y las constancias remitidas en complemento se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que el veintisiete de junio del presente año, dentro del juicio laboral 789/IX/2012, se requirió a la moral aquí tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., el pago a Adriana Odilia Pérez Morales, parte quejosa, la cantidad de $5,132.52 (cinco mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.), de conformidad con el resolutivo tercero del laudo de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, esto es, el citado requerimiento fue realizado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. De ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, pues de éstas se advierte el acto reclamado en el presente juicio. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas del juicio laboral 789/IX/2012, del índice de la Junta responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- El veinte de agosto de dos mil doce, la aquí quejosa Adriana Odilia Pérez Morales presentó demanda ante la Junta responsable contra 1. Grupo Universitario de Puebla, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, 2. Marisela Morales Lerín, 3. Rogelio Alfonso Aguilar Alcázar y 4. Renato Pascual Ramírez, radicándose bajo juicio laboral 789/IX/2012. b).- El siete de febrero de dos mil veinte, la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dictó laudo en cumplimiento a la sentencia dictada en los autos del Juicio de Amparo Directo 407/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. c).- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa Adriana Odilia Pérez Morales, promovió mediante escrito la solicitud del inicio del procedimiento de ejecución del laudo. d).- Por auto de veintisiete de junio del presente año, dentro del juicio laboral 789/IX/2012, se requirió a la moral aquí tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., el pago a Adriana Odilia Pérez Morales, parte quejosa, la cantidad de $5,132.52 (cinco mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.), de conformidad con el resolutivo tercero del laudo de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (foja 19). e).- El día once de julio de dos mil veintidós, compareció ante la Junta responsable, la quejosa Adriana Odilia Pérez Morales, así como el Licenciado Mario Pérez Rodríguez, apoderado legal de la moral tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., celebrando un convenio de modalidad de pago de laudo conforme a lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, ordenando el archivo del expediente laboral 789/IX/2012, como asunto totalmente y definitivamente concluido (foja 56 y 57). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues mediante proveído de veintisiete de junio del presente año, en el juicio laboral 789/IX/2012, se requirió a la moral aquí tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., el pago a la parte quejosa, por la cantidad de $5,132.52 (cinco mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.) de conformidad con el resolutivo tercero del laudo de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y posteriormente, el once de julio de dos mil veintidós, comparecieron ante la Junta responsable, la quejosa Adriana Odilia Pérez Morales, así como el apoderado legal de la moral tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., en el que celebraron un convenio de modalidad de pago de laudo conforme a lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, ordenando el archivo del expediente laboral 789/IX/2012, como asunto totalmente concluido. Por tanto, la omisión quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adriana Odilia Pérez Morales, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a los 1. Integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica en esta fecha y por este conducto a Marisela Morales Lerin, parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "...R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de junio dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado el día veintitrés de junio siguiente a este Juzgado Federal, Adriana Odilia Pérez Morales promovió juicio de amparo contra actos de los 1. Integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; emplazar a los terceros interesados 1. Grupo Universitario de Puebla, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, 2. Marisela Morales Lerín, 3. Rogelio Alfonso Aguilar Alcázar y 4. Renato Pascual Ramírez, y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 18); se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 17) y a los terceros interesados 1. Grupo Universitario de Puebla, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, 2. Marisela Morales Lerín, 3. Rogelio Alfonso Aguilar Alcázar y 4. Renato Pascual Ramírez (fojas 26, 27, 28 y 29); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio a los 1. Integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, lo constituye: "La omisión de iniciar de manera pronta y expedita el procedimiento de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral número 789/IX/2012 del índice de la H. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio ampliamente conocido en calle Tiburón 184, colonia Costa de Oro, C.P. 94299 en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo directo de trabajo 407/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo, con residencia en Xalapa, Ver; a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo". Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. La autoridad responsable 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, si bien negó la existencia del acto que se le reclama, tal como se aprecia de su informe justificado (foja 18) de sus manifestaciones y las constancias remitidas en complemento se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que el veintisiete de junio del presente año, dentro del juicio laboral 789/IX/2012, se requirió a la moral aquí tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., el pago a Adriana Odilia Pérez Morales, parte quejosa, la cantidad de $5,132.52 (cinco mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.), de conformidad con el resolutivo tercero del laudo de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, esto es, el citado requerimiento fue realizado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. De ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, pues de éstas se advierte el acto reclamado en el presente juicio. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas del juicio laboral 789/IX/2012, del índice de la Junta responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- El veinte de agosto de dos mil doce, la aquí quejosa Adriana Odilia Pérez Morales presentó demanda ante la Junta responsable contra 1. Grupo Universitario de Puebla, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, 2. Marisela Morales Lerín, 3. Rogelio Alfonso Aguilar Alcázar y 4. Renato Pascual Ramírez, radicándose bajo juicio laboral 789/IX/2012. b).- El siete de febrero de dos mil veinte, la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dictó laudo en cumplimiento a la sentencia dictada en los autos del Juicio de Amparo Directo 407/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. c).- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa Adriana Odilia Pérez Morales, promovió mediante escrito la solicitud del inicio del procedimiento de ejecución del laudo. d).- Por auto de veintisiete de junio del presente año, dentro del juicio laboral 789/IX/2012, se requirió a la moral aquí tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., el pago a Adriana Odilia Pérez Morales, parte quejosa, la cantidad de $5,132.52 (cinco mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.), de conformidad con el resolutivo tercero del laudo de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (foja 19). e).- El día once de julio de dos mil veintidós, compareció ante la Junta responsable, la quejosa Adriana Odilia Pérez Morales, así como el Licenciado Mario Pérez Rodríguez, apoderado legal de la moral tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., celebrando un convenio de modalidad de pago de laudo conforme a lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, ordenando el archivo del expediente laboral 789/IX/2012, como asunto totalmente y definitivamente concluido (foja 56 y 57). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues mediante proveído de veintisiete de junio del presente año, en el juicio laboral 789/IX/2012, se requirió a la moral aquí tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., el pago a la parte quejosa, por la cantidad de $5,132.52 (cinco mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.) de conformidad con el resolutivo tercero del laudo de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y posteriormente, el once de julio de dos mil veintidós, comparecieron ante la Junta responsable, la quejosa Adriana Odilia Pérez Morales, así como el apoderado legal de la moral tercero interesada Grupo Universitario de Puebla A.C., en el que celebraron un convenio de modalidad de pago de laudo conforme a lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, ordenando el archivo del expediente laboral 789/IX/2012, como asunto totalmente concluido. Por tanto, la omisión quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adriana Odilia Pérez Morales, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a los 1. Integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica en esta fecha y por este conducto a Marisela Morales Lerin, parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos..."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada del convenio de fecha once de los presentes, celebrado entre las partes del juicio laboral 789/IX/2012 de su índice. Ahora, con dicha constancia, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano