Adriana Nuncio Ozuna
Expediente 84/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adriana Nuncio Ozuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 84/2019-IV, promovido por ADRIANA NUNCIO OZUNA, constante de setenta y cinco fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el seis de mayo de dos mil diecinueve, en la que determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y dos anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe. SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 84/2019, auxiliar 211/2019, promovido por ADRIANA NUNCIO OZUNA, por su propio derecho y como única y universal heredera de Arturo Ocampo Hernández, y como albacea ejecutora; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, ADRIANA NUNCIO OZUNA, por su propio derecho y como única y universal heredera de Arturo Ocampo Hernández, y como albacea ejecutora demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Autoridad Ordenadora.- Magistrados integrantes de la tercera Sala del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, María Idalia Franco Zavaleta en su carácter de presidenta de la Sala, Miguel Ángel Falcón Vega integrante y Carlos Iván Arenas Ángeles integrante y ponente,. Autoridad Ejecutora.- Lic. Paola Daniela vera silva, en su carácter de actuaria adscrita a la Tercera Sala del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, . IV.- ACTO RECLAMADO.- La Resolución de fecha cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, fue dictada dentro los autos del toca civil con número 695/2018-17-12, formado con el motivo del recurso de apelación, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha ocho del mes de junio del año dos mil dieciocho, la cual declara improcedente el incidente de remoción de albacea, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera instancia del primer distrito judicial del Estado de Morelos, dentro de los autos de la sucesión intestamentaria a bienes de Balbina Ocampo Hernández con número de expediente 428/1997 actualmente ante su tercera secretaria, resolución que se deja de apreciar las hipótesis y obligaciones de los albacea dentro y fuera de juicio, así como también se vulnera de manera grave los derechos de los herederos reconocidos en la sucesión antes comentada. En su escrito de demanda la quejosa señaló como violadas en su perjuicio, las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. Segundo.- Por razón de turno, la demanda se recibió el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, y previo requerimiento para aclararla, se admitió a trámite el día ocho de febrero siguiente; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito; y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario oficial de la federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- No son ciertos los actos reclamados de la actuaria adscrita a la tercera Sala del primer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (foja 42), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, y tal negativa no fue desvirtuada por la quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de dicha autoridad y actos. Es aplicable al tema, la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro electrónico 917818, publicada en la página 236, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO.- Es cierto el acto reclamado de los Magistrados integrantes de la tercera Sala del primer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (foja 56), pues así se advierte en su informe justificado. CUARTO.- En esencia, la quejosa manifiesta que es ilegal la resolución reclamada de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que la Sala responsable deja de apreciar las hipótesis y obligaciones del albacea dentro y fuera del juicio. Aduce, que la Sala responsable ha sido omisa en analizar y estudiar los agravios expuestos por ella, pues estos eran fundados y suficientes para ordenar la remoción del albacea Domingo Joel García Ocampo. Agrega, que la resolución reclamada resulta incongruente e imprecisa, pues está acreditado que el albacea Domingo Joel García Ocampo, ha incumplido con sus obligaciones al cargo, a pesar de que se le ha requerido en diversas ocasiones la formación de la tercera y cuarta sección, así como la rendición de cuentas e incluso la distribución de los frutos de los inmuebles que éstos generan, lo cual, vulnera sus derechos humanos. Manifiesta, que en la resolución reclamada benefician los intereses de Domingo Joel García Ocampo, pues pretenden que la sucesión de donde emana el acto reclamado quede en su totalidad paralizada. Ahora bien, del análisis de las constancias de autos, documentos públicos de valor probatorio pleno en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia; se advierte que la quejosa reclama la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil 695/2018-17-12, por la tercera Sala del primer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado promovido por la quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de remoción de albacea, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Balbina Ocampo Hernández. Para mayor claridad, en lo que interesa, la Sala responsable en la resolución reclamada confirmó la resolución interlocutoria recurrida bajo las siguientes consideraciones: ". V. Son inoperantes por insuficientes los agravios que hace valer la recurrente. Acontece así, porque toda resolución judicial, una vez firmada, tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado con conocimiento de causa del Juez o Magistrado que la debe dictar, según la forma prescrita por la Ley y por órgano competente; de ahí que, atendiendo que el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia revoque, modifique o confirme la resolución dictada en primera instancia, a la luz de los agravios que deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución impugnada que el apelante considere le lesionen; los conceptos por los que a su juicio se hayan cometido; y las leyes, interpretación jurídica o principios genérales de Derecho que estime han sido violados, o por inexacta aplicación o falta de aplicación; esto es, la apelación es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la sentencia dictada en el juicio natural, por lo que, es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada. En la especie, como señala la apelante, el fallo recurrido en el considerando "III" basalmente refiere el marco jurídico que el Código Sustantivo y Adjetivo en materia Familiar, establece en cuanto a la figura del Albacea, respectivamente, de lo cuáles debe destacarse, en obvio de repeticiones innecesarias; Obligaciones del Albacea General, Causas de Terminación de los Cargos de Albaceas e Interventor, Requisitos para la Remoción del Cargo de Albacea o Interventor, Formación de Cuatro Secciones, Tiempo para exhibir Inventario y, Administración del Albacea Judicial; y enseguida dice que la remoción solicitada deriva de la circunstancia fáctica que los cuatro inmuebles reconocidos como parte del acervo hereditario generan activos, sin embargo, el albacea cuyo remoción se pretende ha sido omiso en formular la tercera y cuarta sección. Así, la juzgadora se remitió a las constancias de autos y advierte: Que mediante escrito de cuenta 446, DOMINGO JOEL GARCÍA OCAMPO, como coheredero y coalbacea manifestó su conformidad con los avalúos de los bienes del acervo hereditario; que en interlocutoria del veintiséis de mayo de dos mil catorce, se reconocieron los inmuebles parte del caudal hereditario, así como la deuda que conforma el pasivo; que el veintinueve de agosto de dos mil catorce ARTURO OCAMPO HERNÁNDEZ, hoy finado, entonces coheredero y coalbacea promovió la Tercera y Cuarta Sección, denominada Administración, Liquidación y Partición, la cual, fue declarada improcedente en resolución del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, habida cuenta que se advirtió una diferencia en la partición a favor de ARTURO OCAMPO HERNÁNDEZ; y por último, que a la fecha en que se emitó la interlocutoria de marras, se encuentra pendiente las resoluciones de la Rendición de Cuentas, ordenadas en autos del tres de diciembre de dos mil catorce, septiembre, noviembre y diciembre de dos mil trece, enero a agosto de dos mil catorce, y septiembre de dos mil catorce a la fecha del dos mil dieciocho; así como, está pendiente la rendición de cuentas de la apoderada ADRIAN NUNCIO OZUNA de ARTURO OCAMPO HERNÁNDEZ, hoy finado, del mes de mayo de dos mil quince a la presente fecha del dos mil dieciocho. Bajo ese contexto, la juez natural, declara improcedente la remoción del albacea DOMINGO JOEL GARCÍA OCAMPO, por no demostrar que haya incurrido en los supuestos que marcan los preceptos 795 y 802 del Código Familiar y ordinales 731 y 736 del Código Procesal Familiar, al tomar en consideración, además, que el requisito de procedibilidad del incidente que las cuentas del albacea no sean aprobadas. Consideraciones que no fueron destruidas por la inconforme, cuenta habida que como se colige de los agravios, la apelante se limita a decir que carece de equidad de partes, certeza y seguridad jurídica, porque supuestamente la A quo no advirtió de constancias de autos la actitud dolosa y el incumplimiento de las obligaciones en que ha incurrido como albacea DOMINGO JOEL GARCÍA OCAMPO, así como, que la juzgadora de origen, en el considerando tercero citó los artículos que rigen el encargo de albacea, mismo que a decir de la inconforme, aplicó indebidamente la Juez de origen, porque los interpreta a beneficio de aquél, al no analizar los hechos en que basa la petición de remoción, y al pasar por alto la omisión de rendir cuentas dentro de los términos señalados, la distribución de los productos y el proyecto de partición, que trae como consecuencia la apertura de la tercera y cuarta sección; esto es, realiza señalamientos generales que no controvierten de manera eficaz y jurídica el contenido de la sentencia, y por ende no constituyen propiamente un agravio, pues como se dijo en párrafos anteriores, los agravios deberán contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución impugnada que el apelante considere le lesionen; los conceptos por los que a su juicio se hayan cometido; y, las leyes, interpretación jurídica o principios generales de Derecho que estime han sido violados, o por inexacta aplicación o falta de aplicación. Acontece lo mismo, cuando alega que la juez intepreta el marco jurídico que cito en la sentencia, en favor del albacea, pues se traduce en una manifestación general y dogmática sin sustento alguno, al no explicar el porqué de sus aseveraciones. En efecto, un agravio no consiste en realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues corresponde a la apelante exponer, razonadamente, por qué estima que la Juez benéfica al albacea cuya remoción pide; esto es, debe exponer los motivos de inconformidad, que contenga un verdadero razonamiento, que se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la infracción que aduce), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento)." Continua siendo inoperante, cuando arguye que la resolución es incongruente e imprecisa porque la A quo no consideró los hechos que argumentó en escrito de incidente de remoción de albacea y con los cuales, dice acreditó las omisiones del Albacea cuya remoción pide; toda vez que, al igual que los anteriores argumentos, no detalla a qué hechos se refiere, incluso, no pasa desapercibido para esta Alzada, que de la lectura que se hace al escrito del Incidente de Remoción de Albacea, por igual, indica que de constancias de autos se comprueba las omisiones del albacea, pero tampoco, especifica detalladamente a qué actuaciones se refiere. Por cuanto a que, la ahora recurrente solicitó a la juez que requiera a DOMINGO JOEL GARCÍA OCAMPO, para que diera cumplimiento a lo previsto por los numerales 746 y 747 del Código Procesal Familiar, toda vez que dicho albacea ha sido omiso en formular la tercera y cuarta sección, así como también la rendición de cuentas y proyecto provisional de distribución de productos de bienes hereditarios, para lo cual, sostiene que la juez emitió el acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, y requiere al albacea, mismo que le fue debidamente notificado el veintisiete del mes y año citados, sin embargo, no atendió tal requerimiento. Manifestaciones que de igual forma, son inoperantes por insuficientes, porque aun en el supuesto sin conceder de que sean ciertas tales aseveraciones, mayor cierto es que, no logran destruir el punto toral de la sentencia interlocutoria, que de por si es suficiente para confirmar el sentido, y que consiste en que a la fecha de su emisión, se encuentran pendientes las resoluciones correspondientes a la Rendición de Cuentas ordenadas en autos del tres de diciembre de dos mil catorce, septiembre, noviembre y diciembre de dos mil trece, enero a agosto de dos mil catorce, y septiembre de dos mil catorce a la fecha del dos mil dieciocho; asi como, está pendiente la rendición de cuentas de la apoderada ADRIANA NUNCIO OZUNA de ARTURO OCAMPO HERNANDEZ, hoy finado, del mes de mayo de dos mil quince a la presente fecha del dos mil dieciocho. Y menos aún, es que las cuentas de albacea no sean aprobadas. Es así, porque insiste la inconforme que el albacea DOMINGO JOEL GARCIA OCAMPO, incumple con el deber encomendado al no formular la Tercera y Cuarta Sección, dentro de las cuales, en términos de las fracciones III y IV del artículo 701 del Código Procesal Familiar en vigor, contienen lo relativo a la administración, cuentas, su glosa y clasificación, asi como el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios y de partición, entre otros puntos; de cuya interpretación se obtiene que previo a la distribución, deben ser aprobadas las rendiciones de cuentas, lo cual, como sostuvo la juez, en la especie no ha acontecido, sin que se advierta de autos lo contrario y menos aún que la recurrente comprobara que ya fueron aprobadas dichas cuentas. Luego, si no han sido aprobadas las cuentas, jurídicamente no es factible exigir que se formule y agote la sección cuarta de partición y liquidación; por tanto, como sostuvo la juzgadora natural, la ahora apelante no comprobó que el albacea DOMINGO JOEL GARCIA OCAMPO, ha incurrido en los supuestos de remoción de albacea. En lo que toca al segundo agravio, en la parte que reitera lo señalado en el agravio primero, como ya se dijo es inoperante por las razones anotadas, mismas que se tienen por reproducidas como si se insertaren a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias. Respecto a que lo resuelto por la juez contrapone las actuaciones del juicio, pues aduce que de éstas se desprenden elementos suficientes para declarar procedente la remoción de albacea, como son, que cobra las rentas y se limita a exhibir documentos privados, aunado que no tiene autorización de los diversos herederos para arrendar, también son inoperantes, porque se apartan de la litis, cuenta habida que la materia de la segunda instancia, se ciñe al estudio integral del fallo combatido, en vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes, que indefectiblemente deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico jurídicos contenidos en la sentencia que se recurre y no pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su materia; de ahí que a través de ellos no sea factible introducir aspectos que se apartan de la materia, como sucede con los agravios que expone la apelante al referirse a la forma en que rinde cuentas el Albacea JOEL DOMINGO GARCIA OCAMPO, o si este tiene o no autorización para arrendar los inmuebles del acervo hereditario; circunstancias fácticas que aun en el supuesto sin conceder que resultasen ciertas, no son objeto de la Litis, sino en dado caso de estudio de aprobación de rendición de cuentas. De ahí que, esta Alzada se encuentra impedida para analizar lo expuesto, sostener lo contrario, implicaría alterar la litis." Ahora bien, de una confrontación entre lo aducido en los conceptos de violación y las citadas consideraciones, se desprende que la quejosa se limita a manifestar que la resolución reclamada vulnera sus derechos humanos, pues dejó de apreciar las hipótesis y obligaciones del albacea dentro y fuera del juicio; y que está acreditado que el albacea Domingo Joel García Ocampo, ha incumplido con sus obligaciones al cargo, a pesar de que se la ha requerido en diversas ocasiones la formación de la tercera y cuarta sección, así como la rendición de cuentas, y por tanto, la resolución reclamada beneficia los intereses de Domingo Joel García Ocampo, pues pretende que la sucesión de donde emana el acto reclamado quede en su totalidad paralizada; Empero, la quejosa fue omisa en atacar el argumento toral de la Sala responsable para confirmar la resolución recurrida, a saber, que sus agravios son inoperantes porque no controvierten de manera eficaz y jurídica el contenido de la sentencia recurrida, deficiencia que constituye un obstáculo para analizar la resolución recurrida; consideraciones en contra de las cuales no manifestó algún razonamiento lógico jurídico tendente a desvirtuarlas; de ahí que, los conceptos de violación resulten inoperantes. Por otra parte, aduce, que la Sala responsable ha sido omisa en analizar y estudiar los agravios expuestos por ella, pues estos eran fundados y suficientes para ordenar la remoción del albacea Domingo Joel García Ocampo; sin embargo, no especifica que agravios dejó de analizar, de ahí que, resulte inoperante su concepto de violación. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, visible en la página 1138, tomo XXI, abril de dos mil cinco, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Así, al resultar inoperantes los conceptos de violación, debe negarse el amparo a la quejosa. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ADRIANA NUNCIO OZUNA, por los actos y autoridades señalados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy seis de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Erika Alejandra Chavarría Suárez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente concierne y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito del tercero interesado Domingo Joel García Ocampo, como albacea y único heredero de la sucesión Intestamentaria a bienes de Balbina Ocampo Hernández, mediante el cual designa autorizados así como domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, realiza alegaciones. En orden de ideas, considerando que el doce de marzo actual se tuvo al aludido tercero interesado apersonado en el presente asunto, por tanto, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Río Missisipi, número 198, colonia Ampliación Adolfo López Mateos, Cuernavaca, Morelos, código postal 62076, asimismo, téngase por autorizados para los efectos que apunta a las personas propuestas. Ahora, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, las cuales se harán relación en la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de la materia, asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Luego, concerniente a la petición consistente en que se exija a la quejosa manifieste diversos aspectos relacionados con su escrito de demanda y en su caso, se le aplique un medio de apremio como arresto corporal, infórmesele que no ha lugar a proveer de conformidad, ya que tal supuesto no se encuentra regulado en la Ley de Amparo, y tampoco dicha medida de apremio de conformidad en los artículos 236 y 237 de la ley mencionada. De igual forma, respecto a la solicitud que se dé vista al agente del Ministerio Público adscrito, por los motivos expuestos, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que este juzgado federal está obligado a dar vista al citado agente, cuando se desprenda de los presentes autos la posible comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 238 de la citada Ley; siendo que los motivos por los cuales realiza dicha petición dependerá, en su caso, de lo resuelto en el fondo del asunto. No obstante, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la notificación personal realizada por el Actuario adscrito, se advierte que ********************, COMO ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A ********************, tercero interesado en el presente juicio de amparo, se da por enterado de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y se reserva el derecho de señalar domicilio procesal. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado a la presente contienda constitucional y reconocida la personalidad de tercero interesado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I y II, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En ese orden de ideas y considerando la reserva de ocho de febrero pasado, por la que se reservó proveer en relación a la parte tercera interesada en el presente asunto, hasta la recepción del informe justificado rendido por la Sala responsable; en virtud de que ya aconteció ello se provee: Conforme el artículo 5 inciso b de la Ley de Amparo, adviértase que le asiste el carácter de parte tercera interesada a DOMINGO JOEL GARCÍA OCAMPO como albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de BALVINA OCAMPO HERNÁNDEZ. En consecuencia, se instruye al Actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Río Missisipi, número 198, colonia Ampliación Adolfo López Mateos, Cuernavaca, Morelos, y lo emplace corriéndole traslado con el contenido íntegro del presente proveído, con copia simple del escrito inicial de demanda y auto admisorio, haciéndole de su conocimiento el día y hora señalados para el desahogo de la audiencia constitucional, y le requiera para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que ese surta efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se le practicarán por lista, en términos del artículo 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que realicen la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esa Ley. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para el cumplimiento de dicho emplazamiento. Asimismo, se le informa al Actuario de la adscripción que practique esa diligencia, que previo a la realización del emplazamiento del citado tercero interesado, deberá asentar pormenorizadamente todos los elementos que tome en consideración para corroborar la identidad de dicha persona, así como asentar cada uno de los datos que sirvan de base para su cercioramiento, a efecto de evitar el emplazamiento de algún homónimo, y cumplir con esa formalidad esencial del procedimiento. Para dar tiempo a la vista anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve, y en su lugar se establecen las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. AVMM
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